México, D.F. 21 de septiembre de 2015. El pasado 15 de septiembre, la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), encabezada por Fray José Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, ante el incumplimiento del Estado Mexicano de su deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos en contra del entonces diputado Armando Chavarría Barrera, quien fue ejecutado extrajudicialmente el 20 de agosto de 2009, solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la admisión del caso.
El día 21 de septiembre de 2015, se realizó en el Centro de Comunicación Social (Cencos) una rueda de prensa para dar a conocer esta promoción y que el próximo 28 de septiembre una comisión de la RSDCIAC encabezada por el Obispo Vera López, se reunirá en Ginebra, Suiza, con el equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, para entregar la documentación de este caso y de los casos de El Charco y de Arturo Hernández Cardona, en los cuales el Estado Mexicano también ha incumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, violentando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación y reconciliación.
La siguiente es la intervención de la señora Martha Idalia Obezo Vda. de Chavarría en dicha Rueda de Prensa:
“Muy buenos días, agradezco la presencia de los representantes de los medios de comunicación, a quienes expreso mi amplio reconocimiento y solidaridad, por el altísimo riesgo que implica ejercer su profesión.
Saludo con mucho aprecio y respeto a Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo,
A los Licenciados Ernesto Rodríguez Cabrera y Elena López Hernández,
Destacados integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. Son ustedes un referente indispensable que nos acompaña y alienta a los agraviados y olvidados por la justicia.
Es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, los altísimos niveles de impunidad que existen en el Estado de Guerrero.
Son incontables los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales, dirigentes políticos, periodistas y defensores del medio ambiente. Así como el encarcelamiento injusto de líderes comunitarios a quienes fabrican delitos por luchar por el bienestar de su pueblo.
De 1960 a la fecha, han ocurrido no menos de un millar de asesinatos políticos debidamente documentados. En los últimos veinte años, dos matanzas: Aguas Blancas y El Charco, y en seis días se cumplirá un año del abominable ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Esta atrocidad, que generó la indignación internacional, es el resultado de largas décadas de impunidad, sintetiza la descomposición del estado mexicano y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos de todos los niveles de gobierno.
El movimiento heroico de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa representa la reserva moral y la lucha de la sociedad guerrerense contra la impunidad.
Esta misma impunidad ha estado presente en el asesinato de mi esposo, el diputado Armando Chavarría Barrera, ejecutado extrajudicialmente hace seis años y un mes. Su crimen ha pasado a ser un número más en las estadísticas, pues a diario ocurren asesinatos en toda la geografía guerrerense, que no son investigados ni castigados conforme a la ley, pues el gobierno los atribuye sin más al crimen organizado y de esa manera pretenden que nos conformemos a ver al Estado convertido en un gran cementerio.
Pero lo que vuelve emblemático el asesinato de Armando Chavarría Barrera, es que era diputado presidente de la Comisión de Gobierno a la LIX Legislatura del Congreso de Guerrero, es decir, cabeza de uno de los tres poderes que conforman el estado.
Era también, el aspirante más fuerte por el Partido de la Revolución Democrática a la candidatura al gobierno del Estado, para las elecciones del año 2011. La ejecución extrajudicial del diputado Armando Chavarría ocurrió la mañana del 20 de agosto del año 2009, precisamente siete días antes de su cumpleaños número 53, fecha que había elegido para anunciar sus aspiraciones políticas.
Poderosos intereses decidieron eliminarlo y por eso fue asesinado a balazos en la puerta de nuestra casa, su cuerpo quedó dentro del automóvil, con el tiro de gracia en la frente.
Desde las primeras diligencias a cargo del fiscal para delitos graves, Jesús Miranda Rodríguez, quedó evidenciada la indolencia y el absoluto desaseo, al permitir el libre tránsito a cientos de personas que alteraron gravemente la escena del crimen, como para asegurar desde ahí la impunidad e inmunidad a sus asesinos.
Pese a la prominencia del asesinato, ninguna autoridad de rango superior se hizo presente, tampoco en los días posteriores, el entonces procurador de justicia del Estado Eduardo Murueta Urrutia tuvo que renunciar al cargo presionado por la indignación y el clamor popular sin haber hecho nada por esclarecer el crimen.
Nuestro reclamo de justicia tuvo como respuesta una feroz embestida gubernamental, el desprestigio postmortem de mi esposo y la persecución de amigos y familiares, incluyendo a mis hijos y a mí. El manejo del caso y estas maniobras, fueron ampliamente reseñados por los medios de comunicación, así como las declaraciones de quien era gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo.
A lo largo de estos seis años nos hemos enfrentado a la indiferencia institucional, tal parece que esperan que el polvo del olvido termine sellando la impunidad. Hoy, refrendo mi compromiso de luchar por la verdad histórica y la justicia, no sólo por mí y por mis hijos, sino por toda la sociedad lastimada y agraviada por la impunidad.
Ha transitado en el cargo tres gobernadores y siete procuradores, incluido el actual fiscal del Estado y no hay avances del caso, pese a que existen señalamientos claros sobre la autoría de los asesinos intelectuales y materiales.
Existe un expediente sesgado, trasegado, mutilado y una investigación que ha sido deliberadamente frenada para impedir que los autores del magnicidio del presidente del Congreso de Guerrero sean juzgados.
Hasta el día de hoy, no se conocen avances de la investigación y no hay un solo detenido. Estamos ante un claro ejemplo de denegación de justicia, por lo que hemos resuelto iniciar un litigio internacional.
Hemos depositado nuestra confianza en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, para que nos represente en la búsqueda de la verdad y la justicia para Armando Chavarría Barrera.
Gracias al acompañamiento y solidaridad de su presidente, Fray José Raúl Vera López, el caso será presentado ante instancias internacionales.
El 28 de septiembre Don Raúl Vera, se reunirá en Ginebra con el Equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, donde entregara insumos de este caso, asimismo realizará entrevistas con Organizaciones de Derechos Humanos en Francia, así como con parlamentarios de ese país y expondrá entre otros casos, el asesinato del presidente del Congreso de Guerrero y la omisión de justicia del estado mexicano.
Celebro que se interpusiera el pasado 15 de septiembre la Petición de Admisión de Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
La ruta está trazada, sólo buscamos Justicia, un bien público, hoy en día en extinción en el Estado de Guerrero.
Justicia, un clamor generalizado de una sociedad que aunque abandonada a su suerte, se niega a perder la esperanza.
Muchas gracias.
Martha Idalia Obezo Vda. de Chavarría
Conferencia de Prensa en las Oficinas de CENCOS.”