*** Municipales, estatales, ministeriales, PF y Ejército actuaron coordinados durante la desaparición de los 43
*** El 26 de septiembre se registró una brutal persecución y ejecuciones extrajudiciales en un lapso de 3 horas, y todas las corporaciones castrenses y policiacas estuvieron enteradas
*** Supieron también desde que los estudiantes estaban en Chilpancingo, que eran normalistas de Ayotzinapa y no venían armados
*** Con sustentos científicos, prueba el GIEI que los 43 no fueron incinerados en Cocula, y pide investigar la posible utilización de crematorios oficiales, privados o de gobierno
Jonathan Cuevas
Reportero/API
Chilpancingo, Gro., a 6 de sept. del 2015 (Síntesis de Guerrero).- La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, evidencia una coordinación entre policías municipales de Iguala y Cocula, policías estatales, ministeriales y federales, así como del propio Ejército Mexicano.
Además, indica mediante pruebas científicas que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como está plasmado en el expediente oficial de la Procuraduría de la República. Entre otras cosas, revela un nuevo posible móvil, que parte de la utilización de autobuses que van de Iguala a Chicago, para el traslado de estupefacientes.
En su informe final, el GIEI aclara que la noche del 26 de septiembre, hubo un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes y muchos de éstos, menores de edad. Entre las víctimas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente.
Al menos existen 700 familiares directos de éstas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto, del dolor, del miedo y del trato recibido en todos estos meses.
También advierten de un alto nivel de agresión sufrida por parte de los estudiantes de Ayotzinapa. “Es una agresión indiscriminada a un número muy alto de personas y un aumento de la agresión. Los hechos empiezan con disparos al aire que progresivamente se convirtieron en disparos directos. Es una dimensión incremente de la agresión, un ataque que todos vimos como desproporcional y sin sentido”.
Se aclara que los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político y no atacaron a la población.
“Aún existe un enorme miedo para investigar este caso. También para nosotros ha sido difícil porque existe un enorme miedo en la zona, y los numerosos testigos nos han hablado a veces de forma muy cuidadosa, muy privada y tras sucesivos contactos para generar la confianza que hiciera posible romper el silencio que genera el terror”, dijo uno de los miembros del GIEI.
Explica que hubo al menos 9 escenarios donde se dan ataques directos con armas de fuego: la calle Juan N. Álvarez esquina con Periférico Norte, la calle Galeana a la salida, el puente de salida a Chilpancingo frente al Palacio de Justicia, ahí, cien metros antes fue atacado otro bus; el crucero de Santa Teresa, ese mismo lugar tuvo un segundo ataque y la carretera del periférico junto a la colonia 24 de Febrero.
También resalta que hay un aspecto central es el tiempo en el ataque. “No hay un tiempo puntual, es decir, hay un lapso de tiempo de al menos 3 horas en que se dan los ataques, atentando contra la vida de las personas”.
En Iguala, indica, había formas de coordinar la información entre las autoridades municipales, estatales y federales. “Las distintas autoridades tenían el sistema del C-4 que muestra coordinación para emergencias. Ese C-4 donde participan las diversas fuerzas de seguridad, municipal, estatal y federal, estuvo operando esa noche y las comunicaciones eran escuchadas por esas diferentes fuerzas”.
También evidenciaron otro punto que tiene que ver con la presencia de agentes del Estado durante esa noche. “Hay un escenario de vigilancia porque los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Estatal, Federal y del Ejército que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa, no había confusión de quiénes eran y qué estaban haciendo en ese momento”.
El informe presentado expone que hay una presencia de agentes estatales y federales en el momento de los ataques, y ésta es una documentación que está en el expediente de la propia PGR, que señala que además de los agresores directos que fueron policías municipales de Iguala y Cocula, hubo agentes que observaron lo que pasaba en los diferentes momentos, a veces en tiempos cortos y a veces largos, en diferentes escenarios.
“Hubo presencia entonces durante los hechos, de agentes del Ejército, de la Policía Federal y del Ejército, esa presencia está registrada en documentos dentro del expediente oficial, eso lo hemos revisado”.
También dijeron que hubo una presencia después, especialmente de varias patrullas del Ejército en el escenario de Los Avispones (crucero de Santa Teresa), en Juan N. Álvarez esquina con periférico y el hospital Cristina (también en Juan N. Álvarez).
Esto significa que el Ejército realizó tareas de resguardo, vigilancia e investigación. Hubo durante aquella noche, una visita de una patrulla con miembros del 27 batallón de Infantería, después de los ataques y detención-desaparición de los normalistas, a las instalaciones de Barandillas. Esto, está registrado en el expediente oficial y la PGR lo ha omitido.
“Todo esto muestra una coordinación de la acción. De acuerdo a los tiempos, la cantidad de ataques y de víctimas, la persecución y otros elementos, sería algo que no se puede hacer sin la coordinación”, resaltaron los miembros del GIEI.
Del por qué se dieron los ataques, dijeron no tener aún esa respuesta, pero mostraron inconsistencias en las versiones que ha dado la PGR, y revelaron otra línea que pudieron a disposición para que sea investigada a fondo.
Advirtieron que los ataques muestran que el objetivo de la acción es no dejar salir a los autobuses, de la ciudad. “El patrón de la actuación de los perpetradores, parece ser ese; cuando ya habían salido de Iguala fueron a detener a los estudiantes, en el caso del autobús detenido frente al Palacio de Justicia, y cuando salían huyendo, en el caso del autobús de los Avispones, acaban con cualquier posibilidad de huída”.
Nueva línea a investigar
El GIEI, luego de explicar de manera detallada la presencia en tiempos, lugares y formas exactos, en torno a la penetración de los estudiantes a Iguala, expusieron contradicciones entre la versión de presuntos culpables y testigos interrogados por la PGR, con las versiones de las víctimas.
Para corroborar la cantidad de autobuses que los normalistas dijeron que sacaron de la central de autobuses de Iguala, el GIEI solicitó a PGR que se buscara si había evidencias de video de la central de autobuses. “Fue entonces cuando pudimos recuperar un video que no estaba en el expediente, sobre la grabación que existía todavía en ese tiempo, no se había destruido, y pudimos constatar que la versión de los estudiantes era cierta”.
Esto desprende de las versiones encontradas entre el Gobierno y los estudiantes, sobre la salida o no de un autobús de la empresa Estrella Roja, de la central de autobuses, toda vez que se trataba de una unidad diferente al resto de las unidades de la misma empresa.
Y es que, según el GIEI, existen procesos judiciales y documentos sobre casos de narcotráfico llevados en Estados Unidos entre la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago.
Incluso, aseguraron que hay una investigación propia en el ámbito fiscal, en Estados Unidos. En esa investigación fiscal se habla de la modificación de un autobús, para el transporte de narcóticos.
“Es parte de otro caso pero donde se involucra a Iguala, una investigación sobre autobuses en el transporte de estupefacientes. El grupo piensa que hay que analizar si esta es una hipótesis fiable, que hay que llegar al fondo de la relación de esto con el ataque a los normalistas”, dijeron.
Entonces, afirmaron que son estos elementos se sospecha que ante el intento del robo de uno de estos autobuses por parte de los normalistas para huir de Iguala, hubo una confusión al pensarse que los normalistas iban directamente por ese autobús, cuando no fue así, pues los normalistas iban por cualquier unidad con el objeto de utilizarlas por un tiempo hasta el día 02 de octubre.
El análisis de un experto sobre el video de la central de autobuses explorado por los miembros del GIEI, señala que en el autobús que se llevan los normalistas que fueron interceptados y agredidos cerca del Palacio de Justicia, tiene diferencias de tapicería, en las pegatinas del cristal donde van los certificados, en las ventanillas, etcétera.
Esto no es ninguna conclusión de la investigación del GIEI, sino elementos que consideran que se deben investigar a fondo y, se ha pedido formalmente a la PGR que se sumen al expediente oficial, porque al momento la autoridad federal no ha tomado en cuenta estos datos y, además, el video ya fue desaparecido o destruido.
“Se debe investigar el móvil de traslado de estupefacientes e identificar de manera específica el autobús de la empresa Estrella Roja”, señaló uno de los miembros del Grupo.
Entre otras cosas, el GIEI resaltó que no hubo acciones de protección hacia los normalistas, pese a que los hechos eran evidentemente agresiones que superaban cualquier neutralización de unas personas que tenían que ver con persecución y agresiones a la vida.
Insistieron en las capturas de Felipe Flores, Gildardo López Astudillo (El Cabo Gil) y Alejandro Tenexcalco Mejía, ex miembro de la Policía Municipal.
También pidieron investigar el patrimonio de los presuntos responsables y, una posible “obstaculización” de la investigación que se esté realizando sobre el caso, desde las propias autoridades gubernamentales u otros sectores.
Solicitaron analizar todos los posibles destinos de los normalistas desaparecidos, la posibilidad de la utilización de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en Iguala y Cocula, u otros que pudieron haber sido disponibles para los perpetradores para valuar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.
También requirieron actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda. Considerar medidas de protección y prevención y, dijeron, es importante contar con un registro único a nivel nacional, de personas desaparecidas.
Es preciso mencionar que todo lo que dijo el Grupo está soportado en documentos oficiales, pruebas reportadas en el expediente judicial, declaraciones tomadas por el grupo y en los establecimientos y reportes oficiales, denominados C-4, tarjetas informativas y reportes oficiales y documentos desclasificados del Ejército Mexicano. Todo está soportado en información pública, oficial.
Destacaron en un principio que, las actividades de boteo para recaudar fondos ha sido una práctica tradicional, no solamente en la normal de Ayotzinapa, sino en las normales públicas de México. Las tomas de buses han sido utilizadas por los estudiantes para suplir sus necesidades, para desplazarse.
Además, algunos choferes han manifestado que cuando su bus es tomado, tienen la orden de quedarse en el bus, trasladar a los estudiantes y acompañarlos a las manifestaciones. La misma compañía les paga sueldos.
No fueron incinerados en Cocula…
Durante su informe, el GIEI destacó que al revisar el expediente oficial se constatan cuatro versiones distintas sobre el destino final de los estudiantes desaparecidos.
Existe una que señala que fueron asesinados en el cerro Pueblo Viejo, en el sector de La Parota. Otra señala que fueron tomados 17 estudiantes que fueron ejecutados de manera inmediata en la casa de seguridad de las Lomas.
Otra que si bien no establece el destino final de los estudiantes, indica que habrían atacado al auto lavado “Los Peques”, para intentar asesinar a unos hermanos de otro cartel, acusándolos de ser miembros de los rojos.
Sin embargo afirman que ninguna de estas versiones está con el sustento de la evidencia. “No coinciden las horas, no existe ninguna evidencia de que los estudiantes estuvieran armados, al contrario, se constata que los estudiantes estaban con piedras”.
La última versión es aquella que indica que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula pero, de acuerdo al grupo de expertos independientes, la sola declaración de los distintos perpetradores que hablan del basurero de Cocula, muestran inconsistencias entre ellas.
“Señalan (los declarantes) modo de preparación distinto, quiénes participaron en un hecho, distinto, señalan a qué hora los habrían pasado a buscar, distinto. Es decir, con base solamente en las declaraciones de quienes habrían llevado a cabo la incineración, nos hizo al grupo constatar y acudir al basurero de Cocula, lo cual hicimos, y contratar la pericia de un experto independiente”, indicaron.
Agregaron que ese perito es José Torero, un peruano con maestría en la Universidad de Berkeley, California, luego trabajó en el área Ingeniería de Seguridad contra Incendios en la Universidad de Edimburgo.
Ha recibido varios premios que incluyen el Premio de Ciencias Tam Dalyell (2010), Señor Premio Esdras por la Asociación Combustion Engineering (2009), el Arthur B. Medalla Guisa de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios (2008), Bodycote Warrington Premio de Bomberos de Investigación (2007), Global FM Premio en el quinto Fuego y Explosiones Seminario Internacional Hazard (2007), William M. Carey (2001) y Harry C. Bigglestone (2001) mejores premios de papel, el de Lilly-Center para Excelencia en la Enseñanza (1996) y E. Robert Kent (1998) premios de enseñanza excepcional y miembro honorario de la Sociedad de Ingeniería de Protección contra Incendios Salamander.
Tiene en este momento su residencia en la Universidad de Queensland (Australia), en la Ingeniería de Seguridad contra Incendios.
José Torero acudió al basurero de Cocula el día 12 de Julio con miembros del GIEI. En primer lugar informó de las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. Demostró que las evidencias y el estado del arte de la ciencia en fuego indica que el óptimo para incinerar un cuerpo, es un horno crematorio, y que en esas condiciones, el tiempo requerido para consumir un cuerpo al nivel de incineración, ello significa que no tiene materia orgánica, es decir, similar o equivalente a los restos entregados a la Universidad de Innsbruck, requiere entre 90 y 120 minutos, un solo cuerpo.
Con esos antecedentes hace un cálculo de la necesidad de carga de combustible de una incineración en el contexto más ineficiente en el punto de vista calórico, que es al aire libre.
Para aclarar este punto, los miembros del GIEI respondieron al cuestionamiento de ¿Cuál es la razón por la que es más ineficiente?.
Pues según el Estado del Arte, indicaron, el 30 por ciento del calor aproximadamente del calor se irradia hacia los lados, se produce radiación. El resto, la gran mayoría, sube hacia el aire, y solo el uno por ciento se destina al consumo del objeto a quemar o incinerar.
Con esos cálculos, lo que el profesor Torero indica, es que un solo cuerpo requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumáticos, y la duración de incineración son 12 horas. En el caso de 43 cuerpos, la carga de combustible de madera es de 30 mil 100 kilogramos de madera. De neumáticos, de 13 mil 330 kilogramos y la duración de consumo sería 60 horas.
“Un inculpado señala que el tiempo máximo que estuvieron ahí consumiendo a los supuestos muchachos, es de 16 horas. Con base a esta evidencia científica, el GIEI descarta dicha declaración como veraz”.
Otra declaración indica que habrían usado entre 10 a 15 neumáticos. El profesor Torero señala que un simple cálculo matemático señala que para incinerar un solo cuerpo, requeriría de 650 kilogramos de madera. Por esa razón también se descarta dicha declaración.
Las dimensiones de un fuego para incinerar a 43 personas, son aproximadamente de 12 metros por 2, 5 metros, y de 1,5 metros de altura. La pericia de la PGR señala una dimensión de 15 metros por 2,5 metros, es decir, una mayor dimensión.
El profesor Torero toma la dimensión más pequeña, es decir, hace un cálculo conservador y señala que la pida para incinerar a 43 cuerpos que él va a tomar, es de 12 por 2,5 metros. Con esas dimensiones la llama sería de 7 metros. El penacho, es decir, el humo que sube, sería de 300 metros.
Una de las declaraciones señala que estuvieron en este proceso de incineración hasta las 4:30 de la tarde del día 27 de septiembre. En opinión del GIEI, si bien, a las 4:30 de la tarde si bien no se podía haber visto desde lejos la llama que estaba en una profundidad de 20 metros, pero hubieran quedado expuestos 280 metros de humo que pudieron haber sido vistos por los habitantes de Cocula.
El centro de fuego produce radiaciones que tienen carga energética traducida a kilowatts. Con estas dimensiones, de 0 a 15 de la fuente de calor, es de 16 kilowatts, de 15 a 30, 4 kilowatts y de 30 a 50, 2 kilowatts. En este caso, gran parte del basurero queda cubierto en los 16 o en los 4 kilowatts. La zona más alejada, la del ingreso, está dentro de los 2 kilowatts. Esto es relevante porque uno no se podría acercar sin traje especial, sin quemarse o quemar la piel, hasta los 4 o 16 kilowatts.
Hay una declaración que señala que luego de 6 horas, bajaron a echar más combustible, pero el GIEI desestima esta declaración por ser científicamente imposible. “La persona que hubiese bajado a echar más combustible, se hubiera quemado viva”, resaltaron.
Explicaron que a 4 kilowatts empieza lo que se llama la deformación de la madera, pero alrededor del centro del fuego existía vegetación adyacente.
“Lamentablemente quienes llegaron al fuego no resguardaron la vegetación adyacente que estaba a un mes de los supuestos hechos, sin embargo, al momento de la visita del profesor Torero, dado que a 4 kilowatts se quema la madera, si bien las hojas se pueden reproducir, el tronco dejaría marcas que duran meses o incluso años”, abundaron.
Por lo tanto, señalaron que cuando revisó el profesor Torero no vio signos de una quema de madera o daño del tronco que permaneciera por tanto tiempo. El plástico se consume o se empieza deformar a los 2 kilowatts, y se enciende a los 16, eso es lo que establece la ciencia.
Tomando en cuenta estos elementos, de acuerdo a la parte por donde entra el viento al basurero, la llama que consumía a los cuerpos tendría que haberse inclinado hacia el basurero que es seco, habría encendido el plástico y se habría generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona.
“Por todas estas razones, el GIEI se ha tomado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, atajaron. (Agencia Periodística de Investigación)
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