Guerrero, estado de fosas.-
Carmen Aristegui
(Tomado del blog del
diputado federal convergente,
Ricardo Mejía Berdeja)
Estamos a punto de saber de qué tamaño es la bomba que se aproxima para el Gobierno mexicano en uno de los temas más graves e indignantes en materia de derechos humanos de los últimos tiempos.
El próximo 6 de septiembre está previsto que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, presente su informe final.
La CIDH logró que el Gobierno mexicano -en medio de la sacudida nacional e internacional y las manifestaciones del año pasado- aceptara una colaboración de esta naturaleza.
Expertos de intachable trayectoria y reconocimiento internacional, que participan de forma directa para evaluar los hechos investigados y presentar un informe al respecto. La fecha ha llegado.
Se trata de ayudar a desentrañar la historia de 43 jóvenes estudiantes de una normal rural mexicana desaparecidos y de saber cuáles fueron las condiciones en las que también perdieron la vida 7 personas y fueron heridas por lo menos otras 27.
Se espera que sea una bomba porque aunque los expertos han sido cautos y mesurados en sus exposiciones preliminares y no han dado pie a la estridencia, han puesto información ante la opinión pública y hecho observaciones que, en una lectura final y con los elementos con los que ahora cuentan, pueden poner los pelos de punta a la sociedad y a las autoridades.
En sus apariciones públicas -especialmente la última, hace unos días- dejan la idea de que chocarán con la versión oficial que ha pretendido imponer una definitividad con lo que fue llamado «verdad histórica».
Será obligado contrastar el relato espeluznante sobre el ataque, persecución, captura, asesinato, incineración y dispersión de restos en el río, con lo que van a presentar los expertos independientes, quienes han tenido acceso a expedientes e indagatorias y realizado levantamiento propio de informaciones, obtenido peritajes independientes y otras diligencias.
Su mapa no puede ser del todo completo. La negativa del Gobierno a que los expertos tengan entrevistas directas con los militares, por ejemplo, alimenta todo tipo de suspicacias sobre posibles ocultamientos mayores.
Han adelantado su preocupación en asuntos torales como la posible destrucción de evidencias u omisiones importantes de elementos que tendrían que haberse incorporado a la investigación.
Por ejemplo, por alguna razón, que tendría que explicarse, no se informó a los familiares que había sido recogida y resguardada, mal resguardada, ropa que pertenecía a los estudiantes. De manera inexplicable, tampoco se incorporó ese elemento como parte de las investigaciones oficiales.
El otro tema es la posible desaparición de pruebas que queda en evidencia cuando los expertos anuncian que, según testimonios obtenidos, la videograbación de la escena en donde interviene la policía para llevarse a un grupo de normalistas, cerca del Palacio de Justicia, a la salida de Iguala, fue enviada a la presidencia del Tribunal, en donde tales videos habrían sido destruidos.
Obviamente, los expertos dicen que ven «con preocupación la pérdida de pruebas en el caso». Veremos qué dice la PGR, a quien le han pedido que investigue qué fue lo que pasó.
El caso Ayotzinapa es un caso gravísimo pero, tristemente, no es el único en Guerrero de este tipo. Se suma a la larga lista de casos de violaciones graves a derechos humanos, asesinatos, torturas y desapariciones que, a lo largo de la historia, han marcado a este estado.
Recién se dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar la guerra sucia de los años 70.
El caso Ayotzinapa ha movido conciencias. Ha llevado a la gente, incluso a remover la tierra, a buscar entre las fosas -de las de entonces y de las de ahora-. Huesos de muertos viejos, huesos de muertos nuevos es lo que se ha encontrado.
Uno de estos buscadores, Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), capacitaba a familiares para que supieran identificar la tierra seca de la tierra fresca y poder encontrar las fosas clandestinas.
Animaba a la gente a buscar a los jóvenes estudiantes desaparecidos en esas fosas que pueblan Guerrero y buscar no sólo a los chicos de Ayotzinapa, sino también a «los otros desaparecidos».
«Tenemos que hacerlo… ya estuvo bien de hacerse ‘güey'», cuentan que decía.
Miguel Ángel fue acribillado hace unas semanas, arriba de un vehículo. Rumbo a la montaña. Ya no alcanzó a conocer el informe que presentarán, el próximo 6 de septiembre, los expertos internacionales.