Mensaje de la señora Martha Idalia Obezo Vda. de Chavarría en la Rueda de Prensa “Voces Contra la Impunidad”, celebrada en la Sala de Maestrías de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el 19 de agosto de 2015.
Hace un año veía con mucha preocupación cómo desde tiempo atrás las autoridades habían dejado de investigar el asesinato de Armando Chavarría Barrera y me preguntaba, y sé que la sociedad también se preguntaba lo mismo, si esa parálisis en la investigación estaba deliberadamente orientada a encubrir a sus asesinos, a aquellos que se beneficiaron políticamente de la eliminación física de un adversario político.
Ahora, a seis años del asesinato, ya no me pregunto lo mismo. Hoy tengo la certeza y denuncio la complicidad de las autoridades con los asesinos, la obstrucción de la justicia y la impunidad que rodean el magnicidio de Armando Chavarría Barrera.
Denuncio esta protección porque viola flagrantemente la ley que las autoridades se comprometieron a cumplir y hacer cumplir, y porque constituye una burla hacia la sociedad y hacia el Estado de Derecho.
Siete procuradores, incluido el actual Fiscal General, se han negado a esclarecer el caso y llevar ante los jueces a los culpables, pese a que en el expediente existen señalamientos claros sobre la identidad de los autores materiales e intelectuales del homicidio de la cabeza del Poder Legislativo del Estado.
Quiero denunciar públicamente que un gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, fue el que mandó matar a Armando Chavarría Barrera; que otro gobernador, Ángel Aguirre Rivero, protegió a Zeferino Torreblanca y a los asesinos materiales, encubriéndolos y denegando la justicia; y que al actual gobernador, Rogelio Ortega, le falta voluntad, determinación y compromiso con nuestro reclamo de justicia.
Por cuanto hace al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, todos pueden recordar las cínicas declaraciones públicas que hizo hace un año, cuando se dio a conocer el testimonio de uno de los agentes ministeriales que habían participado en el plan homicida y que informó de la orden emitida por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca para llevar a cabo la ejecución.
Con sus palabras y su acción, el gobernador Aguirre Rivero ignoró la evidencia obtenida por la Procuraduría, ahora sabemos que desde junio de 2011, y brindó protección política a Zeferino Torreblanca.
Esa manifestación pública confirmó que las investigaciones no avanzaron durante su gobierno porque el mismo gobernador las detuvo. También impidió que, a raíz de esa revelación, Zeferino Torreblanca fuera llamado a responder ante la justicia en calidad de indiciado.
Gracias a la presión de la opinión pública, Ángel Aguirre no pudo impedir, pese a todo, que el ex gobernador se viera obligado a comparecer “voluntariamente” según informó la Procuraduría, a rendir declaración dizque como “testigo”.
La revelación de uno de los implicados, que fue ultimado días después de rendir su declaración, no deja lugar para la inacción y la omisión del gobierno y confirma el origen y el carácter político del homicidio de Armando, ya que se trató de un crimen de Estado ordenado y perpetrado desde el poder público.
El asesinato de Armando es una muestra fehaciente de la deleznable impunidad que se practica y promueve desde el poder político en Guerrero.
A pesar de la puntualidad y seriedad de la acusación en su contra, Zeferino Torreblanca Galindo, el principal señalado como responsable del crimen fue tratado por la Fiscalía General del Estado como un invitado de la casa. Y así sigue siendo tratado.
Por ello denuncio que a seis años de este crimen político, continúa la actitud encubridora y cómplice del gobierno y de la Fiscalía General, para frenar todo avance en las investigaciones y para impedir que los responsables sean sujetos a proceso.
A principio de este año me dirigí al gobernador Rogelio Ortega para plantearle la creación de una fiscalía especializada para investigar el asesinato de mi esposo. Con renuencia, aceptó y transmitió al fiscal general su disposición para ello.
Aparentemente el fiscal general accedió a esa petición y el martes 6 de abril del año en curso, declaró a los medios que ya había solicitado el visto bueno del Congreso del Estado, cuando en realidad nunca lo hizo.
Cuando faltan escasos dos meses para que concluya este gobierno, la fiscalía especial no ha sido creada y la propuesta sigue detenida en las manos del gobernador y del fiscal.
Se encubre a los asesinos y se obstruye la justicia cuando las autoridades permanecen sin hacer nada, y eso lo hacen muy bien el gobernador Rogelio Ortega y el fiscal general Miguel Ángel Godínez.
No haría falta crear esta fiscalía especial si las autoridades cumplieran con su deber y se investigara y encarcelara a los responsables de la muerte de mi esposo. Pero, se nos quiere obligar a rogar, a peregrinar en demanda de justicia
Es evidente que por cálculos políticos y amistosos, el asesinato de Armando Chavarría Barrera no se encuentra en la agenda del gobierno de Rogelio Ortega ni en la agenda de trabajo del fiscal.
Pero tampoco están en sus agendas los asesinatos del diputado Moisés Villanueva de la Luz, de Rocío Mesino Mesino, de Arturo Hernández Cardona, ni la desaparición forzada de Longino Vicente Morales, mucho menos los asesinatos de los defensores de derechos humanos mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
En Guerrero, la impunidad ocupa el lugar del Estado de derecho, porque así funcionan las redes de impunidad alentadas y sostenidas desde las esferas del poder.
A seis años del homicidio de Armando Chavarría, mantengo con mi familia la exigencia de justicia.
La nuestra no es una lucha de una persona, ni de una familia. Es una lucha de toda la sociedad contra la impunidad.
Ahora ya no tengo ninguna duda. En el caso de Armando Chavarría existe un gigantesco encubrimiento que involucra a dos gobernadores, a seis ex procuradores y al actual fiscal general del estado.
Por eso alzamos nuestras voces contra la impunidad.
Muchas gracias.
Mensaje de la señora Martha Idalia Obezo Vda. de Chavarría en la Rueda de Prensa “Voces Contra la Impunidad”, celebrada en la Sala de Maestrías de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el 19 de agosto de 2015.
Pronunciamiento Contra la Impunidad
El estado de Guerrero ha llegado a límites históricos de impunidad.
Ya no es solamente la desigualdad, la pobreza y la marginación social lo que obstruye y amenaza la integridad y el futuro de sus habitantes.
Hoy, la violencia y la inseguridad pública se han detonado a niveles inaceptables y han dado lugar a una crisis cuyas consecuencias desgarradoras podemos observar todos los días en las calles y en los hogares guerrerenses.
Ante este flagelo que nos carcome como un cáncer terminal, los gobiernos federal y estatal han mostrado absoluta incapacidad, insensibilidad y complicidad, pues no han aportado soluciones eficaces ni políticas que proporcionen bienestar, seguridad y justicia a la sociedad.
En este ambiente de degradación social, incertidumbre y zozobra, el comportamiento de las autoridades lastima y profundiza el dolor de una sociedad que ya no puede más.
La impunidad y la corrupción que la patrocina, se han arraigado y adquirido carta de naturalización en nuestro estado.
Suplantan al Estado de derecho y se asumen como “normalidad cotidiana”.
Crímenes sin castigo, ilícitos de toda índole que se consuman al amparo de la complicidad política y gubernamental, el derramamiento de sangre inocente, la criminalización del movimiento popular y la persecución contra defensores de los derechos humanos, todo ello se alimenta de dejar sin castigo lo que en una sociedad civilizada y democrática sería castigado al amparo y el rigor de la ley.
Del pacto de impunidad que envilece la política y el ejercicio de gobierno, se nutre la violencia y la inseguridad pública. Ahí se encuentra en gran medida el origen de la crisis que nos devasta.
Los ríos de sangre que surcan la geografía de nuestro estado y del país, son el reflejo de la descomposición social generalizada y son, ante todo, resultado de la incapacidad del Estado, que ha renunciado a garantizar el derecho a una vida digna, libre de violencia, con justicia y desarrollo para todas y todos los mexicanos.
El ataque bestial contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 con un saldo de 3 normalistas y tres civiles asesinados y la desaparición de 43 estudiantes, se incubó en las décadas de impunidad que ha vivido Guerrero.
Esta atrocidad, la peor y la más indignante que registra la historia de nuestro estado y el país, dio nacimiento a una nueva conciencia de los grandes atrasos que padecemos los guerrerenses, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos de todos los niveles de gobierno.
El movimiento heroico de los padres de Ayotzinapa representa la reserva moral y la lucha de la sociedad guerrerense contra la impunidad, desde la guerra sucia de los años setenta hasta los otros desaparecidos de Iguala, incluidos los asesinatos de Armando Chavarría Barrera, ultimado el 20 de agosto de 2009; Moisés Villanueva de la Luz; levantado y asesinado el 4 de septiembre de 2011 junto a su chofer; de la desaparición del joven activista indígena Longino Vicente Morales, ocurrida el 22 junio de 2012; de Arturo Hernández Cardona, levantado y luego ultimado el 30 de mayo de 2013 junto a tres compañeros de su organización; de Rocío Mesino Mesino, acribillada el 19 de octubre de 2013 y todos los crímenes y desapariciones forzadas, cuyos casos están muy presentes en nuestra memoria y son del conocimiento público.
Quienes estamos en esta mesa somos una pequeña muestra de la sociedad lastimada por la violencia criminal, por la falta de justicia y por la impunidad auspiciada y protegida desde el Estado.
Nos unifica la indiferencia y el desdén del gobierno hacia nuestra exigencia de justicia.
En la víspera de cumplirse el sexto aniversario del asesinato de Armando Chavarría Barrera, exigimos al gobierno del estado y al gobierno federal que cese la impunidad, que se esclarezcan y castiguen ejemplarmente éste y todos los crímenes que permanecen en el olvido institucional.
Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo a la lucha heroica de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por la aparición con vida de sus hijos.
Exigimos al gobierno estatal y federal, la libertad irrestricta e inmediata de Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui y de todos los presos por motivos políticos.
Nuestras voces son un eco de las víctimas y aspiramos a ampliar y consolidar la conciencia colectiva para levantar un cerco social contra la impunidad.
Chilpancingo, de los Bravo Guerrero, a 19 de agosto de 2015.