*** Encuentra el GIEI ropa de los normalistas desaparecidos que no ha sido tomada en cuenta para la indagatoria; de uno de los normalistas asesinados, no se registraron todas las lesiones
*** Revelan la existencia de videos que habrían grabado el momento de la desaparición de los 43 estudiantes, mismos que habrían sido destruidos en el “Tribunal”, según sospechan
Jonathan Cuevas
Reportero/API
Chilpancingo, Gro., a 17 de agosto del 2015 (Síntesis de Guerrero).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso Ayotzinapa, ha detectado la posible desaparición de pruebas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en su indagatoria, específicamente algunos videos y ropa de los normalistas desaparecidos.
Previo a la presentación de su informe con motivo de sus seis meses de trabajo y, a poco más de un mes del aniversario de los hechos sucedidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014; los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revelaron más irregularidades cometidas por el gobierno mexicano.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Alejandro Valencia, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox adelantaron algunos detalles del informe que presentarán el día 6 de septiembre próximo. Este avance fue distribuido además por medio de correo electrónico a diversos medios de comunicación.
En resumen, los expertos resaltaron durante la conferencia algunos puntos como son: el avance en el cumplimiento de peticiones por parte de la PGR; la limitación para la realización de entrevistas a miembros el Batallón 27 de Infantería; la posible destrucción de evidencia videográfica y el hallazgo en el expediente de ropa de los normalistas que no había sido utilizada como evidencia para la investigación.
Evidencias de ropa
Los miembros del IGEI explicaron que el 29 de junio, encontraron en el expediente que, en fecha 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.
Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. “En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares”, exclamaron.
Por tanto, afirmaron que pidieron a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF, para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada.
Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético.
Los miembros del GIEI afirmaron que ven con preocupación la pérdida de pruebas en el caso, pues además, específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.
“Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, destacaron.
El Grupo de expertos informó que sigue trabajando en la evaluación del expediente, que en la actualidad tiene 115 tomos. Además, han solicitado a expertos independientes peritajes sobre aspectos clave del proceso.
“Dichos peritajes son de tipo forense sobre las autopsias y sobre los casos de lesiones en detenidos, sobre la telefonía, sobre la dinámica del fuego en el contexto del basurero y sobre escenas del crimen”, agregaron.
Lesiones no registradas
El documento previo al informe, destaca también que el GIEI pidió un peritaje independiente que examinara las autopsias realizadas a Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís y Julio César Ramírez.
El estudio realizado por el médico forense Francisco Etxeberría, de la universidad del País Vasco, muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de autopsia y en las fotografías proporcionadas.
Entonces plantearon a la familia y autoridades una nueva posible autopsia que debería analizar la causa y valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características.
Esto significa que han pedido exhumar los restos de Julio César Mondragón, para que se le haga una segunda autopsia. “Dicha autopsia debería ser realizada con la participación de peritos independientes del EAAF con experiencia en la valoración de ese tipo de lesiones”, dijeron.
El GIEI presentará su informe de trabajo de estos seis meses el próximo 6 de septiembre de 2015 en el DF. En él dará cuenta de su trabajo, de los hechos que ha investigado, de la evaluación de la investigación del caso, de los aspectos relevantes del trabajo y la experiencia de las víctimas, así como sobre las recomendaciones para el caso y para la problemática general de la desaparición de personas en México, como señalan los cuatro puntos de su mandato.
A dos meses de la conclusión de su mandato inicialmente previsto, el GIEI informa los avances de trabajo en sus 4 tareas: nuevas líneas de búsqueda, análisis y continuación de la investigación sobre los hechos, atención a víctimas y elaboración de propuestas de políticas públicas para el tema de desaparición forzada en México.
Asimismo, dio a conocer las posibilidades de continuar su labor más allá de este plazo inicial y anuncia la presentación de su informe.
El GIEI fue creado por la CIDH el 12 de noviembre de 2014 en respuesta a la petición de los familiares de los estudiantes y el Estado mexicano. Para cumplir su tarea, el acuerdo establecía que el Grupo tenía un mandato de 6 meses de duración, que resultó finalmente del 2 de marzo al 2 de septiembre de 2015, “y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
Durante estos primeros seis meses de investigación, los expertos se han encontrado con la negativa del Estado Mexicano para penetrar en zonas del Ejército y, sobre todo para entrevistar a servidores públicos que pudieran tener relación directa en el caso y, aportar datos nuevos para poder profundizar la investigación. (Agencia Periodística de Investigación)