¿Hasta dónde pretenden tensar a Guerrero?

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Carlos Reyes Romero
Cuando la injusticia y la impunidad imperan en el gobierno, en el pueblo crece el hambre de revolución social. Del dominio popular.
Loable muy loable la lealtad de Jorge Camacho Peñaloza, candidato del PAN a la gubernatura del estado de Guerrero, hacia su padrino político Zeferino Torreblanca Galindo; pero lamentable muy lamentable que la lleve hasta la ignominia al afirmar que Zeferino Torreblanca, el Abarca que el PAN de Guerrero pretende hacer presidente municipal de Acapulco, “es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario”.
Olvida o parece olvidar el diputado y presidente con licencia de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, que este principio jurídico recién incorporado a nuestro orden constitucional y legal, no se puede aplicar a tontas y locas como bien dice la sabiduría popular.
El ahora candidato del PAN, Jorge Camacho Peñaloza oculta o cuando menos intenta diluir el hecho de que Zeferino Torreblanca ha sido publica y formalmente acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, en su tiempo cabeza del Poder Legislativo del Estado, lo que le impidió ser candidato de una amplia coalición política a la gubernatura del estado.
Al respecto existe una declaración ministerial que involucra directamente a Zeferino Torreblanca Galindo en este magnicidio, cometido por agentes ministeriales de la procuraduría general de justicia del estado, como en su momento lo confeso el ahora occiso comandante Trinidad Zamora Rojo.
Existe además el testimonio del ex procurador Alberto López Rosas, vertido ministerialmente, de que efectivamente recabó tal confesión y que en su momento informo de la misma al entonces gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero.
Por cierto, Jorge Camacho reprocha acremente a Alberto López Rosas, el valor de reconocer y sostener pública y ministerialmente que sí recibió tal confesión sobre el asesinato de Armando Chavarría y le increpa porque de manera “irresponsable dio a conocer información que tuvo cuando fue fiscal”, como informa El Sur diario de Acapulco en su edición del pasado 21 de marzo.
Seguramente Camacho Peñaloza quisiera que López Rosas actúe como la mayoría de la clase política guerrerense que conoció y encubrió la conducta de José Luis Abarca, asesino del dirigente de la Unidad Popular de Iguala Arturo Hernández Cardona y de Willy Reyes Ramos, autor intelectual del asesinato del diputado federal priísta Moisés Villanueva de la Luz, todavía prófugo y amparado.
Tajante en sus declaraciones como es su controvertida costumbre, el diputado local con licencia Rubén Figueroa Smutny, en su momento presidente de la Comisión de Seguridad Pública del congreso local, declaro recientemente que: “Todo el mundo lo sabía, lo que sorprende es que el procurador no estuviera enterado, o que el gobernador diga que no estaba enterado, cuando era vox populi, era público y evidente” en referencia a la relación del ahora ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez con el crimen organizado, tal y como el mismo Figueroa Smutny lo denuncio en su inusitada y poco común intervención en la tribuna del congreso el 20 de marzo de 2014, hace ya un año. Si le hubieran hecho caso, la barbarie de Iguala se hubiera evitado.
Al parecer Jorge Camacho Peñaloza tampoco sabe nada o nunca quiso saber nada sobre los presuntos asesinos de Armando Chavarría, Moisés Villanueva de la Luz y Arturo Hernández Cardona, a pesar de su investidura como presidente que fue de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado o el logro de la justicia es lo que menos le interesa.
Todo indica que para Camacho Peñaloza lo que más cuenta es proteger a los cuates, bien se llamen Zeferino Torreblanca a quien defiende con toda la enjundia que le caracteriza, o al panista Benito Manrique Contreras, a quien la Procuraduría de Justicia del Estado señalo como uno de los dos presuntos autores intelectuales del asesinato del secretario general del comité estatal del PAN Braulio Zaragoza o a Elizabeth Gutiérrez Paz la alcaldesa con licencia del Municipio de Juan R. Escudero a la que se señala por sus nexos con el crimen organizado, a pesar de que Camacho haya declarado en su visita a Tierra Colorada, cabecera de ese municipio, que no mete las manos al fuego por ella. Para Jorge Camacho sólo son señalamientos sin comprobar los que se les imputan.
“Si la señora Martha Obezo tiene más elementos sobre la culpabilidad de Zeferino que los presente ante la autoridad” dice muy orondo y sobreactuado Camacho Peñaloza en las declaraciones que reseña El Sur.
Como si no conociera el viacrucis que ha recorrido la viuda de Armando Chavarría en demanda de justicia ante la Fiscalía General del Estado, ante el Ejecutivo Estatal, ante los Poderes Legislativo y Judicial y con todo derecho ante los medios.
Parece que a Camacho Peñaloza le entró por un oído y le salió por el otro, la demanda de justicia para Armando Chavarría Barrera expresada en las dos sesiones solemnes del Congreso del Estado dedicadas a este tema, en las que participó como diputado y presidente de la Comisión de Justicia.
Camacho Peñaloza sabe bien, porque lo reitera en sus mítines de proselitismo electoral, que en Guerrero no impera el estado de derecho y que predominan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, ¿o sólo maneja estas denuncias como señalamientos o lemas propagandísticos?
Jorge Camacho Peñaloza sabe, porque lo conoce bien toda la clase política de Guerrero, que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero encubrió y siempre impidió que se actuara contra los asesinos de Armando Chavarría Barrera, Moisés Villanueva de la Luz, Arturo Hernández Cardona y otros muchos activistas y dirigentes políticos, a pesar de que tenía perfecto conocimiento de quienes eran y de las acusaciones que pesaban en su contra.
¿A poco no sabe el candidato a gobernador del PAN, que la Fiscalía General del Estado hace mucho que dejo de investigar los asesinatos y ejecuciones que se dan a diario en Guerrero, más cuando se trata de actores políticos? Vamos, si ni siquiera se ha detenido a los presuntos autores intelectuales del asesinato del secretario general del PAN estatal, a los que Jorge Camacho defiende y encubre porque “son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario”.
Pero cómo se va a demostrar si son culpables o inocentes, cuando la Fiscalía General del Estado no actúa contra quienes asesinan ni ejercita acción penal alguna para que se les sujete a proceso, a fin de que los tribunales determinen si son culpables o inocentes, si se les debe sancionar o poner en libertad.
Mientras tanto nos seguimos inundando de descomposición social, de corrupción y enriquecimiento ilícito de la clase política, de predominio de las mineras, el narcotráfico y el centenario cacicazgo de Guerrero en las políticas y decisiones gubernamentales, de incapacidad gubernamental para asegurar la seguridad y la justicia, y sobre de impunidad, de asfixiante impunidad gubernamental y delincuencial que crispa y tiene harta a la sociedad.
¿Hasta dónde pretenden tensar a Guerrero? Digo.

22 de marzo de 2015

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