Agentes de la Policía Ministerial, peritos y trabajadores administrativos de la Fiscalía General del Estado, solicitaron hoy al Congreso local la comparecencia de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y que los diputados intervengan para cese el clima de persecución, amenazas, despidos, vejaciones y violaciones a sus derechos laborales cometidos por la funcionaria, a quien acusan de haber llenado de militares a esa institución persecutora de delitos.
Los trabajadores de la Fiscalía General del Estado realizaron una manifestación la tarde de este viernes en Chilpancingo, que concluyó con un plantón en la sede del Poder Legislativo, y una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Alfredo Sánchez Esquivel, en la que acusaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de ser el responsable de los problemas y de los conflictos que hay en esa institución, por haber impuesto a través del gobierno del estado a una teniente coronel como fiscal en Guerrero.
En conferencia de prensa que ofreció en la glorieta “Unidos por Guerrero”, previo a iniciar una marcha con dirección a las instalaciones del Congreso local, la coordinadora de zona de la Policía Investigadora Ministerial María Lourdes Bruno Díaz, informó que a partir de la llegada de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos como fiscal general del estado, en esa institución se rompió la armonía, la sana convivencia y el respeto a los derechos laborales, y prevalecen los violaciones a los derechos humanos.
Acusó a la fiscal de haberles disminuido de 3,750 a 3,000 pesos los viáticos quincenales que reciben para alimentación, y de que está latente la cancelación del bono de alto riesgo de 5,500 pesos al mes que reciben los elementos de la Policía Ministerial.
Denunció que en Acapulco la fiscal incorporó a 30 militares que sólo se limitan a cuidar las instalaciones y la integridad física de un fiscal regional también militar que llegó con Sandra Valdovinos, quienes despojaron de sus oficinas y escritorios a personal operativo que fue relegado a una bodega sin las mínimas condiciones para que realicen su trabajo.
Denunció que en el estado son alrededor de 20 elementos de la Policía Ministerial que fueron separados del cargo sin causa justificada, sin ser hasta ahora liquidados según por falta de presupuesto.
La comandante ministerial sostuvo que la fiscal se niega a sostener reuniones con el personal, no recibe a nadie. Además, señalaron que predomina el mal trato, los insultos y las humillaciones.
Indicó que es falso el no uso de vehículos blindados para proteger la vida de funcionarios. Como ejemplo citó el uso de camionetas blindadas para proteger a un fiscal regional en Acapulco, que a su vez es escoltado por militares.
Los trabajadores de la Fiscalía pidieron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, que llamen a comparecer a la titular de la Fiscalía General del Estado para que cesen las agresiones en contra de los trabajadores, y prevalezca un ambiente cordial como ocurría antes.
Condenaron la agresión que sufrió la noche del jueves la ex directora de Recursos Humanos de la Fiscalía Mavilla Alicia Melo Vela, presuntamente por parte de la fiscal general, de militares y de sus escoltas. Dijeron que de esa manera no se genera un clima propicio para trabajar, y advirtieron que no tolerarán una agresión más a empleados de esa institución.