Por: Rosario García Orozco
Reportera
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Chilpancingo, Gro., 12 de junio de 2017.(Síntesis de Guerrero).-El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, se pronunció porque la operación de los grupos de la Policía comunitaria se ajusten a la ley, o en su caso desaparezcan porque no puede existir una tercera vía, en el que haya grupos que operen al margen de la legalidad; «no podemos estar en la zozobra”, dijo.
Lo anterior, al solicitar su opinión tras el enfrentamiento que dejó seis muertos, entre ellos dos menores de edad, en la localidad de San Pedro Cacahuatepec, ocurrido el pasado viernes y en el que se responsabiliza a los miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), caso en el que, insiste, se debe aplicar la ley y poner fin a la operación de grupos denominados autodefensas.
La Fiscalía General del Estado solicitó a los integrantes de la Policía comunitaria de Cacahuatepec que acudieran a rendir su declaración sobre los hechos, sin embargo, ninguno se presentó ante esa instancia.
Al respecto, el Ombudsman de Guerrero, dijo determinante: «todos quienes tengan responsabilidad que acudan ante la Fiscalía a rendir la información” sobre los hechos.
Criticó la actitud de Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, por no haber presentado a los integrantes de su organización que participaron en el enfrentamiento del viernes pasado en San Pedro Cacahuatepec, ubicado en la zona rural de Acapulco; a pesar de haberse comprometido a ello durante una conferencia de prensa en el Puerto.
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, sostuvo que los grupos de “comunitarios” de la UPEG y el Fusdeg, están cometiendo un delito a portar armas y pretender hacerse cargo de la seguridad de sus comunidades usbdonestan fuera del amparo de la Ley 701.
“Hoy vemos que los grupos han salido de estas regiones y se están ubicando en zonas donde nada tiene que ver la Ley 701, es decir, no hay ninguna razón para eso, sin embargo, lo están realizando”, aseguró el funcionario federal.
También confió en que en breve la federación pueda actuar de manera conjunta con el gobierno del estado que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para regular el funcionamiento de los grupos de civiles armados.
En ese sentido, mencionó que los grupos de policías comunitarios no se conformaron en esta administración, sino que fueron heredados de gobiernos anteriores, pero aceptó que «el gobernador ha sido hasta cierto punto tolerante, en esa parte tratando de convencer a estos grupos de que no pueden permanecer en eso lugares”.
Luego de lo ocurrido en Acapulco en donde el grupo que encabeza Bruno Placido Valerio ocasionó la muerte de seis personas, Ávila Morales dijo que con ese hecho se abrió la posibilidad de que “de manera contundente poder tomar decisiones y evitar que estos grupos sigan causando estos graves problemas”, sostuvo.
Y agregó que lo sucedido en la zona rural de Acapulco está rayado en una situación que puede salirse de control, dados los últimos acontecimientos protagonizados por estos grupos autodenominados de policías comunitarios.