Por Efraín Flores Iglesias
Poco antes de las 13:30 horas, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa, se mostraba decidida a leer un punto de acuerdo que había preparado y que estaba contemplado en el Orden del Día de la sesión de este martes. Pero al parecer alguien le llamó y ordenó desistirse de su pretensión de exhortar al alcalde de Tixtla de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, a respetar los derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento que encabeza.
En el inciso C, del punto número 5 del Orden del Día, correspondiente a Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones –del cual tengo copia– muy claramente dice: “Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Erika Alcaraz Sosa, por el que la sexagésima primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta al presidente municipal de Tixtla de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, a que respete los derechos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento, y desista de las presiones en contra de los afiliados al Sindicato Independiente por ser un derecho constitucional plenamente reconocido. Solicitando su aprobación como un asunto de urgente y obvia resolución”.
Erika Alcaraz, no solamente es coordinadora parlamentaria del PRD, también es diputada por el distrito 24, que comprende los municipios de Tixtla de Guerrero, Mártir de Cuilapan (Apango), Zitlala, Mochitlán y Quechultenango. Aunque bien vale señalar que en el primer municipio no votaron por ella, ya que la elección del 7 de junio de 2015 fue anulada debido a un boicot que realizaron normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg).
El distrito que representa la perredista es zona de guerra, ya que dos grupos del crimen organizado se disputan a sangre y fuego el control para el trasiego de enervantes; una guerra que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.
Muy pocas veces ha subido a tribuna. Y las veces que lo ha hecho es para defender los intereses de su jefe político: Bernardo Ortega Jiménez, ex presidente de la Comisión de Gobierno en la LX Legislatura local y ex alcalde de Quechultenango.
Lo cuestionable del asunto no es el que se haya retractado para subir a tribuna, sino su falta de seriedad para defender a los trabajadores del Ayuntamiento de Tixtla que han denunciado acoso laboral por parte de la administración que encabeza Hossein Nabor Guillén.
Por cierto, la legisladora pretende gobernar este municipio en 2018. Y es un secreto a voces en la tierra del general Vicente Guerrero, que entre el alcalde aguirrista y ella hay serias diferencias políticas. El primero piensa reelegirse y ya coquetea con el partido de Andrés Manuel López Obrador, y ella confía en que la impongan desde la cúpula del PRD.
Para desgracia de Tixtla ningún legislador que ha tenido en los últimos 15 años ha destacado en proponer leyes o en el debate parlamentario. Solamente han utilizado el cargo para brincar a otro.
Además, Erika Alcaraz no ha demostrado liderazgo al interior de la fracción del PRD y en las últimas semanas ha votado a favor de las propuestas del PRI y en contra de la línea que ha mandatado su partido.
Pero, insisto, en la sesión de este martes se rajó en cuestionar al alcalde tixtleco.
ENTRE OTRAS COSAS… El diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, lamentó la declaración que dio este lunes el fiscal Xavier Olea Peláez al diario español El País, en el que manifestó su incapacidad para enfrentar al crimen en el estado de Guerrero.
El legislador solicitó al fiscal renunciar al cargo y que su lugar sea ocupado por alguien responsable. ¡Zas!
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