Bernardo Torres/API
Reportero
Chilpancingo, Gro. 24 de Marzo del 2017. (Síntesis de Guerrero). – Tras permanecer 17 horas preso en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, fue dejado en libertad, al comprobar la validez del amparo interpuesto por abogados de Tlachinollan.
A su salida del reclusorio, relató que alrededor de las 19:15 horas, la tarde del jueves al llegar a su domicilio, sobre la avenida Ignacio Ramírez en el centro de Chilpancingo, fue interceptado por elementos de la Policía Ministerial y a pesar de presentar un amparo, fue llevado a la Fiscalía General del Estado.
«Yo traía la copia del amparo, se las mostré y dijeron que la tenían que revisar en la Fiscalía, ya en la Físcalía detectaron que tenía algunas inconsistencias y con términos jurídicos lo justificaron y como a las ocho y media, cuarto para las nueve me trasladaron aquí al cereso», expuso.
El activista pasó alrededor de 17 horas en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, encerrado en una celda, sin compañía, y cerca de las 14:00 horas tras presentar un nuevo amparo, fue dejado en libertad.
Chávez Adame, dejó el penal, acompañado por miembros de su organización, miembros de la Dirección Colectiva, y abogados del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, quienes llevaron su caso y comprobaron su inocencia en menos de 24 horas.
«Nuevamente el Gobierno del Estado vuelve a quedar exhibido, siguiendo la ruta de la represión y no la ruta de la concertación y el diálogo, me hicieron del conocimiento que estuvieron agentes de la PGR, por el caso de la toma de las oficinas de Prospera y ya estamos tomando las medidas necesarias», reveló.
Reiteró que continuarán la lucha que lleva la APPG y la Dirección Colectiva, las trabajadoras despedidas de Prospera, los Mineros de Taxco, y otros asuntos por los que han luchado en los últimos años y que les ha costado precisamente este tipo de actos «represivos».
También dijo, que no fue golpeado, o torturado en esta detención, pero su hijo de 10 años que le acompañaba si se asustó al ver el despliegue policiaco y presenciar el momento de su detención.
La causa de la detención fue derivada de la irrupción en instalaciones del DIF, en febrero de 2014, donde el Gobierno del Estado ocultaba despensas que habían sido donadas para los damnificados de «Ingrid» y «Manuel», calificada por las autoridades como «Motín».
Agradeció el apoyo del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, de las organizaciones sociales que estuvieron pendientes del caso, así como a los medios de comunicación que dieron cobertura desde la detención, hasta el momento de recuperar su libertad. (Agencia Periodística de Investigación)