Chilpancingo, Guerrero, 23 de abril de 2019.- Representantes de organizaciones de mujeres, denunciaron la falta de transparencia de parte del Gobierno del Estado, en la aplicación de recursos destinados a Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, en el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de más de 20 millones de pesos.
Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; dio a conocer en conferencia de prensa, la opacidad con que las distintas dependencias ejercen los recursos asignados para atender la AVG, aprobados por el Congreso del Estado, y el subsidio otorgado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para el gobierno del Estado de Guerrero, de 6 millones 430 mil 980 pesos, para el ejercicio 2018.
El subsidio de la Conavim, está dividido en seis proyectos; fortalecimiento de Centros, Módulo de atención para las mujeres en el Estado, articulación interinstitucional para el acceso a la justicia, operador por la Semujer con un monto de 904 mil 800 pesos; Modelo de los centros especializados para la erradicación de conductas violentas hacia las mujeres destinado para el Tribunal Superior de Justicia (TJS), por 522 mil pesos; Estrategia de prevención y atención de violencia a las mujeres indígenas ay afromexicanas para ejercer por la Secretaría de Asuntos Indígenas, por un monto de 640 mil pesos.
La Secretaría General de Gobierno, aplicaría 800 mil pesos, para un diagnóstico de movilidad; la secretaría de la Juventud, 185 mil pesos para el proyecto del diseño de la “Campaña Violeta Contigo”; la Fiscalía General del Estado (FGE), 3 millones 379 mil 180 para el fortalecimiento de las fiscalías especializadas.
Por otra parte, el Congreso Local aprobó a la Semujer, 12 millones de pesos, para 7 acciones; una campaña de comunicación social con importe de 1 millón 500 mil pesos; Diagnóstico de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en Guerrero, 1 millón 700 mil pesos; Estrategia de capacitación “Incorpora”, con un importe de 1 millón 694 mil pesos; Plataforma en línea para capacitación y certificación permanente por 200 mil pesos; Programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres con un importe de 2 millones de pesos.
Así como el Programa estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 250 mil pesos, -programa que ya fue presentado, que es el documento pero que no se ha dado seguimiento ni evaluado, señaló-; fortalecimiento y creación de centros de atención de las mujeres sus hijas e hijos, 4 millones 656 mil pesos.
Presupuesto aprobado por el Congreso a la Fiscalía General del Estado (FGE), de 3 millones 850 mil pesos, que serían ejercidos en siete acciones; equipamiento de las mesas de atención al delito de feminicidio instalados en los 8 municipios con AVG y Chilapa; Equipamiento en primera etapa de las instalaciones de las agencias del ministerio público de delitos sexuales y violencia familiar en zonas con población indígenas y afromexicana, en los 8 municipios con AVG y Chilapa, un millón 600 mil pesos; Formación y especialización del personal operativo y administrativo de la FGE en materia de derechos humanos, 350 mil pesos; Formación y especialización del personal operativo y administrativo de la FGE en derechos humanos capacitación en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, violencia sexual y violencia familiar, 350 mil pesos.
Capacitación en atención a pueblos indígenas y afrodescendientes, 350 mil pesos; capacitación en materia de implementación de protocolos diversos -quieren saber cuáles son esos protocolos- en los que destinaron 350 mil pesos; Capacitación en materia de contención emocional, 350 mil pesos.
A la Secretaría General de Gobierno, el Congreso del Estado aprobó, 3 millones, que serían invertidos en Talleres de pacto social para una cultura del Buen Trato; erradicación de la violencia contra las mujeres en el sector educativo en Guerrero; diseño de capacitación en línea a padres y madres pacto social para una cultura del Buen Trato; diseño del manual pacto social por una cultura del Buen Trato por 500 mil pesos; Talleres “Arte para Apoyarte”, erradicación de la violencia contra las mujeres en el sector educativo dirigido al profesorado, 250 mil pesos; Talleres “Diálogos con Mujeres” en 7 de los 9 municipios con AVG; Taller “Políticas públicas para la igualdad de género y derechos a una vida libre de violencia dirigido al alto funcionariado, 100 mil pesos.
Diseño de materiales para la prevención de la violencia contra las mujeres, 150 mil pesos; Impresión de a guía violeta 150 mil pesos, Impresión del manual Pacto Social para una cultura de Buen Trato, 150 mil; Sistema de seguimiento, 180 mil ; la aplicación APP zona violeta, 60 mil; página web, 20 mil; Talleres “Manejándome con Cuidado”, dirigido a chóferes y concesionarios del transporte público de Acapulco y Chilpancingo; materiales audio visuales para la réplica de este mismo; taller al grupo de funcionariado para replica, 504 mil pesos; y campaña de comunicación en el trasporte público, espacios exclusivos para mujeres sensibilización a hombres, 936 mil pesos.
En total son 24 millones 850 mil pesos, destinados en el 2018, para la atención de la AVG, refirió Reyna Aguilar, quien insistió en que a la fecha, no saben, porque las dependencias encargadas de ejércelos, no han transparentado su aplicación, los resultados e impacto en la sociedad, que empresas consultoras, o de otro tipo fueron contratadas para ello y bajo qué criterios, nada “y es una de las acciones que debería estar haciendo el gobierno en el seno del sistema para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, subrayó.
Lamentó también que nadie este exigiendo la transparentación de los recursos, lo cual conviene al gobierno, entre menos lo sepa la ciudanía, es mejor, al mismo tiempo señaló que no todas las organizaciones son críticas, no se atreven a cuestionar al Estado; recordó que al contrario, el intento de la Semujer de cuestionar a las organizaciones sociales, y les exigió un informe de actividades, aun cuando no reciben financiamiento público, lo que fue rechazado.
Por: Josefina Aguilar Pastor