Chilpancingo, Gro., a 19 de noviembre del 206 (SG). – Con un formato caduco que no permite la rendición de cuentas, el Congreso de Guerrero, ensuciado por el tráfico de millonarios cheques entre sus miembros y la negativa de su presidente para que se aplique una auditoria, ha dado inicio la glosa del quinto año de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.
Existe una acusación de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Joaquín Badillo, se opone a contratar a un auditor externo para encontrar de dónde salieron cheques y el pago que reciben cada uno de los 46 legisladores por medio millón de pesos mensuales,.
Ante ese ambiente., el miércoles ha dado inicio el periodo de comparecencias de gobierno que serán cuestionados por diputados que han perdido la calidad moral para cuestionar al gobierno mismo.
PRI ROMPE CON EL PROTOCOLO Y DENUNCIA COMPARECENCIAS SIMULADAS EN LA GLOSA DEL INFORME
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional marcó distancia del formato oficial de comparecencias y fijó una postura política durante la comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega.
A nombre de la fracción priista, el diputado Jesús Parra García subió a tribuna, no para hacer preguntas de trámite, sino para denunciar lo que calificó como un ejercicio simulado de rendición de cuentas.
«Las comparecencias, que debieran ser una de las prácticas republicanas de mayor relevancia, se han convertido para desgracia de las y los guerrerenses en un acto para seguir cumpliendo, en unas comparecencias descafeinadas y no en una verdadera rendición de cuentas», sentenció.
Parra García dejó constancia de que el PRI no votó a favor del formato de comparecencias, porque a su juicio violenta el derecho de las y los guerrerenses a ser informados y la oposición no convalida la simulación
Cuestionó el diseño del ejercicio: 20 minutos para la compareciente, 10 minutos para cada diputado para formular reflexiones y preguntas de todas las fuerzas políticas, y apenas 15 minutos para responder cientos de cuestionamientos.
«Las comparecencias no pueden convertirse en una pasarela oficiosa o en un protocolo de rigor. Deben ser una revisión minuciosa del ejercicio constitucional. En 15 minutos no se puede contestar lo que Guerrero necesita saber», afirmó.
Por ello, hizo un llamado enérgico a la Junta de Coordinación Política: que se respete al Poder Legislativo. «Que no seamos nosotros mismos quienes nos estemos faltando al respeto en estos ejercicios democráticos», advirtió.
El legislador priista retomó una denuncia que hizo hace un año en esa misma tribuna: la anomalía constitucional de mantener como encargada de despacho a la titular de la Secretaría General de Gobierno desde el 14 de marzo de 2024.»La columna vertebral de la gobernabilidad no puede sostenerse en la interinidad perpetua. No solo es un agravio institucional a su persona y trayectoria, es una ofensa directa al pueblo de Guerrero», dijo.
Parra García dijo que, para el PRI, Guerrero exige certeza jurídica en los nombramientos, firmeza en la conducción política y estabilidad real en quienes deciden el destino de millones de familias que hoy claman paz, legalidad y rumbo.
Agregó que la oposición priista no está en contra de la Gobernadora, pero tampoco será cómplice del silencio. «Nosotros, los de oposición, como nos han catalogado, no hemos estado en contra de la Gobernadora. Aquí lo hemos sostenido. Ayudémosle a la Gobernadora. Pero tampoco podemos callarnos ante los agravios que se están viviendo en el estado», expresó.
Recordó que afuera del Congreso hay una realidad que reclama justicia: marchas, protestas y problemas sociales que se deben atender. «Acaba de pasar una marcha e inmediatamente se cerró el Congreso. Eso no es gobernabilidad», señaló.
Los cuestionamientos políticos del PRI
Aunque no los formuló en el formato limitado, Parra García dejó planteados en tribuna los temas que el PRI exige que el Gobierno responda:
- Ausencia de diálogo político.
Hace un año preguntó cuántas veces la Secretaria se había reunido con los dirigentes estatales de los partidos. Un año después, denunció que nunca hubo un diálogo directo con el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca. Exigió que, rumbo a la jornada electoral, se convoque a todas las fuerzas políticas para garantizar seguridad a quienes quieran participar.
- Servicios notariales.
¿Cuál es la postura del Gobierno sobre expandir los servicios notariales en los municipios y sobre impedir que familiares directos accedan a nuevas patentes, aunque cumplan requisitos, experiencia y conocimiento?
- Certeza jurídica.
¿Estas iniciativas ponen en riesgo la certeza y seguridad jurídica de la función notarial, en un estado donde la tenencia de la tierra y la certeza patrimonial son temas sensibles?
Con esta intervención, el Grupo Parlamentario del PRI dejó claro su papel en esta Legislatura: una oposición que no obstruye, pero que no convalida simulaciones; una oposición que ayuda cuando hay que ayudar, y que cuestiona cuando hay que cuestionar.
LA POSTURA DEL PRD
Este miércoles, durante la comparecencia de Anacleta López Vega, encargada de despacho de la dependencia, el diputado perredists Robell Urióstegui Patiño propuso otras medidas para evaluar cinco años de gobierno.
Además de contar las reuniones celebradas, planteó, hace falta saber qué acuerdos se cumplieron, qué conflictos pudieron prevenirse y qué derechos pudieron ejercer las personas que acudieron a la autoridad.
En la glosa del quinto Informe de Gobierno, su primera pregunta fue sobre lo que ocurre después de una mesa de diálogo.
Pidió a López Vega precisar qué mecanismos permitirán que cada acuerdo tenga una autoridad responsable, un plazo y una forma de verificar su cumplimiento.
Para las comunidades, sostuvo, la capacidad de concertación del gobierno se demuestra también antes de que un conflicto escale, cuando todavía hay tiempo de identificar sus causas y atender la inconformidad.
Al revisar el apartado de derechos humanos, Urióstegui señaló que el informe daba por cumplidas tres recomendaciones anteriores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y registraba otras 15 en proceso de atención.
Entre las emitidas por el organismo estatal, agregó, algunas seguían pendientes de respuesta. Preguntó qué estrategia permitirá cumplirlas y, sobre todo, cómo se corregirán las prácticas que dieron origen a las violaciones. Fijar plazos, identificar a las autoridades responsables y reparar el daño cuando corresponda fueron las tareas que puso a consideración de la funcionaria.
El diputado llevó esa reflexión a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La dependencia reportó atención a 58 periodistas y 12 personas defensoras, así como 531 acciones de seguimiento a medidas de protección.
Ante los hechos recientes que han afectado al gremio periodístico, exhortó a fortalecer la evaluación de riesgos y la coordinación con las autoridades federales. Lo que está en juego, señaló, es que cada persona reciba a tiempo una protección adecuada a sus circunstancias y pueda continuar su labor sin intimidaciones.
Al hablar de las víctimas y de las familias que buscan a una persona desaparecida, el legislador recuperó cuatro cifras del informe. La Secretaría reportó 9 mil 869 asesorías jurídicas especializadas, mil 57 atenciones psicológicas, 2 mil 303 acompañamientos individuales y 30 colectivos durante jornadas de búsqueda.
Detrás de esas cifras, recordó, hay familias que necesitan información oportuna sobre la búsqueda y la investigación. Preguntó cómo se garantizará ese acompañamiento durante todo el proceso, especialmente en las regiones donde acudir a una institución exige recorrer grandes distancias.
La misma dificultad apareció al revisar las 149 campañas itinerantes del Registro Civil, que, según el informe, atendieron a 27 mil 775 personas y tuvieron presencia en el 95 por ciento del territorio estatal. Urióstegui reconoció el alcance de las jornadas y pidió acercarlas a las localidades rurales y a las comunidades indígenas y afromexicanas. La posibilidad de obtener un documento de identidad, del que depende el acceso a otros servicios públicos, señaló, debe estar al alcance también de quienes carecen de recursos para trasladarse a una oficina.
Uno de los cuestionamientos más directos llegó al abordar el transporte público. Frente a los mil 341 operativos de inspección, las 23 mil 846 unidades verificadas y las 6 mil 909 infracciones consignadas en el informe, Urióstegui señaló que durante el primer trimestre de 2026 se reportó el asesinato de 15 transportistas en Acapulco.
Observó que el apartado dedicado al transporte omitía los ataques y la extorsión que padecen los trabajadores del sector. Su pregunta a López Vega fue concreta: «¿Qué protocolo aplica su secretaría para proteger a choferes y concesionarios frente a estas violencias?».
Para cerrar, el diputado volvió al punto de partida con un caso concreto. La Secretaría informó de 48 mesas de trabajo sobre controversias territoriales y de un seguimiento permanente al conflicto agrario entre Jicayán de Tovar y El Jicaral, Oaxaca.Sin embargo, según expuso en tribuna, en octubre se reportaron disparos que obligaron a suspender la diligencia para ejecutar una sentencia sobre 49.9 hectáreas, pendiente desde 2022. Urióstegui pidió una fecha para reprogramarla y garantías de seguridad para llevarla a cabo.
En esa última pregunta quedó resumido el criterio que propuso para evaluar la gestión: después de las mesas de trabajo, las comunidades deben poder saber quién cumplirá lo acordado, cuándo lo hará y en qué condiciones.
Con casi todo el gasto de supervisión ejercido, Ortega Jiménez pide a Bienestar explicar el poco avance de los apoyos directos
El diputado del PRD Jorge Iván Ortega Jiménez pidió al secretario de Bienestar de Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros, explicar por qué, al corte del Quinto Informe de Gobierno, la dependencia reportaba ejercido casi el cien por ciento de los recursos para supervisión, mientras que tres programas de apoyo directo registraban montos equivalentes a entre el 21 y el 49 por ciento de su presupuesto anual.
Durante la comparecencia del funcionario ante el Congreso de Guerrero, el legislador señaló que, de los 6 millones 144 mil 800 pesos aprobados para supervisar acciones, el informe reportó un gasto de 6 millones 142 mil 600 pesos.
En contraste, la inversión estatal en la pensión para personas con discapacidad equivalía al 21.2 por ciento de lo autorizado para 2026, los apoyos productivos al 25 por ciento y las acciones emergentes a cerca del 49 por ciento.
Ortega Jiménez reconoció que el periodo del informe y el ejercicio fiscal tienen fechas de corte distintas y que aún faltaban semanas para el cierre del año. Por ello, solicitó al secretario precisar cuánto se aprobó para cada programa, qué modificaciones tuvo su presupuesto y cuánto se había devengado al día de la comparecencia.
Al revisar la Pensión para el Bienestar de Guerrero, el diputado señaló que el padrón estatal pasó de 3 mil 731 personas mayores en el Primer Informe a 2 mil en el Quinto, una reducción de 46.4 por ciento.
Preguntó por qué en Acapulco permanecen sólo 126 de los 560 beneficiarios registrados al inicio de la administración. También pidió aclarar cuántos pagos bimestrales se entregaron.
Según las cifras que citó, a un padrón de 2 mil personas le corresponderían 12 mil pagos al año, mientras que el Cuarto Informe consignó 6 mil y el Quinto registró 8 mil de manera preliminar.
En materia de vivienda, retomó preguntas que, según dijo, quedaron sin respuesta en la glosa de 2025. Señaló que Bienestar reportó 636 cuartos dormitorio, 263 cuartos para baño y 236 sanitarios con biodigestor.
El costo de las mil 135 acciones, de 167 millones 306 mil 186 pesos, aparece en el apartado de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y corresponde a un convenio firmado el 28 de mayo de 2025.
Pidió precisar cuántas obras se ejecutaron entre octubre de 2025 y octubre de 2026, quién verificó su calidad de manera independiente y cuántas familias en Guerrero aún requieren vivienda digna.
De cara al presupuesto de 2027, Ortega Jiménez advirtió que entre los documentos de la iniciativa que tuvo a la vista faltaba el Anexo 23-A, al que remite el proyecto para consultar las obras y acciones de inversión. También pidió identificar el programa al que corresponden 178 millones 141 mil 75 pesos consignados por el mismo monto en los anexos de igualdad entre mujeres y hombres y de atención a la población indígena y afromexicana.
Finalmente, solicitó precisar con qué indicadores podrá el Congreso evaluar los resultados de la Tarjeta Violeta y de la pensión para personas con discapacidad.