Organizaciones campesinas y diputados del PRI advirtieron que las pérdidas agrícolas por la sequía alcanzan entre 80 y 100 por ciento en algunas regiones de Guerrero.
Exigieron a los gobiernos estatal y federal una declaratoria de desastre que permita establecer apoyos, un diagnóstico de daños y una estrategia para evitar una crisis alimentaria.
Texto: Fernando Foster
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 06 octubre de 2026. – Organizaciones campesinas y diputados del PRI exigieron al gobierno federal declarar a Guerrero en desastre por la sequía que afecta al campo, al advertir que las pérdidas de cultivos alcanzan entre 80 y 100 por ciento en algunas regiones y podrían generar una crisis alimentaria en los próximos meses.
Durante una conferencia de prensa, Guillermo Reyes Villela, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guerrero, y dirigentes de distintas organizaciones del sector señalaron que, pese a los múltiples exhortos realizados desde el Congreso local, la Cámara de Diputados y el Senado, hasta el momento no existe una respuesta concreta sobre los apoyos que recibirán los productores afectados.
Reyes Villela afirmó que, organizaciones campesinas han recorrido distintas regiones del estado y cuentan con evidencias, incluidas fotografías georreferenciadas, sobre los daños provocados por la falta de lluvias.
Señaló que incluso la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro) ha reconocido la existencia de una sequía parcial en la entidad, pero cuestionó que todavía no se conozca un programa específico de apoyo para los productores.
Por su parte, dirigentes campesinos expusieron que la problemática ha sido planteada desde julio ante distintas instancias. Recordaron que el 24 de julio se realizó un exhorto en la Comisión Permanente; posteriormente, el diputado Jesús Parra presentó otro llamado desde el Congreso local y organizaciones campesinas difundieron la problemática públicamente.
El 21 de septiembre, integrantes de diversas organizaciones realizaron bloqueos intermitentes en distintas regiones para exigir atención a la situación, mientras que posteriormente llevaron el reclamo a la Cámara de Diputados y solicitaron la intervención de las autoridades federales.
Los dirigentes también señalaron que el 29 de septiembre sostuvieron una reunión con autoridades en Palacio de Gobierno, pero aseguraron que hasta ahora continúan esperando una respuesta concreta.
Los representantes campesinos señalaron que, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los 85 municipios de Guerrero únicamente Coyuca de los Chávez y Zihuatanejo de Azueta no presentarían condiciones de sequía, mientras que el resto enfrenta distintos grados de afectación.
Ante este panorama, consideraron urgente una declaratoria de desastre que permita establecer una estrategia integral para atender las pérdidas.
“Necesitamos que haya esa declaratoria para que verdaderamente venga acompañada del qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con cuánto se va a hacer y cuándo se va a hacer”, señalaron.
Los dirigentes aclararon que las organizaciones no buscan administrar los recursos que eventualmente sean destinados al campo, sino que su demanda es que se atienda a las familias afectadas y se establezcan mecanismos transparentes de apoyo.
Advirtieron que el problema trasciende las diferencias políticas, debido a que la afectación alcanza a productores de distintas regiones y organizaciones.
“Nos cargó parejo. Aquí no podemos diferenciar. La lucha es por todas y por todos los que hacemos vida en el campo guerrerense”, expresaron.
Los representantes campesinos alertaron que la reducción de la producción de maíz podría afectar directamente el consumo de las familias rurales y generar un problema de abasto.
Explicaron que Guerrero cuenta con cientos de miles de productores, cuyos cultivos tienen como destino tanto el autoconsumo como la economía familiar. Señalaron que, ante la pérdida de las cosechas, será necesario implementar una estrategia alimentaria que permita garantizar el abasto de maíz para las familias afectadas.
Indicaron que la producción también presenta diferencias importantes entre regiones, pues mientras algunas zonas como Costa Chica, parte de la región Centro, Norte y Tierra Caliente cuentan con mejores condiciones productivas, en regiones como la Montaña la situación puede ser mucho más crítica.
Los dirigentes insistieron en que las pérdidas deben ser cuantificadas de manera oficial mediante un diagnóstico detallado que permita conocer cuántos productores resultaron afectados, cuántas hectáreas se perdieron y cuál es el monto económico de los daños.
Los campesinos plantearon que la atención no debe limitarse a la entrega de apoyos inmediatos, sino que debe contemplar una política de largo plazo para proteger a los productores ante fenómenos climáticos.
Los diputados priistas señalaron que continuarán impulsando exhortos y puntos de acuerdo para solicitar la intervención de las autoridades y que se establezcan apoyos para los productores afectados.
Los legisladores y organizaciones campesinas coincidieron en que la prioridad debe ser realizar un diagnóstico integral de los daños y definir, a partir de esa información, los recursos y mecanismos necesarios para apoyar a las familias del campo guerrerense y evitar que la pérdida de las cosechas se convierta en una crisis alimentaria.