*Según pobladores, la organización criminal plantea que las comunidades acepten su control e influencia, bajo la amenaza de as3sinar a los siete habitantes que continúan cautivos si la propuesta es rechazada.
*“No aceptamos ninguna condición que esté al margen de la ley. Por eso vivimos en un Estado de derecho y les exigimos que actúen como garantes de ese Estado de derecho”, señalaron los vecinos
Tecpan de Galeana, Gro., a 4 de octubre del 2026 (SG). – Pobladores del ejido El Balcón rechazaron la exigencia atribuida al grupo criminal La Familia Michoacana para que la comunidad y localidades cercanas queden bajo su dominio, condición que, de acuerdo con habitantes, fue planteada como requisito para respetar la vida de siete personas que permanecen privadas de su libertad desde el pasado 24 de septiembre.
El mensaje habría sido llevado hasta la comunidad por Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, quien fue liberado por sus captores el jueves y posteriormente emprendió el regreso a pie. El menor habría caminado durante varias horas antes de ser localizado por elementos del Ejército Mexicano.
Aunque la liberación del adolescente trascendió públicamente un día después, fuentes cercanas precisaron que ocurrió desde el jueves y que el menor llevaba consigo la advertencia dirigida a los habitantes de El Balcón.
Según pobladores, la organización criminal plantea que las comunidades acepten su control e influencia, bajo la amenaza de asesinar a los siete habitantes que continúan cautivos si la propuesta es rechazada.
La respuesta de los pobladores fue no aceptar someterse a ningún grupo delictivo ni negociar condiciones que impliquen colocarse fuera del marco legal.
La postura fue comunicada al subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien ha mantenido contacto con los familiares de las personas desaparecidas desde que se conoció el caso.
Los habitantes también expresaron su inconformidad por la manera en que el Ejército entregó al menor a sus familiares, pues aseguraron que fue presentado esposado y que los militares llevaban el rostro cubierto.
“Nos molestó que los soldados nos lo entregaran como delincuente, esposado, y estaban encapuchados; eso no se vale”, señalaron familiares.
Ante la amenaza, los pobladores demandaron la intervención de las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de las comunidades y evitar que un grupo criminal imponga su voluntad mediante la violencia.
“No aceptamos ninguna condición que esté al margen de la ley. Por eso vivimos en un Estado de derecho y les exigimos que actúen como garantes de ese Estado de derecho. Un grupo al margen de la ley no va a someter a una comunidad”, sostuvieron.
Los pobladores insistieron en que corresponde al Estado hacer frente a la situación y garantizar tanto la integridad de los siete habitantes que continúan cautivos como la seguridad de las comunidades serranas de la región.