La investigación alcanza al periodo en que Jesús Urióstegui era presidente de la Jucopo; Héctor Áviles, su suplente, y Esli Navarrete ocupaban cargos administrativos en el Legislativo
Chilpancingo, Gro., 9 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una línea de investigación sobre el presunto cobro irregular de cheques expedidos a nombre de la diputada de Morena, Guadalupe García Villalva, y solicitó al Congreso de Guerrero información sobre 50 documentos bancarios, las personas que autorizaron su emisión y quienes finalmente los cobraron.
El requerimiento ministerial cobra relevancia debido a que entre las personas cuya relación laboral y registros administrativos fueron solicitados aparece Héctor Áviles Cruz, diputado suplente de Jesús Urióstegui García, quien durante el periodo en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso.
También aparece Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien durante ese mismo periodo ocupaba la Dirección de Administración y Finanzas del Poder Legislativo.
El oficio número 20053, fechado el 1 de septiembre y firmado por el agente del Ministerio Público Marco Antonio Ávila Baltazar, forma parte de la carpeta de investigación 12020090101208310826, iniciada por hechos con apariencia de los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado, en agravio de Guadalupe García Villalva.
La Fiscalía pidió al Congreso informar si Áviles Cruz, Navarrete Cisneros y otras seis personas cuentan o contaron con registros laborales en el Legislativo, así como sus áreas de adscripción, horarios, domicilios y medios de localización.
El requerimiento no establece que Áviles Cruz o Navarrete Cisneros sean responsables de los hechos investigados, pero sí solicita información sobre ellos y documentación relacionada con sus expedientes laborales.
Van sobre 50 cheques
Uno de los puntos centrales de la investigación es una cuenta bancaria de BBVA, identificada con el número 00126475493, respecto de la cual la Fiscalía pidió al Congreso precisar si pertenece o perteneció al Poder Legislativo, qué tipo de cuenta es y quiénes son o fueron sus titulares. Además, solicitó confirmar la expedición de 50 cheques.
La autoridad ministerial busca conocer quién autorizó cada cheque, cuál fue el motivo de su expedición, quién los cobró y si los beneficiarios eran trabajadores del Congreso.
La Fiscalía también pidió los documentos originales firmados por las personas que recibieron los cheques y copias certificadas para realizar los dictámenes que correspondan.
Buscan más operaciones
La investigación no se limita a los 50 cheques.
El Ministerio Público solicitó al Congreso informar si entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2026 fueron expedidos otros cheques a favor de Guadalupe García Villalva que hayan sido cobrados por Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Áviles Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chaves Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña o Samir Robles Estrada.
En caso de existir más operaciones, la Fiscalía requirió copias certificadas de esos documentos.
El Congreso tiene un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la recepción del oficio para entregar la información y documentación solicitada.
El caso deriva de una denuncia relacionada con el presunto uso irregular de documentos y recursos del Congreso, y ahora la Fiscalía busca reconstruir quién autorizó, quién recibió y quién cobró los cheques, además de determinar la intervención que pudieron tener funcionarios y trabajadores del Poder Legislativo durante el periodo bajo investigación.
Además de estas anomalías, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por mas de 15 millones de pesos correspondientes al primer semestre del año, de acuerdo a lo publicado por el periódico Reforma, aunque versiones señalan que se trata de 150 millones de pesos.
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