Chilpancingo, Gro., a 9 de septiembre de 2026. – En una nota publicada y distribuida por la editorial El Tlacolol, y firmada por el reportero Jesús Guerrero, se informa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al Congreso de Guerrero un daño por 90 millones 738 mil 500 pesos de recursos sin aclarar de la cuenta pública de 2020, durante la LXII Legislatura.
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero se estableció el 1 de septiembre de 2018 y concluyó el 31 de agosto de 2021, ejerciendo durante la gubernatura de Héctor Astudillo Flores y estuvo integrada por 28 diputados electos por mayoría relativa y 18 designados mediante representación proporcional. en las elecciones estatales de 2018 de los que 19 fueron de MORENA, 10 del PRI, 7 del PRD, 2 del partido Verde, uno al PT y uno al PAN.
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero (que ejerció del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021) tuvo como órgano máximo de gobierno a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Debido a reestructuraciones internas de las bancadas mayoritarias, la presidencia de este órgano estuvo a cargo de tres legisladores de forma consecutiva
Para esa legislatura hubo tres presidentes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO):
- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena): Fungió como el primer presidente de la JUCOPO al instalarse la legislatura en septiembre de 2018.
- Antonio Helguera Jiménez (Morena): Asumió la coordinación y la presidencia del órgano tras la salida de Sandoval Ballesteros.
- Alfredo Sánchez Esquivel (Morena): Condujo el tramo final y el cierre de los trabajos de esta legislatura.
Según la investigación, en una primera acción —2020-A-12000-19-0863-06-003—, la ASF presume que el Poder Legislativo local cometió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 55 millones 520 mil pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales a entidades federativas.
De acuerdo con la ASF, el Congreso de Guerrero no acreditó la comprobación de las erogaciones realizadas por concepto de Apoyo para Atención Ciudadana, debido a que solo se presentaron facturas y reportes de las actividades legislativas sin evidencia fotográfica de los bienes otorgados.
“Tampoco [el Congreso de Guerrero] presentó evidencia documental de la solicitud de apoyo por parte de la ciudadanía, ni de su entrega, ni de que estos estén vinculados a las facturas”, señala la ASF.
En la segunda acción —2020-G-12000-19-0883-06-001—, la Auditoría presume otro daño a la Hacienda cometido por el Congreso por un monto de recursos de 35 millones 218 mil 500 pesos.
La irregularidad en que incurrió el Congreso es que gastó esos 35 millones 218 mil 500 pesos en pagos en exceso con respecto al límite permitido en la asignación global de servicios personales.
La ASF investiga si esos más de 90 millones de pesos que el Congreso de Guerrero no ha comprobado fueron desviados, lo que implicaría un delito.