Acapulco, Gro. – a 26 de agosto del 2026 (SG). – El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, rechazó que sus obras hayan provocado inundaciones en la Costera de Acapulco y sostuvo que no ejecuta infraestructura hidráulica en la avenida Miguel Alemán y sostuvo que los trabajos en el acceso a playa El Morro corresponden al municipio, mientras profesionales de la construcción exigen aplicar el Código Penal a funcionarios municipales que, mediante actos de corrupción, construyeron un dique que inunda a Costera Miguel Alemán.
A través de la Tarjeta Informativa 006/2026, Fonatur rechazó las versiones difundidas en medios digitales que atribuyen a las obras realizadas en la Costera Miguel Alemán, esquina con la calle Juan de la Cosa, problemas para el desalojo de agua pluvial. El organismo federal calificó como “falso” que sus trabajos hayan provocado las inundaciones registradas recientemente en Acapulco, las cuales generaron acumulaciones de agua y afectaciones a la circulación en distintos puntos del puerto.
Fonatur pidió a la población evitar difundir información sin sustento técnico y consultar fuentes oficiales para conocer las características y responsables de las obras de infraestructura que actualmente se realizan en Acapulco.
Por su parte, arquitectos e ingenieros asociados en agrupaciones gremiales sostienen que Acapulco sufre la rapiña de una burocracia que convirtió la infraestructura pública en un botín entre compadres.
La llamada obra del «Acceso a Playa El Morro», con una inversión de 26.7 millones de pesos ejecutada en la calle Juan de la Cosa, con recursos municipales y de ZOFEMAT, es la causa directa de que la avenida Costera Miguel Alemán terminara inundada en plena temporada vacacional.
Acusan que el origen de este entramado apunta a un mismo origen: la Facultad de Contaduría de la UAGro y la que alguna vez fue la Universidad Americana de Acapulco.
Ahí coinciden, señalan, el actual secretario de Finanzas municipal, Carlos Armando Morillón Ramírez y los socios de Cruz Grande Construcciones S.A de C.V., Julián Serrano Torres y Elsa Torres Cuevas, quienes, se sabe, son los propietarios de la empresa que ha construido un dique en lo que debe ser un canal pluvial que evite inundaciones en ese tramo de la avenida costera.
Ingenieros civiles agremiados en un colegio dieron a conocer que la licitación de la obra fue ganada por uno de sus socios, sin embargo, éste fue amenazado para ceder la obra a la empresa propiedad de este trío, lo que evidencia que el contrato no se ganó por capacidad técnica, sino por una fraternidad de negocios previa.
Los profesionales de la construcción acusan de que, a causa de esa fraternidad de negocios, desde la Secretaría de Finanzas municipal, se hace que los pagos fluyan con puntualidad quirúrgica, mientras la obra física arrastra un retraso estancado en un mediocre 65% y un plazo vencido desde hace meses.
“Taparon el flujo natural de desfogue, ahogaron los comercios de la Costera y provocaron socavones; aun así, el gobierno municipal no rescinde el contrato ni ejecuta las fianzas. Hay una prisa sospechosa para soltar el dinero del erario, pero una tolerancia infinita para solapar la incompetencia”, acusaron.
Llamaron a las autoridades a aplicar las sanciones previstas en el catálogo del Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues existe un conflicto de interés, tráfico de influencias y omisión de funciones.
“El desastre en el acceso a El Morro confirma lo que tanto le duele al puerto: la obra pública se convirtió en un club de amigos donde la academia pervirtió sus aulas para graduarse con honores en el saqueo de Acapulco”, acusaron.
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