**El presidente de la Jucopo del Congreso local dijo que hubo elementos suficientes para vincularlo a proceso
Marcial Campuzano
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, rechazó que el proceso penal iniciado contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por presuntos delitos relacionados con la destrucción y obstrucción de pruebas del caso Ayotzinapa tenga tintes políticos, y sostuvo que las instituciones deben actuar conforme al debido proceso.
En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la Fiscalía General de la República encontró elementos jurídicos y probatorios suficientes para vincular a proceso al exmandatario, por lo que corresponde a las autoridades judiciales determinar su situación jurídica y las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.
Badillo Escamilla consideró que a casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cualquier avance en las investigaciones representa un paso hacia el esclarecimiento de los hechos, y subrayó que han sido señalados y procesados distintos actores vinculados con el caso.
El coordinador parlamentario de Morena insistió en que no existe una persecución política y señaló que los procedimientos judiciales tienen sus propios tiempos. Añadió que el debido proceso puede implicar retrasos cuando las personas citadas a declarar presentan recursos o circunstancias que deben ser atendidas por las autoridades.
Respecto a las declaraciones de dirigentes del PRI que han solicitado la intervención de organismos internacionales, Badillo Escamilla defendió la soberanía nacional y calificó de “vendepatria” al dirigente nacional priista por pedir que Estados Unidos intervenga en asuntos de justicia mexicana.
El diputado sostuvo que no puede equipararse el caso de Aguirre Rivero con señalamientos realizados desde el extranjero contra otros funcionarios, pues, afirmó, en Ayotzinapa se trata de una investigación desarrollada por instituciones mexicanas a partir de hechos ocurridos en Guerrero.
Sobre la posibilidad de que el proceso contra el exgobernador contribuya a esclarecer lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, consideró que cualquier nueva prueba, testimonio o declaración puede ayudar a conocer la verdad, y aseguró que el caso no representa el desenlace de la investigación, sino una etapa más de un proceso que podría derivar en nuevas acciones judiciales.
Badillo Escamilla también sostuvo que la llamada “verdad histórica” quedó superada desde antes. Señaló que las investigaciones han permitido replantear distintos aspectos del caso y cuestionar elementos de aquella explicación oficial.
En otro tema, el presidente de la Jucopo informó que el Congreso estatal atenderá planteamientos de organismos empresariales de Chilpancingo relacionados con las leyes de ingresos municipales, cobros por licencias de funcionamiento, servicios de agua y medidas para impulsar el desarrollo económico. Dijo que también se revisarán demandas sobre limpieza urbana y condiciones que favorezcan al comercio y al turismo en la capital del estado.
Comentarios
comentarios