Marcial Campuzano
En un mitin realizado en el antimonumento de los 43 ubicado en el Monumento a Las Banderas, padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos respaldaron los señalamientos de la Fiscalía federal contra el exgobernador Ángel Aguirre, y exigieron que sea procesado por su presunta participación en la obstrucción y destrucción de evidencias relacionadas con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En la protesta, los familiares sostuvieron que Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos, tenía conocimiento de las actividades que realizaban los normalistas y de la movilización de las distintas corporaciones de seguridad, por lo que rechazaron su argumento de que desconocía lo que ocurría durante las primeras horas de los ataques y afirmaron que, como titular del Poder Ejecutivo estatal, tenía la responsabilidad de actuar para evitar la agresión contra los estudiantes.
Los padres señalaron particularmente la desaparición de registros de cámaras de videovigilancia de Iguala, entre ellas las ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia, como uno de los elementos que, desde su perspectiva, debe ser esclarecido, y recordaron que las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contribuyeron a fortalecer sus cuestionamientos sobre el manejo de evidencias y la actuación de las autoridades.
Frente a la audiencia que enfrenta el exgobernador, los familiares advirtieron que no aceptarán una detención que termine convertida en una estrategia para aparentar resultados, exigieron que la investigación determine responsabilidades y que Aguirre Rivero revele qué ocurrió con las evidencias que desaparecieron, quién ordenó su destrucción o alteración y qué funcionarios tuvieron participación en esas acciones.
“No queremos simulación, queremos justicia”, fue el planteamiento central de los familiares, quienes reclamaron que la Fiscalía General de la República aplique la ley y lleve ante los tribunales a todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales, al tiempo de considerar como insuficiente que se anuncien detenciones si éstas no permiten conocer el paradero de los 43 estudiantes ni establecer toda la cadena de responsabilidades.
En el mitin, uno de los padres sostuvo que los hechos del 26 de septiembre fueron responsabilidad del Estado, y acusó de omisión a las autoridades que estaban al frente de las instituciones de seguridad en 2014. Afirmó que los familiares no buscan otra cosa que conocer el paradero de sus hijos, recuperar la verdad sobre lo ocurrido y conseguir que quienes participaron en los ataques sean castigados.
Los padres también demandaron que las investigaciones alcancen a otros funcionarios vinculados con el caso, entre los que mencionaron durante la protesta figura la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín; el exfiscal estatal Iñaki Blanco Cabrera, además de otros integrantes del gabinete de Seguridad de Aguirre Rivero, a quienes los manifestantes señalaron por sus posibles responsabilidades en la investigación y preservación de evidencias.
Las madres y padres cuestionaron los resultados obtenidos durante los casi 12 años transcurridos desde la desaprición de los normalistas. Recordaron que tres administraciones federales han enfrentado el caso —Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y actualmente Claudia Sheinbaum— sin que las familias hayan recibido una respuesta definitiva sobre el destino de sus hijos.
En su mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares pidieron que el compromiso expresado por su gobierno para esclarecer el caso Ayotzinapa se traduzca en resultados concretos. Señalaron que las víctimas ya no quieren discursos ni falsas expectativas, sino avances verificables que permitan establecer qué ocurrió con los estudiantes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
Durante su intervención, una madre de familia reprochó también las decisiones judiciales que, en casos anteriores relacionados con Ayotzinapa, permitieron que personas detenidas obtuvieran beneficios procesales. Recordó el caso del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam y cuestionó que, pese a las detenciones realizadas, las familias continúen sin conocer el paradero de los jóvenes.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa reiteraron que mantendrán la lucha junto con las familias y recordaron a los 3 normalistas asesinados durante los hechos: Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. En particular, condenaron el asesinato de Mondragón Fontes y exigieron que las investigaciones sobre el caso continúen hasta identificar y sancionar a los responsables.
Los manifestantes también reclamaron avances en las investigaciones contra otros funcionarios señalados en torno al caso, entre ellos Tomás Zerón de Lucio y Lambertina Galeana Marín. Al cerrar el mitin, padres, madres y estudiantes advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener verdad, justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, además del castigo para todos los responsables de los ataques y de las acciones que, según denunciaron, contribuyeron a ocultar o destruir evidencias.
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