Postura del ayuntamiento de Acapulco ante fallo del Poder Judicial

Ante el pronunciamiento emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Controversia Constitucional 174/2025, el Gobierno Municipal de Acapulco precisa que el sentido del fallo debe entenderse conforme a lo resuelto por el máximo tribunal del país.
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Ante el pronunciamiento emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Controversia Constitucional 174/2025, el Gobierno Municipal de Acapulco precisa que el sentido del fallo debe entenderse conforme a lo resuelto por el máximo tribunal del país.

La Suprema Corte determinó la invalidez del Informe Individual de Auditoría y del requerimiento de información emitidos por la Auditoría Superior del Estado, al establecer que dichos actos no se ajustaron al orden constitucional en materia de competencias para la fiscalización de recursos federales.

La controversia no tuvo como objeto determinar la existencia de irregularidades en el uso o destino de los recursos públicos, sino resolver sobre la validez de los actos emitidos dentro del procedimiento de fiscalización. Por ello, resulta improcedente sostener señalamientos sobre presuntas irregularidades a partir de actuaciones que fueron declaradas inválidas por la autoridad competente.

El Gobierno Municipal reconoce las atribuciones de las instituciones fiscalizadoras dentro del ámbito que establece la Constitución y reitera su disposición para colaborar con las autoridades competentes, siempre bajo principios de legalidad, transparencia y respeto al Estado de Derecho.

Asimismo, el comunicado emitido por la Auditoría Superior del Estado presenta una interpretación que no corresponde al sentido de la resolución de la Suprema Corte, al insistir en asociar el fallo con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos federales, cuando la materia de análisis del máximo tribunal se limitó a la constitucionalidad de los actos impugnados. Las facultades de fiscalización permanecen plenamente vigentes, pero, como toda atribución pública, deben ejercerse dentro de los límites y procedimientos que establecen la Constitución y la ley.

El Ayuntamiento de Acapulco ha atendido en tiempo y forma los requerimientos derivados de los procesos de fiscalización realizados por las autoridades competentes, tanto estatales como federales, con plena disposición para aportar la información necesaria conforme a los procedimientos establecidos. Los recursos legales relacionados con este asunto continúan en análisis y, en los próximos días, se ampliará la información correspondiente conforme avance el proceso.

El Gobierno Municipal continuará con la defensa de la legalidad, la autonomía municipal y la correcta aplicación de los recursos públicos, con la certeza de que el ejercicio de las facultades institucionales debe apegarse siempre al marco constitucional.

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