CHILPANCINGO, Gro. – El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que pese a la presencia de retenes militares y de fuerzas de seguridad en la región de La Montaña Baja de Guerrero, las comunidades indígenas atacadas por grupos armados permanecen desprotegidas y sin una intervención efectiva del Estado.
El defensor de derechos humanos señaló que las agresiones contra comunidades indígenas de Chilapa se desarrollan en zonas donde desde hace años existe presencia militar permanente.
“Hay retenes militares, hay un retén en Tula, hay un retén en El Jagüey. Sin embargo, estos retenes son pasivos, no intervienen”, afirmó.
Barrera Hernández explicó que la región afectada comprende comunidades indígenas nahuas ubicadas en el corredor de La Montaña Baja, particularmente en municipios como Chilapa, Zitlala y zonas colindantes con Quechultenango y la región Centro del estado.
Indicó que las comunidades de Tula, Xicotlán, Ahuehuepan y Alcozacán, junto con otras localidades integradas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), enfrentan desde 2015 ataques constantes atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”.
Recordó que en enero de 2020 fueron asesinados 10 músicos indígenas de Alcozacán y señaló que hasta la fecha no existe justicia por ese caso ni garantías de seguridad para las comunidades.
El activista acusó además que las fuerzas de seguridad han permitido el libre tránsito de convoyes armados en la región, pese a la existencia de puestos de vigilancia militar.
Como ejemplo, mencionó el asesinato de un comandante de la policía comunitaria y cuatro trabajadores de la construcción en Xicotlán, perpetrado por hombres armados que entraron y salieron de la zona sin ser detenidos.
“Entonces la gente dice: ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó.
Barrera Hernández también criticó la respuesta de las autoridades estatales, al considerar que minimizan la dimensión de la crisis humanitaria y el número real de desplazados.
Finalmente, advirtió que el uso de drones con explosivos y armamento de alto calibre marca una escalada preocupante de la violencia en la región y evidencía la ausencia de una estrategia efectiva para proteger a la población civil indígena.