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Acapulco, Gro., a 11 de febrero del 2026 (SG). – El gobierno municipal de Acapulco encabezado por Abelina López Rodríguez ha responsabilizado a la consejera jurídica de la presidencia de la República, Estela Damián Peralta y al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, de haber operado para que el gobierno federal audite a la administración municipal de Acapulco, durante el ejercicio fiscal del año 2025.
Has sido en la página personal de uno de los asesores mayormente influyentes en la administración municipal, Miguel Ángel López Sotelo, en donde se acusa a uno de los hermanos de la funcionaria federal, quien trabaja en la Auditoría Superior de la Federación, de haber operado para afectar la buena imagen de Abelina López Rodríguez, por instrucciones de su hermana y del exgobernador Aguirre.
La publicación va acompañada por una nota informativa, publicada en una página llamada Canal 8 TV, cuyo origen se pierde entre miles de páginas que operan al servicio de ciertos sectores de los gobiernos, financiados con dinero público para desprestigiar a otros sectores de la sociedad.
La publicación hace ver que es el grupo del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien golpetea a la alcaldesa de Acapulco, en un clima de precampañas por la candidatura de MORENA a la gubernatura de Guerrero.
La nota en mención se titula: «Auditoría a Acapulco desata dudas por presuntos vínculos políticos dentro de la ASF» y en los subtítulos agrega: «La revisión al gasto federal coincide con la presencia de un exfuncionario ligado al grupo de Ángel Aguirre. El gobierno de Abelina López Rodríguez sostiene que el proceso no implica irregularidades».
Enseguida el texto completo de la nota de marras:
Acapulco, Gro., 10 de febrero de 2026.- La Auditoría Forense aplicada al Ayuntamiento de Acapulco, anunciada como parte del programa anual de fiscalización del gasto federal, comenzó a generar cuestionamientos en el ámbito político local por los perfiles que participan dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación y sus vínculos con antiguos grupos de poder en Guerrero.
Aunque este tipo de revisiones amplía la verificación documental y permite solicitar información directa a proveedores y contratistas, la figura no constituye investigación penal ni presume irregularidades. Se trata de un procedimiento técnico que replica las auditorías tradicionales con mayor alcance.
Sin embargo, la atención se desplazó del proceso al contexto. En la estructura de la ASF figura Alfonso Damián Peralta, director de área con un salario mensual superior a los 160 mil pesos, hermano de Estela Damián Peralta, política señalada en Guerrero por presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias.
El nombre no pasa inadvertido. Durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Damián Peralta ocupó cargos estratégicos en órganos de fiscalización estatal, etapa en la que adversarios políticos denunciaron auditorías selectivas y presiones dirigidas contra figuras incómodas para ese grupo.
Siendo subsecretario de Educación en Guerrero con Agurre Rivero, hay registros periodísticos y denuncias públicas que lo vinculan con asignaciones de contratos sin licitación y decisiones administrativas que beneficiaron a empresas cuestionadas con vínculos con el CO. Hay antecedentes que hoy reavivan sospechas sobre la imparcialidad con la que podría conducirse cualquier revisión relacionada con actores políticos de Guerrero.
En ese escenario, sectores locales interpretan la auditoría al puerto no sólo como un trámite técnico, sino como parte de una disputa política de mayor calado rumbo al proceso electoral de 2027, donde Acapulco y la figura de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez se mantienen como piezas clave.
El gobierno municipal ha reiterado que la fiscalización no implica señalamientos ni observaciones y que la totalidad del gasto federal cuenta con respaldo documental, por lo que la revisión, sostienen, confirmará el manejo correcto de los recursos.
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