Aseguran funerarias de Iguala por el caso Ayotzinapa

Al menos dos funerarias, propiedad de la familia Rueda, han sido clausuradas y aseguradas por fuerzas de seguridad federales debido a que, presuntamente, estarían relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Iguala, Gro., a 9 de octubre del 2025 (SG). – Al menos dos funerarias, propiedad de la familia Rueda, han sido clausuradas y aseguradas por fuerzas de seguridad federales debido a que, presuntamente, estarían relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La mañana de este jueves, fuerzas de Seguridad Federal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron un operativo sorpresa en el municipio de #Iguala, #Guerrero. Asegurar0n las instalaciones de las funerarias Rueda y El Ángel, así como el Servicio Médico Forense (#SEMEFO).

El primer aseguramiento se efectuó en la funeraria Rueda, ubicada en la calle Bandera Nacional esquina Josefa Ortiz de Domínguez, y posteriormente en la funeraria El Ángel, situada en el acceso a la comunidad Rancho del Cura.

De acuerdo con fuentes oficiales, el SEMEFO, también propiedad de los mismos dueños de ambas funerarias, fue igualmente asegurado.

En los accesos de la funeraria Rueda se colocaron sellos con la leyenda:
“INMUEBLE ASEGUR4D0. UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN PARA EL CASO AYOTZINAPA. DELIT0: Contra la Salud

A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILICA), aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y las funerarias El Ángel y Rueda, señaladas en la indagatoria por su posible vínculo con los delitos de desaparición forzada y delitos contra la salud.
La diligencia forma parte de una serie de acciones emprendidas por la UEILICA para esclarecer el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, así como para identificar a los actores institucionales y particulares que habrían participado o encubierto los hechos.

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