La extorsión es uno de los delitos con mayor crecimiento en el país, afectando tanto a ciudadanos como a comerciantes, transportistas y productores. En respuesta, el Gobierno de México puso en marcha una Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en las ocho entidades federativas que concentran el 66 % de las denuncias registradas a nivel nacional.
De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estas entidades registran el mayor número de carpetas de investigación por este delito, lo que las coloca como prioridad operativa para las autoridades federales y estatales.
“Ocho entidades acumulan el 66 % de las extorsiones a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán”, explicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estados con mayor número de denuncias
Durante la presentación oficial, se detalló el número de casos por entidad:
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Estado de México: 2,049 casos
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Guanajuato: 879
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Nuevo León: 645
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Ciudad de México: 602
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Veracruz: 585
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Jalisco: 178
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Guerrero: 47
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Michoacán: con alta incidencia, aunque sin cifra especificada
La SSPC aclaró que estos datos corresponden a carpetas iniciadas por denuncias formales. En el caso de Michoacán, se puntualizó que las extorsiones están dirigidas particularmente al sector agrícola, incluyendo a productores locales.
Cinco líneas de acción clave
La estrategia nacional contempla cinco ejes de actuación, diseñados para intervenir tanto en la prevención como en la persecución del delito:
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Detenciones a partir de investigación e inteligencia.
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Fortalecimiento de Unidades Antiextorsión en estados prioritarios.
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Protocolos homologados para atención a víctimas.
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Capacitación del personal del 089, línea nacional de denuncia anónima.
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Campaña nacional de prevención, orientada a ciudadanía, empresarios y sectores vulnerables.
Adicionalmente, se ordenó el bloqueo inmediato de líneas telefónicas utilizadas para realizar llamadas de extorsión, así como intervenciones en penales federales y estatales para decomisar dispositivos móviles desde donde se operan estos delitos.