José Antonio Rivera Rosales

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   José Antonio Rivera Rosales

  En días pasados, el abogado Vidulfo Rosales Sierra hizo una revelación que le da un sesgo sorprendente a la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.

Rosales Sierra, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, concedió una entrevista a Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratin Guerrero, en la que -como en pocas ocasiones- hace una revelación contundente: el Ejército trasladó a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería a un grupo numeroso de estudiantes de Ayotzinapa, a los que primero torturó y luego les dio muerte.

Rosales dijo contar con un testigo de los hechos que ha declarado hasta tres veces ante el Ministerio Público e inclusive ante un juez. Si esas acusaciones son ciertas, confirmaría que estamos ante un crimen de estado que debe ser esclarecido totalmente y sus autores encarcelados con cadena perpetua.

En anteriores ocasiones los agraviados han acusado al Ejército de estar involucrado con semejante atrocidad, pero es la primera vez que se produce una acusación tan directa y cruda que implicaría a mandos del instituto armado.

La revelación coincidió con la liberación de un grupo de ocho militares de los batallones 27 y 41, concedida por un juez federal, para que sigan su proceso en libertad. Los citados militares están bajo proceso penal por dos delitos: desaparición forzada y delincuencia organizada. En el primer caso por su presunta implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, mientras que en el segundo por su presunta relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos, lo que es casi lo mismo pues fue esa estructura criminal la que operó la desaparición de los muchachos.

La revelación de Rosales Sierra ofrece una lectura que, en los hechos, constituye una nueva dimensión sobre la desaparición forzada de los estudiantes, lo que obligó a dimitir al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pese a ser totalmente ajeno a la tragedia. Es, por cierto, una dimensión perturbadora.

De resultar cierta la denuncia, la evidencia daría un vuelco fenomenal al caso, que pasaría de ser la operación de un grupo criminal a ser, efectivamente, un crimen de estado, con todo lo que ello implica.

En principio en este espacio habíamos advertido que, si no hubo complicidad del Ejército con los criminales de GU, por lo menos hubo una omisión censurable dado que sus mandos siempre estuvieron enterados, en tiempo real, de lo que acontecía en Iguala.

En el caso de los batallones, existe un organismo denominado Servicio de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO) que le informa al mando local, a través de un oficial de inteligencia, lo que acontece en el entorno inmediato de la unidad, sea legal o ilegal.

Además, existe un número indeterminado de elementos adscrito a un Grupo de Información de Zona (GIZ) -gises, les dicen- que le informa directamente al mando zonal, sin perjuicio de que también informe al mando del batallón. Ello, sin contar con que eran los militares quienes tenían el control y seguimiento del C-4 establecido en Iguala.

Al menos estos dos organismos mantuvieron informado al comandante de batallón y al comandante de zona de todo lo que sucedió esa noche aciaga en Iguala. Sin contar con otros agentes que suelen operar de manera más suelta, adscritos en ocasiones a grupos especiales que sólo informan al mando central.

Así las cosas, es obvio que los mandos del Ejército siempre estuvieron atentos a lo que ocurría aquella noche en que se desató una cacería humana por las calles de Iguala.

Por eso es tan preocupante que ahora aparezca un testigo que sostiene ante el MP y un juez que los militares introdujeron a los jóvenes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, donde terminaron por ejecutarlos.

Si se confirman las acusaciones del testigo, entonces estamos ante un crimen de estado equiparable a la matanza de Tlatelolco.

Fue probablemente con base en dicho testimonio que la Comisión de Ayotzinapa (COVAJ), presidida entonces por Alejandro Encinas, solicitó orden de aprehensión contra mandos y personal de tropa del Ejército.

En lugar de esclarecerse, la indagatoria podría alcanzar a jefes más importantes del instituto armado que, colocados hacia arriba en la línea de mando, tendrían que dar explicaciones ante los tribunales.

Hasta ahora, los mandos involucrados son el general José Rodríguez Pérez, quien operaba como mando del 27 Batallón de Infantería (con rango de coronel por aquel entonces), así como el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, de la que dependía directamente el batallón.

Pero estos militares no se mandaban solos: en la línea de mando figura el general Martín Cordero Luqueño, por esas fechas comandante de la Novena Región Militar, de quien dependía el general Saavedra Hernández.

Y, si se le sigue hurgando, la indagatoria podría llegar hasta el Alto Mando.

Tal vez esa condición especial es lo que orilló al presidente Andrés Manuel López Obrador a cortar de un manotazo la investigación, porque entonces saldrían raspados varios de sus amigos en el Ejército e, inclusive, el expresidente Enrique Peña Nieto quien, en términos de legalidad constitucional, fungía como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El caso es que, caiga quien caiga, los mexicanos deben conocer qué fue lo que pasó esa funesta noche de Iguala.

En este punto habrá que mencionar que hace años surgió una información delicada que jamás conoció la luz pública. Según la versión, enteramente creíble, en algún momento un grupo nutrido de padres de los 43 desaparecidos -al parecer, unos 15 a 20- fueron llamados por mandos del Ejército que les ofrecieron una ayuda económica tasada entre 400 y 500 mil pesos por cada uno de los caídos.

Aunque hubo reticencias entre los padres, la mayoría aceptó el dinero con la garantía de que seguirían en sus demandas por la presentación con vida de sus hijos. Este trato, que se llevó a cabo en la más absoluta discreción, nunca se dio a conocer a la opinión pública.

Los padres siguieron reclamando, como hasta la fecha lo hacen. Pero igualmente se guardaron la información sobre el dinero recibido.

¿De qué otras cosas nos enteraremos sobre el caso Ayotzinapa?

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