José Antonio Rivera Rosales
En el climax político de su encuentro con simpatizantes, el pasado jueves 3 , Marcelo Ebrard prometió recuperar para Acapulco los años dorados, así como sanear la bahía y garantizar la salud con cobertura universal.
El aspirante presidencial fue ovacionado calurosamente por los cientos de asistentes a ese mitin en el que participaron viejos cuadros del priismo y del perredismo, además de militantes de Morena que, de esta manera, le dieron calor político en el contexto de la puja por la candidatura a la presidencia de la república.
Empero, en el evento Ebrard omitió recordar su promesa de tres meses atrás, cuando aseguró que por estas fechas el puerto de Acapulco estaría pacificado.
No fue así. Por el contrario, la violencia criminal se disparó al extremo de colocar al puerto en el cuarto lugar nacional entre los 19 municipios más violentos del país, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La violencia criminal de este puerto sólo es superada por los municipios de Tijuana (BCN), Juárez (Chihuahua) y León (Guanajuato)), municipios que se llevan las palmas por sus tristes y onerosos primeros lugares en materia de homicidios dolosos. Tras ellos, con un nada honroso cuarto lugar, aparece Acapulco blandiendo su nueva estrategia bautizada como Fuerza Acapulco.
Cobijado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, el excanciller visitó Acapulco el pasado 19 de abril para apadrinar la entrega de 100 patrullas nuevas y cuatro ambulancias con las que, en teoría, el municipio que encabeza la oaxaqueña estaría en condiciones de hacer frente a la violencia criminal que asuela al puerto.
En esa misma ocasión tanto Abelina como su séquito municipal anunciaron la operación de esta nueva estrategia policial denominada Fuerza Acapulco, con la que se combatiría al crimen. Fue ahí cuando Ebrard fijó el plazo de tres meses para lograr la pacificación o, al menos, la disminución de la violencia causada por el crimen organizado y la delincuencia común que mantienen bajo asedio a la ciudadanía (de hecho, según una encuesta de INEGI, el 67 por ciento de la población encuestada dice vivir en un municipio inseguro).
En teoría, el plazo venció el 19 de julio pasado pero lo único que cambió, para mal, fue el incremento de los homicidios dolosos, cuyo número se duplicó para agonía de los acapulqueños.
De acuerdo con los datos de la SSPC, entre junio y julio de 2023 los homicidios dolosos -el delito que más dolor causa a las familias guerrerenses- se disparó en un 60 por ciento, lo que convierte a Acapulco en el municipio con mayor número de muertes violentas en el estado de Guerrero.
Claro que de eso el pasado jueves nada habló el excanciller -se le olvidó, pues, y a nadie se le ocurrió recodarle-, quien en los hechos aquel 19 de abril pasado nada tenía que hacer en la entrega de las nuevas patrullas al municipio porque en realidad se trató de un acto propagandístico que le organizó la alcaldesa López Rodríguez: fue un evento indebido porque se trató de un acto de gobierno, usando recursos del erario y protagonizado en horas de trabajo.
Pero en aras de competir en la puja por la candidatura presidencial, nada de eso le importó a Abelina, más ocupada en transitar a su próximo cargo público que en garantizar la tranquilidad de la población de Acapulco, el municipio que concentra el 70 por ciento de la actividad económica y el 25 por ciento de la población total del estado.
Después se sabría que las patrullas ni eran nuevas ni fueron donadas al municipio: fueron arrendadas -con un pago mensual de 2.5 millones- a la empresa Casanova Vallejo, una firma inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimientos previos de contratos con el gobierno. La inhabilitación, aunque Abelina lo niegue, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2022.
El propietario de la firma, Carlos Echenique, tuvo el descaro de presumir ante algunos empresarios que pagó un soborno de cinco millones de pesos en efectivo a servidores públicos para que su empresa no resultara boletinada. Según versiones, este empresario es cercano a Marcelo Ebrard, quien lo habría recomendado con Abelina.
En aquella ocasión Ebrard, acompañado por Abelina, puso en marcha también la nueva estrategia Fuerza Acapulco que, soportada en tecnología de nueva generación, mantendría un seguimiento puntual del delito en todo el municipio.
Bueno, eso fue lo que dijeron durante aquel acto de campaña.
Además de las 100 nuevas patrullas -equipadas con radio, GPS, cámaras de 360 grados de cobertura y DVR- la nueva estructura de Fuerza Acapulco de la novísima Secretaría de Protección Ciudadana (SPC, antes SSP) contaría también con una cobertura total de radiocomunicación que le permitirá ubicar y dirigir en tiempo real la totalidad de los elementos, con apoyo de 662 cámaras de vigilancia estratégicamente colocadas, 100 nuevos lectores de placas y 201 botones de auxilio para responder ante las emergencias.
Pero si alguien dudaba de la eficiencia de la nueva estrategia de seguridad que le vendieron a Abelina, el miércoles 2 -un día antes de la segunda visita de Ebrard a Acapulco- una serie de detenciones y cateos llevados a cabo por Fuerzas Federales en la zona poniente de Acapulco desnudaron el fiasco que resultó ser la anunciada operación policial municipal.
Esas detenciones, que lograron la captura de un familiar cercano a uno de los principales jefes del Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), además del decomiso de algunos fusiles, desataron la anarquía que sufrió la población de la zona poniente de Acapulco (el área de Pie de la Cuesta). La población porteña observó, con azoro y miedo, como decenas de transportistas, al parecer obligados por delincuentes armados, incendiaron casi una veintena de unidades vehiculares del transporte público y de empresas privadas.
Pero lo peor fue que cientos de personas se quedaron sin poder transportarse a sus domicilios en esa zona.