EPR exige reabrir el caso Aguas Blancas

Compartir

(Comunicado íntegro)

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

A 28 años del crimen de Estado perpetrado contra campesinos militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la impunidad continua; ese 28 de junio de 1995 fueron masacrados por elementos de la Policía Motorizada del Estado y otros agentes federales, en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, 17 campesinos y 21 más resultaron heridos. Se trató de un operativo planificado con premeditación desde las altas esferas gubernamentales y la cúpula castrense, hoy, a pesar de existir tres ordenamientos de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y judicial, el caso se mantiene en la impunidad.

Nada de esto ha importado a las administraciones de Morena que actualmente gobierna tanto a nivel federal como estatal; ni para el presidente de la república, tampoco para la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado Pineda, ha sido prioridad de su gobierno hacer justicia y garantizar juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este y otros crímenes de Estado. Al contrario, al callar y actuar por omisión, al no reabrir el caso, convalidan el crimen y se convierten en cómplices por extensión.

Hoy las víctimas de Aguas Blancas se suman a una larga lista de crímenes de igual naturaleza que se cuentan por miles en todo el país, todos con un mismo patrón que se repite, protección e impunidad desde el Estado para los victimarios; mientras que, para el pueblo, que clama y exige justicia, omisión, dilación, burocratismo y perversidad.

No importa que partido político gobierne al país, la respuesta y el trato del Estado mexicano a las víctimas es el mismo, se trata de una política transexenal que en el caso de crímenes de Estado y de lesa humanidad existe consigna de Estado, mantenerlos en la impunidad.

En 28 años que han pasado de 1995 a la fecha, se ha constituido una larga cadena de complicidad y responsabilidad criminal de Estado, por comisión y omisión, en la que están involucrados todos los principales partidos políticos del régimen, PRI, PRD, PAN y ahora Morena, que en diferente momento han contribuido con su cuota a la consigna de Estado para negar justicia a las víctimas, apostándole al olvido y a la impunidad.

En este mismo orden, destacan los nombres de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, como jefes de Estado, en los diferentes sexenios a su cargo, por tal motivo encabezan el muro de la impunidad al no garantizar justicia para las víctimas de este crimen de Estado.

Por cada sexenio y jefe de Estado transcurrido, sin que se haga justicia, se extiende el manto de la impunidad y con ello se allana el camino para el cometido de nuevos crímenes contra el pueblo, con lo que se es parte de la criminalidad de Estado por extensión; con tal proceder se contribuye a que se fortalezca la cadena de complicidad, que hermana a todos los personeros y representantes del Estado mexicano como signo distintivo de la embestidura presidencial.

Porque no basta con el reconocimiento público del crimen y los actos de disculpas y perdón, estos pertenecen al ámbito personal y no al de la justicia que es lo que reclaman las víctimas, sobre todo cuando desde el Estado se ha hecho todo lo posible por encubrir y diluir el crimen, mantenerlo en la impunidad y el olvido; primero con la negación y después con la maniobra evasiva, dilación y omisión.

Un patrón que se repite en todos los casos de cometido de crímenes de Estado contra el pueblo, como el perpetrado en el Vado de Aguas Blancas, lo que revela autoría, responsabilidad y continuidad. Un proceder del que no escapa el gobierno federal encabezado por Morena, ni su representante presidencial.

Al igual que en Aguas Blancas, lo vimos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016; en Ayotzinapa, Guerrero el 26 de septiembre en 2014; en El Bosque, Chiapas el 10 de junio de 1998; El Charco, Guerrero el 07 de junio de 1998; en Acteal, Chiapas el 22 de diciembre de 1997; todas masacres cometidas por el Estado, con una misma lógica y proceder, en todas persiste la impunidad.

En la masacre de Aguas Blancas, la responsabilidad del Estado en su cometido está acreditada por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido el 18 de febrero de 1998; y, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 1996, que señala responsables con nombre y apellido; todas mandatan y obligan al Estado mexicano a garantizar justicia a las víctimas.

Y a pesar de ello, la impunidad persiste como parte de una práctica sistemática transexenal que pretende hacer de la farsa un acto de justicia, con la creación de una “Comisión de Verdad y Justicia” para “esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos” cometidas de 1965 a 1990, como si de 1991 a la fecha ya no se hubieran cometido estos crímenes.

Que se escuche claro, en el cometido de la masacre de Aguas Blancas no hay nada que esclarecer, los responsables están plenamente identificados, tienen nombre y apellido, entonces ¿Por qué no se ha hecho justicia?

Es el mismo modus operandi, el que vimos en la masacre de Aguas Blancas, y en todos los subsecuentes crímenes en los que se ha logrado acreditar la participación de agentes del Estado o la aquiescencia de éste, designación de fiscales, creación de comisiones especiales, de figuras y organismos para el caso, ordenamientos y de más, pero al final, la impunidad prevalece.

No existe un solo caso en el que la justicia haya alcanzado no solo a los perpetradores materiales del crimen, policías y mandos medios, sino también a quienes los planifican y dan las ordenes desde las estructuras policiaco militares, así como por cadena de mando y responsabilidad ejecutiva a titulares de dependencias, incluidos presidentes y gobernadores.

La explicación es simple y tiene nombre: pacto de impunidad; con ello se protege, desde las más altas esferas gubernamentales, a criminales de Estado y estructuras encargadas de planificar y ejecutar la violencia y terror contra el pueblo, mismas que a la fecha se mantienen activas.

Son las mismas estructuras criminales que en Guerrero se han ensañado contra el pueblo perpetrando los más deleznables crímenes, tienen su centro de mando en las comandancias militares, en este caso de la 35/a Zona Militar de Chilpancingo y el 27 batallón de infantería en Iguala, que antes tenía su sede en Atoyac de Álvarez, Guerrero, ambas con larga trayectoria contrainsurgente, que actúan bajo las directrices y ordenes emitidas desde las más altas cúpulas castrenses y el poder político burgués.

Que no se olvide que el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, no se asesinó a campesinos al azar, se masacró a campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se movilizaban para exigir la presentación de uno de sus compañeros desaparecido, se trató de un crimen con claras motivaciones políticas, fue un operativo planificado con premeditación, antecedido de otros crímenes como el asesinato político y la desaparición forzada de varios de sus militantes.

La decisión final se tomó el 26 de junio, por el entonces Gobernador Rubén Figueroa, los principales jefes policiacos, magistrados, algunos empresarios y el general Arturo Acosta Chaparro, quienes se reunieron en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Se trató de una ofensiva y operativo contrainsurgente diseñada contra la OCSS, que para entonces ya era víctima de criminalización y persecución política.

A la fecha el Estado se sigue ensañando con las víctimas de ese atroz crimen, sigue ejecutando la violencia criminal contra los integrantes de la OCSS, se ha cebado sobre la humanidad de los sobrevivientes de la masacre, a quienes persigue, ha encarcelado, asesinado o desaparecido.

Al Estado no le bastó con el asesinato de los 17 campesinos y toda la violencia desatada en Guerrero, también se ensaña con los familiares de las victimas que exigen justicia, es el caso de la familia Mesino, cuyos miembros Miguel Ángel Mesino Mesino y Rocío Mesino Mesino fueron asesinados en el año 2005 y 2013, como represalia y venganza política del Estado por ser parte de una familia que ha luchado por la defensa de los intereses del pueblo.

¡Hermanas, hermanos, Camaradas!

Mientras la justicia no llegue para las víctimas, no se enjuicie y castigue a los encargados de planificar y ejecutar la violencia criminal de Estado, en tanto no se desarticulen las estructuras criminales que planifican y ejecutan los crímenes, la impunidad prevalecerá, seguirá perpetuándose en tiempo y personeros; línea que se extiende de 1995 a la fecha, desde el entonces presidente Ernesto Zedillo, priista; dos sexenios panistas, otro priista con Enrique Peña Nieto y continua con el del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, máximos representantes del Estado burgués mexicano.

No olvidemos que los responsables de este crimen tienen nombre y apellido, algunos de ellos y de mayor jerarquía son Ernesto Zedillo Ponce de León, Rubén Figueroa Alcocer, Esteban Moctezuma Barragán, Emilio Chuayffet Chemor, general Enrique Cervantes Aguirre, general Francisco Quiroz Hermosillo y general Arturo Acosta Chaparro, los últimos dos consumados criminales de Estado a quienes se les garantizó impunidad hasta su muerte.

A 28 años de la masacre, está claro que la justicia no vendrá de las instituciones del Estado, éste por su carácter criminal y de clase, en todo momento garantizará impunidad a los perpetradores. La única garantía de justicia será la que emane del poder popular y de la capacidad organizativa del pueblo fuera de los marcos de la institucionalidad burguesa.

Ante la impunidad y complicidad transexenal, ante un Estado omiso que protege y da garantías a los criminales de Estado, toda acción y forma de lucha es válida y legitima, incluida la vía armada revolucionaria.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

 

Año 59

República mexicana, a 28 de junio de 2023

 

 

 

Comentarios

comentarios