Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., octubre 26.- Trabajadores de la Fiscalía General del Estado pararon labores en protesta por el despido injustificado hasta ahora de 300 trabajadores administrativos y operativos; en defensa de 2 empleadas a las que la dependencia involucra en el robo de 10 millones de pesos, que estaban bajo el resguardo de la Agencia del Ministerio Público de Costa Azul de Acapulco; y para que cesen las amenazas y hostigamiento de militares que ocupan los principales cargos directivos en esa institución.
Para minimizar la protesta, los mandos directivos de la Fiscalía dieron a los trabajadores este miércoles como día de descanso, que les fue notificado anoche a través de una circular, pero pese a ello un reducido grupo de empleados realizaron una protesta simbólica en la vía pública que colinda con la sede de esa dependencia estatal.
La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Nayeli Hernández, informó que la protesta fue para hacer público las violaciones reiteradas a los derechos laborales de los trabajadores, cometidas por militares que ocupan los principales cargos de dirección en la Fiscalía General del Estado, que derivaron en el despido de alrededor de 300 empleados entre administrativos y operativos.
Los despidos más recientes recayeron en 2 trabajadores que realizaban actividades administrativas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado aquí en Chilpancingo, a quienes la fiscal y otros mandos vinculan con el robo de 10 millones de pesos registrado en la Agencia del Ministerio Público de Costa Azul de Acapulco, dijo la líder sindical.
Calificó como infantil la acusación, porque las 2 empleadas laboran en Chilpancingo y el robo ocurrió en Acapulco. Señaló que previo a ser notificadas de que estaban despedidas, mandos directivos de la Fiscalía las despojaron de sus teléfonos celulares.
La dirigente sindical expuso que las amenazas, el hostigamiento laboral y las reiteradas violaciones a los derechos laborales, aumentaron con la llegada de alrededor de 200 militares a la Fiscalía encabezados por la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien es teniente coronel del Ejército Mexicano, por lo que exigen su destitución y el retiro de todos los mandos militares que hay en esa institución persecutora de delitos.
Muchos de los despidos obedecieron a que los trabajadores administrativos y operativos con varios años de antigüedad, no aprobaron los exámenes de control y confianza que aplica la Fiscalía, como ocurrió más recientemente con una trabajadora de intendencia por negarse a someterse a evaluaciones.
Yaneli Hernández aclaró que ninguna ley obliga al personal administrativo y a los trabajadores de intendencia, a ser evaluados con exámenes de control y confianza, por lo que los despidos fueron injustificados.
Dio a conocer que la fiscal y sus principales colaboradores, se han negado a recibir en audiencia a los representantes sindicales para buscar juntos alternativas de solución a los conflictos. Eso ocurre porque a la teniente coronel no le gustan los sindicatos, indicó.
Los trabajadores solicitaron una audiencia a la gobernadora del estado para hacerle del conocimiento de manera personal, las presuntas anomalías e irregularidades que cometen los mandos directivos militares con los trabajadores civiles de la Fiscalía.
Dijo que les guste o no, la fiscal y sus colaboradores deben respetar a los trabajadores y a los sindicatos que los representan.
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