Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., septiembre 6.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso del estado realizó de manera indebida, la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en marzo y abril de este año, al detectar que no hubo debates ni evidencias de que las comunidades fueron consultadas, por lo que dio a los diputados locales un plazo de 10 días que vencen el 13 de este mes para que presenten un nuevo informe, de lo contrario se aplicarán sanciones.
El incumplimiento a la sentencia que emitió el máximo tribunal del país, fue dado a conocer en conferencia de prensa por los abogados Vidulfo Rosales Sierra y Rubén Cayetano García, en una especie de plantón que con policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias instalaron en el portón del estacionamiento del Congreso local.
Vidulfo Rosales explicó que ministros de la Suprema Corte emitieron un acuerdo, que señala que el Congreso del estado de Guerrero hizo de manera incorrecta la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los primeros meses de este año, porque presenta diversas irregularidades.
“Al revisar la Suprema Corte el informe que presentó el Congreso del estado, en el que dio por hecho la realización de la consulta, constató que los diputados locales no cumplieron con todas las fases de la consulta.
Es decir, cuando el Congreso diseñó el protocolo para la consulta no llamó ni tomó en cuenta a los pueblos indígenas; cuando realizó el diálogo tampoco estuvieron presentes los pueblos indígenas. Los ministros no observaron que haya habido debate, y tampoco observaron que los pueblos hayan llegado a un consenso sobre si quieren o no una ley, como es la Ley 701 sobre derechos, reconocimiento y cultura de los pueblos indígenas”, explicó.
Por las observaciones que hicieron ministros al informe que presentó en abril el Congreso local, la Suprema Corte determinó como irregular la consulta porque presenta inconsistencias, por lo que dio a los diputados un plazo de 10 días hábiles contados a partir del 30 de agosto para que rinda un nuevo informe, dijo Vidulfo Rosales.
Advirtió que si los 46 diputados incumplen la sentencia en su totalidad “tendrán serios problemas como enfrentar un juicio de procedencia, el desafuero, e inminentes acciones penales que todos enfrentarán, lo cual sentaría un gran precedente en el país”.
¿Es grave que el Congreso del estado no haya consultado a los pueblos indígenas, que haya vacilado?
–Es sumamente grave. Desde un principio nosotros les estuvimos diciendo que tomaran en cuenta a los pueblos indígenas, les dijimos a los diputados que ellos no realizaran la consulta, que la consulta la debieron organizar y dirigir los pueblos indígenas, no el Congreso que debe ser un ente que apoye con recursos, que ponga los instrumentos para que los pueblos indígenas discutan y analicen la ley para decidir si quieren o no una ley, pero no es el Congreso el que tiene que direccionar y dirigir la consulta como ocurrió. Explicó Vidulfo Rosales.
El también abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, sostuvo que con la consulta ficticia “el Congreso pisoteó a los pueblos indígenas, al decidir sobre lo que los pueblos indígenas quieren”.
Señaló que la consulta es para que los pueblos decidan qué es lo que quieren, porque se trata de leyes que impactará los territorios indígenas, sus vidas, sus sistemas normativos, sus gobiernos, sus bienes naturales, “y lo que hicieron los diputados fue decidir por los pueblos indígenas, por la vida, por el futuro de las comunidades; eso es una burla, es un atropello y un agravio, por eso qué bueno que la Corte les dijo que estuvo mal lo que hicieron”.
Informó que estarán atentos sobre las respuestas que dará el Congreso a la Suprema Corte, y que sobre eso dependerán las acciones que realizarán en próximos días.
Ya habrá auditor general del estado
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, acordó seleccionar en 5 días una nueva terna de la larga lista de aspirantes que dejó la anterior legislatura, para elegir al titular de la Auditoría General del Estado que será sometida al pleno de diputados casi en lo inmediato.
El coordinador de los diputados priistas y secretario de la Jucopo, Héctor Apreza Patrón, señaló que de esta manera la Auditoría General del Estado tendrá un representante legal, a más de un año de estar operando con una encargada de despacho en la persona de Natividad Pérez Guinto.
De la lista de más de 20 aspirantes a auditores, fueron excluidos los 3 profesionistas que hace meses no lograron el consenso con el apoyo de las 2 terceras partes de los diputados.
Con esta determinación, el Congreso descartó publicar una nueva convocatoria para elegir al auditor, pero no se descarta ese procedimiento si ninguno de los integrantes de la nueva terna no logra las 2 terceras partes de los votos.
Ante la falta de acuerdos, en el pasado reciente hubo reiterados llamados y exhortos a la Jucopo al interior del Congreso para acelerar la designación del auditor, con la finalidad de que el órgano de fiscalización del Congreso opere en la normalidad, y su nuevo titular designe a los 4 auditores especiales. Hoy hubo eco a esos requerimientos.
Héctor Apreza informó que en su momento la Jucopo dará a conocer los nombres de los profesionistas que integrarán la terna, de la que podría surgir el nuevo auditor.
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