Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, Gro., a 4 de mar. del 2022 (SG). – Tras revelar que la Suprema Corte les negó una prórroga para acatar una sentencia, la diputada priísta Alicia Zamora confirmó que los 46 legisladores locales y la gobernadora Evelyn Salgado podrían ser destituidos e inhabilitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si el Congreso no acata hasta el 14 de abril de este año una resolución que ordena realizar una consulta en todos los pueblos indígenas y agromexicanos, y reformar la Constitución del estado como lo ordenó hace 10 meses el máximo tribunal del país.
Con tono de preocupación, Zamora Villalva expresó su molestia por las actitudes que han asumido los diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque con su comportamiento no tomaron en serio lo que significa el desacato de una sentencia judicial de la Suprema Corte, por lo que ahora junto con la gobernadora tendrán que realizar un trabajo titánico por el corto tiempo que tienen para cumplir el mandato judicial.
Alicia Zamora confirmó que si los diputados no cumplen con lo ordenado en la sentencia 81/2018 que emitió la Suprema Corte, que derivó de una acción de inconstitucionalidad por haber el gobierno del estado y el Congreso local reformado la Constitución y ordenamientos electorales sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, todos los diputados locales y la gobernadora serán destituidos del cargo e inhabilitados.
Cabe señalar que a través de una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte invalidó reformas electorales que hizo la anterior legislatura, y modificaciones que tienen que ver con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, porque ni los diputados ni el anterior Ejecutivo estatal consultaron para ello a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que ordenó a través de una sentencia la realización de consultas entre miembros de ese sector de la población.
La legisladora del PRI lamentó que al seno del Congreso local, no se haya aún dimensionado todas las implicaciones que puede tener el no cumplimiento de una sentencia emitida por la Suprema Corte, que en las sanciones implica a la titular del Poder Ejecutivo.
Manifestó su preocupación porque los ministros señalan que la sentencia debe ser acatada en todos sus términos en un periodo de 12 meses contados a partir de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió el 14 de abril de 2021, y a escasos 2 meses y medio de que se cumpla el plazo en el Congreso de Guerrero los diputados no han encontrado una ruta para que se cumpla lo ordenado en la resolución judicial.
Reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó al Congreso de Guerrero una prórroga para hacer las consultas en los pueblos y comunidades indígenas, por lo que especialistas en la materia aconsejaron a los diputados que todos los procedimientos que realicen que tengan que ver con el cumplimiento de la resolución, sean presentadas como pruebas de lo que se hace.
Dio a conocer un recuento de las actividades que ha realizado el Congreso del estado con funcionarios del Poder Ejecutivo, para avanzar en el cumplimiento de la sentencia. Dijo que lo más reciente fue la aprobación por la vía nominal del protocolo de las acciones que contemplará la consulta en los pueblos indígenas.
Al respecto criticó el hecho de que el grupo parlamentario de Morena se negó hace días a aprobar el protocolo, y que ahora como la propuesta fue presentada por ellos fue aceptada, lo que hace suponer que el Congreso del estado se convirtió en una hoguera de vanidades, y que por esas actitudes en la legislatura se ha perdido mucho tiempo para sacar temas de suma importancia.
Alicia Zamora dijo que lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia representa una tarea inédita, es una actividad atípica “pero también muy importante porque la Suprema Corte les pidió a los diputados que no sólo dialoguen con los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, sino que también les pregunten y los consulten sobre lo que ellos desean que se plasme en las leyes”.
Para la legisladora priísta lo primero que se debe de hacer, es saber cuántos pueblos indígenas hay en Guerrero y en qué municipios se encuentran para considerar a todos en la consulta, porque bastaría que una sola comunidad señale que no fue tomada en cuenta para que la orden judicial sea considerada como no acatada, y eso generaría problemas.
Informó que la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso tiene información de que los pueblos indígenas están asentados en 57 municipios de Guerrero, pero que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene otra información, por lo que será muy necesario tener con certeza los municipios donde está asentado ese sector de la población.
Citó como ejemplo que el municipio de Zihuatanejo recientemente fue incorporado como un territorio con población indígena.
Alicia Zamora in formó que buscan la participación de los 80 presidentes municipales y del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que contribuyan con información para saber con certeza el número de comunidades indígenas que serán consultadas sobre la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y cultura Indígena, y sobre la Ley del Sistema de Seguridad Pública que contempla la sentencia.
Otra situación que debe ser considerada es darle amplia publicidad a la consulta, “por lo que con una comunidad que diga que no fue enterada estaría en detrimento de la credibilidad de cómo se hicieron las cosas”.
Zamora Villalva expuso que le preocupa que en el Congreso local hay diputados que señalan que el tema de la sentencia correspondió al ex gobernador Héctor Astudillo y a la anterior legislatura. Al respecto aclaró que no se trata de buscar culpables porque se trata de una homologación nacional a las leyes.
Hizo votos porque el acatamiento de la sentencia sea visto por todos los diputados como un asunto “de absoluta responsabilidad, con total celeridad y con una coordinación estrecha con el Poder Ejecutivo”.
Indicó que la Suprema Corte determinó que no se pueden tomar medidas ni legislar acciones que afecten a comunidades indígenas y afromexicanas sin que sean previamente consultadas, y aclaró que esto no sólo aplica en la Ley 701, sino que en todo lo que pueda afectar la vida y desarrollo de los pueblos indígenas con reformas legales. (Síntesis de Guerrero).