Palabras Mayores. Adela Román, denunciada ante FGE por peculado, pisaría la cárcel: no la salvará cambio de gobierno

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Por Jorge Romero Rendón

La alcalde de Morena en Acapulco, Adela Román Ocampo tiene que responder por el desvío de 603 millones de pesos de las cuotas de trabajadores del ayuntamiento no pagadas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), de acuerdo con la denuncia penal radicada en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la carpeta de investigación número 12022200100027191120, presentada por el director general de ese organismo, Jesús Urióstegui Alarcón.

La alcalde Román encabeza a los funcionarios de su administración denunciados como probables imputados por los delitos de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO, DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PECULADO y lo que resulte, cometidos en agravio del ISSSPEG durante el trienio de su gobierno municipal 2018-2021.

La denuncia incluye al síndico administrativo, al secretario de Finanzas, y a otros, según la carpeta iniciada el pasado 17 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE.

La denuncia mencionada cubre la totalidad de los adeudos de la administración de la señora Román con el ISSSPEG, debido a que no pagó las aportaciones como patrón, y sobre todo por haber desviado indebidamente el dinero de las cuotas descontadas a los trabajadores del ayuntamiento de sus pagos de salarios quincenales, por un total de 302 millones 427 mil 774 pesos –acumulados al 31 de julio pasado-.

El destino de ese dinero se desconoce, pues poco antes de presentar la denuncia penal, el titular del ISSSPEG presentó también denuncia ante la Contraloría municipal, en cuyo desahogo la alcalde evadió aclarar qué hizo con el dinero y destituyó al contralor Francisco Torres Valdés para evitar que el asunto le afectara, dado que la exsecretaria de Finanzas, Soraya Benítez Radilla había sido sancionada con la inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos, utilizada como chivo expiatorio por omitir el pago de 75 millones de pesos al ISSSPEG cuando ya había renunciado al cargo.

La denuncia presentada ante la FGE es entendida como un proceso resarcitorio personal, que hace patente la responsabilidad penal de Adela Román y de sus funcionarios del área financiera municipal, que no termina al momento de dejar sus cargos ni se traslada al subsiguiente gobierno que encabezará Abelina López Rodríguez. El procedimiento penal seguirá con Adela, aún cuando la deuda propiamente dicha sí la heredará el nuevo ayuntamiento que iniciará sus funciones el próximo 30 de septiembre.

Por si eso fuera poco, a los 302 millones que debe Adela, deben sumarse otros 285 millones 37 mil 61 pesos que debe el organismo administrador del agua potable en el puerto, CAPAMA –del que la señora Román preside el Consejo de Administración-; más otros 16 millones 256 mil 252 pesos del DIF Acapulco, que presidió la sobrina de la alcalde, Adriana Román, sumando todo 603 millones de pesos, cantidad que incluye tanto los adeudos como el dinero desviado de las cuotas de los empleados, más los intereses acumulados por la desatención del gobierno municipal en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales…

La acusación penal es obligada por la ley…

Los procedimientos jurídicos iniciados por el director general del ISSSPEG no responden a ningún afán persecutorio de ese organismo ni de su titular, y menos del gobierno estatal priista que está a punto de terminar.

Es una obligación que marca la ley para casos como el de Adela Román, pues si no se procediera legalmente en su contra, la responsabilidad sería de Urióstegui y de otros funcionarios por un presunto incumplimiento de sus tareas de cobranza.

Además, la falta de pago por parte del ayuntamiento de Acapulco, que se suma a los incumplimientos de por lo menos otros 20 gobiernos municipales –como Chilpancingo, por casi 230 millones de pesos-, suma poco más de 911 millones de pesos, lo que afecta seriamente no sólo al equilibrio financiero del ISSSPEG, sino a las pensiones y prestaciones de 5,518 jubilados, así como los derechos de miles de trabajadores en activo que cotizan por nómina a ese organismo.

Los pasivos que enfrenta esa institución ha llevado a continuos retrasos en el pago de pensiones, al otorgamiento de créditos personales, al pago de seguros de jubilación, vejez, invalidez, riesgos de trabajo o por fallecimiento trámite mismo de las jubilaciones, indemnizaciones, pago de marcha o el estímulo a la permanencia.
De tal forma que para evitar que se afecte a trabajadores y pensionados, el gobierno estatal ha hecho aportaciones extraordinarias en los últimos años por unos mil millones de pesos, para garantizar que el servicio se siga prestando.

Pero ya es hora de que alcaldes sinvergüenzas como Adela Román de Acapulco o Antonio Gaspar de Chilpancingo sean llevados a juicio y no se salgan con la suya, desapareciendo un dinero que es de los trabajadores del servicio público.

Lo curioso es que, violando la ley y abusando de sus empleados, enfrentando incluso un proceso penal ante la FGE en su contra por administración fraudulenta, la señora Román Ocampo pretende que el senador Félix Salgado Macedonio la convierta en la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura Federal.
Hágame usted el favor…!

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