CIDH: extrema preocupación por la violencia contra periodistas en México

Compartir

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión¹ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el reciente asesinato de los periodistas Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua; Jesús Alfonso Piñuelas Montes en la ciudad de Cajeme, Sonora; y de Israel Vázquez Rangel en la ciudad de Salamanca, Guanajato.

La Relatoría insta al Estado mexicano y a su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial la autoría material e intelectual de los crímenes y determine el vínculo que podrían tener con la actividad periodística.

Asimismo, llama al Estado a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista en línea con las recomendaciones del Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México.

De acuerdo a la información disponible, los tres comunicadores trabajaban en temas de alto interés público como crimen organizado, seguridad ciudadana y corrupción. Por otra parte, según pudo conocer la Relatoría, ninguno se encontraba incorporado como beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En respuesta a los acontecimientos, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación publicó comunicados, el 31 de octubre, 5 de noviembre y 9 de noviembre de 2020, mediante los cuales externó su condena a los homicidios de Alba Medina, Piñuelas Montes y Vázquez Rangel, respectivamente, e hizo un atento llamado a las autoridades competentes para el pronto esclarecimiento del caso, así como la atención y acompañamiento integral a sus familiares.

Estos homicidios aparecen en un contexto especialmente preocupante por la reciente eliminación de 109 fideicomisos públicos en México, entre ellos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que administraba los recursos para la implementación y operación de «medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección».

La Relatoría llama la atención sobre esta medida adoptada por el Congreso de México, que disminuye la capacidad institucional para proteger periodistas amenazados por hacer su trabajo.

En su Informe Anual 2019, la Relatoría advirtió que la respuesta del gobierno para implementar mejoras y proveer de recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas era insuficiente frente a la magnitud de la violencia ejercida contra estos grupos. Por ello, se ha recomendado al Estado mexicano en reiteradas oportunidades seguir fortaleciendo el Mecanismo y asegurar la efectiva aplicación de sus decisiones y medidas.

En esta línea, la Relatoría también ha recomendado la dotación de más recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE) y que ésta ejerza con determinación su facultad de atraer graves crímenes contra la prensa.

De acuerdo a la información documentada por esta Oficina, se reportan al menos siete casos de periodistas asesinados en México en lo que va del 2020 por motivos que podrían estar vinculados a la labor informativa.

En adición a estos tres últimos casos, se ha registrado el asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez, el 9 de septiembre en el municipio de Tezonapa (estado de Veracruz); Pablo Morrugares Parraguirre, asesinado el 2 de agosto en Iguala (estado de Guerrero), quien se encontraba junto a su escolta adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que también murió en el acto; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo en Papantla (estado de Veracruz); y del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, asesinado el 16 de mayo en Ciudad Obregón (estado de Sonora).

Según fue informada la Relatoría, tanto Pablo Morrugares Parraguirre como Jorge Miguel Armenta Ávalos ya habían recibido amenazas con anterioridad y se encontraban bajo la protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, se han reportado otros asesinatos de comunicadores cuyo vínculo con la profesión no debe descartarse a priori. En 2019, la Relatoría reportó al menos 11 asesinatos de personas periodistas en México.

Como señalaron los Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y ONU en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México aunque la crisis de seguridad es extendida en México y afecta gravemente los derechos humanos de toda la población, los hechos de violencia -que incluyen asesinatos, desapariciones y torturas- se han dirigido muy a menudo contra quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas.

Agregaron, además, que la naturaleza sistemática y multifacética de esta violencia exige la implementación de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de prevención, protección y rendición de cuentas. La situación de violencia estructural, sumada a la falta de acceso a la justicia y de debida investigación, representa hoy uno de los más importantes retos para los derechos humanos en México.

De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».

La Relatoría recuerda que el asesinato de comunicadores constituye la forma más extrema de censura, y llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión. También insiste en que no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente -y por lo tanto es importante que las autoridades al más alto nivel continúen repudiando enfáticamente esta escalada de violencia-, y nada más alentador y tranquilizante para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes contra periodistas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Comentarios

comentarios