Miguel Ángel Arrieta
Rehacer el estado de bienestar bajo una visión proyectada solo a reactivar la economía, representa una trampa social del más claro corte neoliberalista: sostener el sistema productivo por encima de los valores humanos, por lo tanto la decisión del gobierno federal para iniciar el regreso a la normalidad se localiza en un espacio de indefiniciones cuyo efecto antes que inducir certeza en la reincorporación a la vida rutinaria, genera desconfianza y temor.
Por lo pronto, aunque la decisión del discurso del presidente López Obrador contiene tinte federalista al conceder a los gobernadores el margen de maniobra para marcar las pautas de la reapertura en sus entidades. En el fondo, lo que se aprecia es una estrategia para salvaguardar la imagen del presidente bajo el síndrome del aficionado mexicano.
Cuando la selección nacional gana, los futboleros dicen “ganamos”, pero cuando el equipo pierde afirman “pinche equipo mediocre”. Es decir, si las acciones dispuestas localmente por los gobernadores para regresar a la normalidad, resultan efectivas el mensaje de palacio nacional dirá –lo logramos.
Pero si la etapa de reactivar la economía y actividades cotidianas se complica, el gobierno federal se lavará las manos y el fracaso será de los gobernadores.
El problema no es descargar culpabilidades, lo grave es que la actitud republicana de López Obrador no se traduzca por igual en todas las estructuras burocráticas en las que la federación mantiene un control absoluto y pasa por encima de gobernadores y alcaldes, como el caso del fertilizante.
De ahí que casi todos los gobernadores que participaron en la reunión virtual con integrantes del gabinete lopezobradorista, hayan manifestado inquietudes y reticencia a la exposición de los secretarios federales para acordar reglas sobre la reapertura gradual de actividades comerciales, productivas y del ciclo escolar.
Después de todo, los gobernadores no pasan por alto la magnitud de la amenaza sanitaria que prevalece en sus territorios. Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, ya dejó en claro que en esta entidad las clases presenciales no se reanudarán el primer día de junio, como lo dejo entrever una semana antes el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
De hecho, el anuncio de Astudillo Flores fue apoyado por la comunidad médica estatal que está consciente del tamaño real del peligro letal que representa el Covid-19, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento alguno.
En una evaluación realizada por especialistas de la salud, se le informó al gobernador Astudillo que el mayor riesgo del SARS Cov-2 en contra el organismo humano es su capacidad de reproducirse, ya que una vez que llega a habitar el virus una célula del cuerpo, puede replicarse hasta cien mil veces en menos de 24 horas, por lo que es determinante evitar que miles de niños y jóvenes se expongan unos a otros dentro de las escuelas.
La decisión en manos de gobernadores no es sencilla. Particularmente cuando el IMSS informa que en lo que va de la pandemia se han perdido diez mil empleos en Guerrero; pero esa es la cifra de la formalidad económica, en realidad la cifra pudiera cuadruplicarse si se toma en cuenta que tres de cada cinco empleos pertenecen al sector informal.
Por lo tanto, el eje de la reapertura debe girar sobre la intensidad de la pandemia y no entorno de una alternativa de convalecencia financiera como la planteada por el gobierno de Estados Unidos, en donde ya se fijaron plazos de reapertura de fábricas en ciudades donde el pico de contagio aun es elevado y el número de fallecidos registra un aumento diario.
Y no se trata de relegar la importancia económica como factor estabilizador. Al final de cuentas, en el caso de Guerrero, hay que reactivar todo y reiniciar en gran parte de cero el sistema productivo. Hay miles de pequeñas y medianas empresas quebradas cuya capacidad de resurgir es nula después de que sus propietarios agotaron sus capitales en pagos de impuestos; rentas, servicios de agua, energía e internet; gastos de nómina ya que la mayoría fueron obligadas a no despedir empleados y deudas a proveedores.
Lo peor es que todavía no hay un modelo que contemple la recuperación de todo. Rehacer el estado de bienestar implica emprender modificaciones en las relaciones fiscales entre el gobierno federal, estados y municipios; estructurar el renacimiento de la economía regional; financiar restaurantes, creación artesanal; reactivar empresas procesadoras de productos agrícolas, diseñar nuevos esquemas presupuestales para funcionarios y legisladores, revisar la actualización de sistemas educativos, redistribuir el apoyo económico al campo y establecer medios alternos de sobrevivencia basados en una economía social, como el seguro económico para desempleados que propone el diputado Arturo López Sugía, entre otras prioridades.
En suma, el escenario de retorno a la normalidad va más allá de un discurso voluntarioso recargado en preferencias económicas.
En los hechos es el conjunto de circunstancias para refundar el Estado mexicano desde la necesidad de rehacer todo.
¿Está preparado el gobierno federal para asumir la rectoría de este enfoque?