Miguel Ángel Arrieta
El informe colocado el martes 21 de abril a muy temprana hora sobre la Mesa de Concertación para la Paz en Guerrero, motivó al Gobernador Héctor Astudillo Flores y a los comandantes de la IX región Militar y VIII Zona Naval, a revisar prioridades en plena exigencia de la pandemia; no era para menos, en apenas 48 horas, -domingo 19 y lunes 20,- el país registró un saldo de 219 asesinatos, de los cuales Guerrero aportó 16.
De hecho, el análisis de la agenda de seguridad estatal sé centró esa mañana en evaluar la percepción de que el crimen pretendía reafirmarse mientras los elementos de la Guardia Nacional, las fuerzas armas y las corporaciones estatales y municipales, participaban en actividades de control de la emergencia sanitaria.
La afinación de ciertos controles no agarró mal parado al gobierno de Guerrero. Entre la pila de factores adversos por el contagio del Covid-19, los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz tuvieron el detalle a principios de marzo de no paralizar las áreas de inteligencia e investigación del aparato estatal, aun cuando en la práctica la instrucción fue suspender el funcionamiento de oficinas públicas.
En el fondo, el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos sabe que el asunto de la inseguridad ha sido opacado en cierto grado por el impacto informativo de la pandemia, pero en realidad la maquinaria delictiva no ha descansado en momento alguno; por el contrario, los asesinatos dolosos se incrementaron durante marzo y abril en todo el país.
Durante marzo y abril, los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Baja California, acapararon en conjunto 48.6 de los crímenes cometidos. En 2019, estas cinco entidades sumaron más de cien mil crímenes, lo que ha llamado la atención del gobierno federal ante las estadísticas contrastantes reflejadas por Guerrero, un estado clasificado de violento en alto grado pero que en los últimos cuatro meses es de los pocos estados donde la incidencia delictiva registra un descenso.
Poor lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a ese balance positivo la semana pasada, en una de sus conferencias mañaneras reconoció el trabajo del gobernador Astudillo.
El problema es que a los criminales no los detienen las estadísticas: tres días después de la evaluación conjunta del martes 21 entre instituciones federales, estatales y alcaldes, fue emboscado y asesinado el delegado de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero en Costa Grande, Jesús Memije Martínez, mientras manejaba hacia su hogar sobre la brecha que conduce a Yetla, en Coyuca de Benítez.
Jesús era acompañado de su hijo Uriel Memije, quien también resultó acribillado adentro del vehículo.
El asesinato de Jesús Memije, quien independientemente de su trabajo como funcionario de la CODEHUM Guerrero ocupaba un reconocido papel como activista de los derechos humanos en poblaciones del estado tradicionalmente sujetas a represión durante décadas, fue interpretado como un golpe certero del crimen organizado contra quienes promueven el destierro de la violencia y represión, ejercida ahora por grupos delincuenciales en cientos de localidades guerrerenses.
De ahí que el despliegue de tecnología radar para ubicar pistas digitales que condujeran a los responsables del crimen, fuera la respuesta lógica de la Fiscalía Estatal en un caso que impactó a la comunidad nacional.
El seguimiento de las investigaciones también implicó un cruce de información con corporaciones federales y municipales sobre movimientos detectados en la estructura de cárteles y grupos delictivos. Después de todo, la agitación política y social derivada del asesinato de Jesús Memije, movió las aguas de tal manera que las conductas regionales del crimen organizado se moverían de su cauce rutinario.
El miércoles 29, los agentes ministeriales de la Fiscalía General de Guerrero concluyeron la identidad de los posibles responsables del asesinato: Jorge Luis “N” y Eduardo “N”.
Los ubicaron en una comunidad cercana a Coyuca de Benítez y en un operativo discreto realizaron su aprehensión. Los agentes aseguraron un vehículo compacto marca Nissan, tipo March color blanco y un arma calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con cartuchos útiles y que de acuerdo a la prueba de balística forense comparativa, se pudo determinar que los casquillos encontrados en el lugar de la ejecución de Memije Martínez, corresponden al arma de fuego asegurada a los presuntos asesinos.
Al final de cuentas, el Covid-19 revela que a partir de ahora la estructura de justicia federal y estatal debe aplicar cualquier estrategia a partir de la certeza de que el coronavirus ha infectado la vida económica y social de todo el mundo, pero no ha causado estrago alguno en los cuerpos criminales.