Por Efraín Flores Iglesias
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El próximo 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de lluvias en Guerrero, y al igual que el año pasado, el fertilizante nomás no llega a los campesinos. Y lo que es peor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal no ha entregado el padrón ni abierto las ventanillas correspondientes.
El pasado 3 de marzo y ante la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores y 74 de los 81 alcaldes de la entidad, el subsecretario de la Sader, Miguel García Winder, aseguró que los primeros bultos de fertilizante llegarían a Guerrero “a partir del 15 de marzo”. Mintió.
Es la fecha en que no se ha repartido ningún bulto de abono en las comunidades, a pesar de que en algunos municipios de las regiones Centro y Sierra las lluvias llegaron antes de tiempo.
El temor de los productores y de algunas organizaciones campesinas es que nuevamente miles de campesinos dejen de sembrar.
Resulta que en el ciclo primavera-verano 2019 hubo una reducción de cosecha del 50 por ciento, lo que representó pérdidas económicas por más de tres mil millones de pesos y una afectación para 100 mil productores, ya que no pudieron sembrar alrededor de 70 mil de las 454 mil hectáreas que anualmente se trabaja. Y todo por la irresponsabilidad del entonces coordinador nacional del programa de Fertilizante, Jorge Gage Francois, y del “súper” delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Desafortunadamente, los campesinos que no sembraron en 2019 se fueron a trabajar de jornaleros agrícolas a los campos del norte del país.
En una declaración que recientemente concedió al periódico El Sur, Sandoval Ballesteros informó que “en próximos días” iniciará la entrega de fertilizante en municipios de la región Montaña y comunidades serranas, basándose en el padrón de más de 200 mil beneficiarios, en tanto se integran nuevos productores solicitantes.
El problema es que no dijo cuándo iniciará exactamente la entrega del abono a los campesinos guerrerenses. Y lo más grave: abrió un frente contra los dirigentes de organizaciones campesinas.
“Esos líderes que siempre salen a hacer esos malos augurios de catástrofe sobre el campo y que han vivido de esas catástrofes, a que sean responsables en estos tiempos de crisis sanitaria, porque si pretenden hacer otra vez aglomeraciones, pondrán en riesgo la vida de mucha gente”, dijo. (El Sur, 02-V-2020).
Será al revés. El que estaría propiciando a que haya aglomeraciones es él, por su insensibilidad de atender los problemas sociales.
Como funcionario público, Pablo Amílcar es un irresponsable. Y como político, ni se diga.
Los campesinos no protestan por mero gusto. Si el año pasado salieron a bloquear carreteras, tomar bodegas y a retener a funcionarios del gobierno federal, fue por la entrega tardía del fertilizante.
A pesar de las críticas y señalamientos por la mala operación del programa, las altas compras del fertilizante y su mala calidad, Jorge Gage defendió su trabajo en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantenerse en su cargo, ya que el pasado 28 de enero fue cesado.
Desde ese entonces, el subsecretario Miguel García Winder quedó como el responsable de mantener las reuniones y acercamiento con los campesinos de Guerrero. Pero los avances nomás no se ven.
Además, Pablo Amílcar Sandoval utiliza su cargo para promoverse como aspirante de Morena a la gubernatura. Los mismos “servidores de la nación” andan haciéndole el caldo gordo para no perder la chamba.
Recuerdo que en 2018 –cuando el gobierno del estado operaba el programa– el fertilizante gratuito empezó a repartirse a los campesinos el 26 de marzo. Y no a 200 mil productores, sino a 340 mil. Los campesinos guerrerenses estaban contentos y listos para sembrar a tiempo 454 mil hectáreas.
Ojalá el fertilizante realmente empiece a repartirse esta semana y con estricto orden, con transparencia y sin favoritismos.
No son tiempos de protestas sociales ni confrontaciones estériles.
ENTRE OTRAS COSAS… A través de The Washington Post, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer una investigación, en la que señala que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), suma contratos por 162 millones de pesos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡Zas!
Resulta que León Manuel Bartlet (el hijo incómodo) no solamente recibió contratos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino también en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE).
¡Viva la Cuarta Trastornación!
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