Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Guerrero.- Autodefensas de la sierra aglutinadas al Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), rompieron relaciones con los grupos que operan en los municipios de Cuetzala y Teloloapan, en la Zona Norte de la entidad.
Luego de trascendidos en redes sociales, ambas organizaciones hicieron públicas sus posturas, donde además se acusaron mutuamente de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El FUPCEG, mediante un comunicado, señaló que está decisión fue tomada luego de comprobarse que Juan Carlos Flores, líder de la «Policía Tecampenera de Teloloapan», bajo los efectos de estupefacientes, ha tomado decisiones de «naturaleza reprobable».
Dichas decisiones, dijeron, «ha puesto en riesgo la estabilidad, seguridad y sana convivencia de los territorios que hasta hoy el frente ha mantenido libres de violencia y con índices delictivos muy bajos, lo que ha generado armonía social en todos los sentidos».
Asimismo, se deslindaron de los bloqueos que en los últimos días, estos civiles armados han realizado sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y precisaron que mantendrán una relación de respeto con el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, con sede en Apaxtla.
Por su parte, miembros de la autodefensa autodenominada «Policía Comunitaria Tecampanera», informaron durante los bloqueos realizados en Teloloapan, que su desición de romper con el FUPCEG, se debió a la alianza que estos hicieron con el grupo criminal «Los Números», quienes son a su vez una escisión de «Guerreros Unidos».
Durante el fin de semana, miembros de la Tecampanera, realizaron una serie de bloqueos a la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en demanda de un acercamiento con autoridades policiacas y militares de los tres niveles de gobierno, y buscar cooperación para mantener su presencia en la región.
A través de las redes sociales, pobladores y autodefensas del Municipio de Cuetzala, pidieron al Gobierno del Estado la presencia policiaca, militar y de la Guardia Nacional en sus comunidades, donde dijeron, se han registrado incursiones armadas en los límites con el municipio de Cocula.
Coordinadores de la CRAC-PC están coludidos con la delincuencia: Gonzalo Molina
Gonzalo Molina Hernández, promotor y vocero de la CRAC-PC en Tixtla, denunció que algunos coordinadores de casas de justicia de esa organización comunitaria, cuyas sedes se encuentran en la Montaña Alta y la Costa Chica, están coludidos con la delincuencia organizada.
Además acusó que estos pretenden aprobar la entrada, a esas regiones del estado, de empresas mineras para explotar recursos como el oro, y que imponen el pago de fianzas excesivas para dejar en libertad a sus detenidos.
Estas denuncias y su activismo independiente, aseguró el luchador social, generan “escozor” entre los líderes de ese sistema, razón por la que lo expulsaron de la CRAC, no obstante, dijo que seguirá utilizando sus uniformes e insignias.
El viernes pasado líderes de la CRAC anunciaron la expulsión de Gonzalo Molina Hernández, de este sistema, tras ser acusado de «usurpación de funciones», «mala conducta» y por «portación de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano».
En un comunicado, esa organización recordó que Molina Hernández inicialmente formaba parte de sus filas, sin embargo, sostuvo, no cumplió con los lineamientos emanados del reglamento interno del sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación.
Luego de estas acusaciones, el expreso político se enlazó este domingo vía telefónica con reporteros para fijar una postura. Dijo que primeramente la CRAC no cuenta con términos que dicten que deben ser expulsados sus miembros cuando estos incurran en malas conductas, sino más bien, citó, deben ser reeducados.
“Ellos dicen que yo estoy expulsado, vuelvo a repetir: no hay expulsiones. Tengo que enviar un documento para que me aclaren en qué punto del reglamento dice que hay expulsiones, entonces sí lo voy a hacer, lo voy a enviar”, anunció.
Molina Hernández dijo que la acusación en su contra de usurpación de funciones -una de las razones por las que supuestamente lo expulsaron-, no tiene fundamentos, puesto que cuenta con un nombramiento de vocero y promotor de la CRAC-PC, aprobada en asamblea por los pueblos de la Montaña Alta y de la Costa Chica.
Detalló que algunos de los municipios que lo reconocen como promotor indígena de la CRAC, son Metlatónoc, Malinaltepec y comunidades de Ayutla de los Libres. Inclusive, ejemplificó, la casa de justicia del Paraíso, ubicado en este último municipio, ha reconocido su trabajo a favor de los pueblos.
En cuanto a las acusaciones de portación de armas de fuego exclusivas del Ejercito Mexicano, otras de las causas por las que lo expulsaron, denunció que tiene pruebas de que algunos coordinadores de las casas de justicia y sus elementos operan con fusiles de alto calibre, “¿entonces por qué a mí me cuartan?”, cuestionó. Además justificó que no “podemos andar con escopetas” cuando los delincuentes cargan armas de alto poder.
El luchador social reprochó que la CRAC-PC en lugar de acogerlo, lo haya expulsado cuando la reivindicó durante 25 años, “por eso yo hago responsable a la CRAC y al gobernador Héctor Astudillo Flores porque ahí se ve claro la maniobra, porque como no pudieron a través de los jueces, ahora tratan con golpearme con ayuda de los peones del Estado”.
Como se recordará en noviembre de 2013 la policía ministerial del estado detuvo en Tixtla a Gonzalo Molina, ya que había una denuncia penal en su contra por lesiones y por la toma del Ayuntamiento de ese municipio, en agosto de ese mismo año.
Tras casi seis años preso en la cárcel de Miahuitlán, Oaxaca; en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, y finalmente en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, Gonzalo fue liberado en marzo del año pasado luego de que un juez determinara su inculpabilidad de los delitos que se le imputaron en un principio.
Gonzalo Molina dijo que su activismo está generando de algún modo estorbo en los intereses de la CRAC-PC, pues cuando estuvo en la Montaña le llegó información de que hay injerencia de la delincuencia organizada en el sistema comunitario. “Algunos coordinadores están coludidos con la delincuencia, y por eso quieren que salgamos de ahí”.
“Quiero denunciar también que he encontrado en algunas partes de la Montaña que líderes de la CRAC-PC están cobrado las libertades. Incluso recientemente hubo una fuga de un reo y detuvieron al papá, cosa que no se debe hacer. Por dejarlo en libertad le cobraron 50 mil pesos”, agregó.
Acusó también que las autoridades principales de esta organización comunitaria pretenden aprobar la entrada de mineras a la Montaña Baja y la Costa Chica para la explotación de oro.
“Ya les urge estregar esas minas, empiezan con el dinero, ¿para qué? Para que las autoridades comisariales, ejidales empiecen a firmar que sí están de acuerdo que entren las mineras. Todo ese es un panorama que encontré en la región de la Montaña”, enfatizó.
Gonzalo Molina dijo que continuará siendo vocero y promotor de la CRAC-PC y seguirá utilizando los uniformes e insignias de la organización, y que dejará estas funciones siempre y cuando así lo determinen los pueblos en una asamblea real.
Finalmente, el luchador social dijo que teme por su vida tras estas denuncias, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y a líderes de la CRAC-PC de lo que pudiese ocurrirle.
2019, un año funesto para la CRAC-PF
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que opera principalmente en zonas indígenas pobres de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, se vio marcada por un 2019 funesto. Fueron asesinados de forma dolosa al menos 16 de sus miembros; además, sufrieron secuestros y ataques armados.
El consejero comunal de esa organización comunitaria, Bernardino Sánchez Luna, acusó directamente al grupo delictivo denominado como Los Ardillos de estos hechos, de los cuales dijo, los tres niveles de gobierno tienen conocimiento pero al momento han obviado.
De acuerdo con un recuento de la CRAC-PF plasmado en un documento con asunto de denuncia, el 4 de mayo del año pasado en Chilapa fueron ejecutados a balazos los consejeros regional y de seguridad José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, respectivamente. El primero era originario de la comunidad de Xicotlán y el segundo de Buenavista, en ese mismo municipio.
Para el día 23 de mayo en la comunidad de Atzacoaloya, en Chilapa, fueron secuestrados en el punto conocido como La Capillita de San Martin, Bartolo Morales Hilario de la comunidad de Tula, que ocupaba el cargo de comandante regional de la “Policía Comunitaria”, e Isaías Xanteco Ahuejote, ex elemento comunitario.
No obstante, al siguiente día fueron encontrados embolsados y descuartizados sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del punto conocido como Las Antenas.
En junio los asesinatos de integrantes de la CRAC-PF no cesó, pues el día 2 Eugenio Máximo Hilario fue ultimado a balazos en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, ubicada en la zona indígena de la región Centro del estado.
Esta víctima mortal era comandante regional de la “Policía Comunitaria” de la CRAC y originario de Ayahualtempa, ubicado en ese mismo municipio.
Para el siguiente mes –julio- la “Policía Comunitaria” de la CRAC-PF perdió a cinco de sus compañeros: el comandante local Felipe de Jesús Tolentino Bolaños, originario de Alcozacan, fue encontrado muerto el día 11 en Chilapa, luego de haber sido secuestrado cinco días antes.
Para el día 8 Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, oriundos de Ayahualtempa, también fueron “levantados” por hombres presuntamente armados en la entrada de la comunidad de El Jagüey. Dieciséis días después de su búsqueda, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la comunidad de Rincón de Chautla.
El día 11 Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Rendón, originarias de Zacapexco, fueron encontradas torturadas y asesinadas sobre la carretera Chilapa-Atzacoaloya, a la altura de la colonia Corral de Piedra, en Chilapa, luego de haber sido secuestradas un día antes en la entrada del poblado de El Jagüey.
Hilario Tepetitlán, originario de la comunidad de Alcozacan, fue hallado asesinado sobre el tramo carretero Chilapa-José Joaquín de Herrera, a la altura de la colonia Corral de Piedra, tras haber sido levantado una hora antes del día 8 de agosto, en el crucero de El Jagüey.
En el mes de septiembre los ex policías comunitarios Leocadio Bolaños Hernández y Silviano Morales Joaquín también fueron secuestrados supuestamente por “Los Ardillos” en dos hechos diferentes en Hueycantenango, sin embargo sus cuerpos fueron encontrados sin vida en puntos diferentes.
Para el día 8 de octubre el policía comunitario Santos Vázquez Andraca, originario de la comunidad de Zacapexco, fue acribillado a tiros a 100 metros de la Policía Municipal de Hueycantenango, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica.
En noviembre la CRAC-PF también perdió a dos de sus compañeros tras ser asesinados a balazos: Samuel Rojas Dorantes fue asesinado el día primero de ese mes, e Isaac Martínez Rosendo, el día 18. Ambos eran de la comunidad de Ayahualtempa.
Fueron al menos 16 miembros de la CRAC-PF los ejecutados durante el 2019, supuestamente por el grupo delictivo de Los Ardillos que controlan los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y gran parte de las zonas indígenas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, según el consejero comunal Bernardino Sánchez Luna.
Asimismo, durante el año pasado ese mismo grupo delictivo atacó en más de cinco ocasiones las comunidades de Rincón de Chautla y Tula, en el municipio de Chilapa, poblado controlado por la CRAC-PF.
Sánchez Luna detalló que 200 sicarios de Los Ardillos llegaron en 16 camionetas a la comunidad de Rincón de Chautla y la atacaron a balazos, hecho que dejó como saldo un policía comunitario herido al repeler la agresión.
El 23 de junio, 20 de julio, 27 de noviembre y el 27 de diciembre este mismo grupo disparó con armas de alto calibre a las viviendas del poblado de Tula, derivando en un enfrentamiento con la policía comunitaria de la CRAC-PF, que dejó como saldo un miembro de esta organización comunitaria herido en el segundo ataque.
“Una patrulla de la Guardia nacional, una patrulla de los militares y una patrulla de los estatales al escuchar que seguían los disparos en vez de accionar en contra de los agresores que son Los Ardillos, retrocedieron cuando les dispararon desde el cerro donde están posesionados y entraron a la comunidad de Tula después de media hora cuando ya no se escuchaban los disparos”, acusó Sánchez Luna sobre el último ataque.
El líder acusó también que pese a que los tres niveles de gobierno tienen conocimiento de los 16 homicidios, secuestros y ataques, no han hecho nada en contra de los responsables, al contrario, dijo, han “girando órdenes de aprehensión a nuestros compañeros policías comunitarios que están resguardando las dieciséis comunidades que están integradas a la policía comunitaria de la CRAC-PF”. (Agencia Periodística de Investigación)
(Agencia Periodística de Investigación)