Miguel Ángel Arrieta
Desde que Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco, antepuso los intereses de su familia y amigos al interés de administrar honestamente el ayuntamiento, se colocó entre los objetivos del marco fiscalizador instalado por la Cuarta Transformación para detectar elementos que puedan enturbiar la expectativa del proyecto renovador lopezobradorista.
De hecho, el proceso de reingeniería financiera que anunció hace pocos días la presidente municipal para obtener un mejor rendimiento del presupuesto, no es sino el cumplimiento de un ultimátum dictado desde la Secretaría de Hacienda federal con la finalidad de detener la irresponsabilidad del ayuntamiento de Acapulco en el uso de recursos públicos.
Para los titulares de controles presupuestarios de la SHyCP, no hay lógica que justifique el subejercicio de más de 300 millones de pesos que el ayuntamiento de Acapulco no supo aplicar durante 2019.
Por lo pronto, la investigación federal iniciada para evaluar las políticas administrativas que obstaculizaron recursos provenientes de líneas federales destinados hacia áreas sociales marginadas, revela indicios que van más allá de conductas relacionadas con la inexperiencia o la incapacidad de funcionarios.
De ahí que desde el despacho del Secretario Arturo Herrera, la instrucción inmediata dirigida a la alcaldesa es sacar lo más pronto posible de la nómina al cardumen de parientes y amigos que Adela Román colocó desde el inicio de su gobierno.
El problema es que esa encomienda no es tan fácil para Adela Román: a estas alturas su parentela encabezada por sus hermanos y sobrinos-sobrinas, prácticamente ha formado un gobierno alterno dedicado a controlar finanzas, asignación de contratos de obra pública, la Comisión de agua Potable, recursos de programas asistenciales y toda una red especializada en tráfico de influencias.
En este contexto se da el nombramiento de Silvestre Arizmendi al frente de la oficina de Comunicación Social. Dentro de la propuesta de reordenamiento administrativo, se contempla la desaparición de la subsecretaría de Desarrollo Social que tenía a su cargo este funcionario, quien nunca ha hecho otra cosa que servir de operador político partidista a la alcaldesa.
Por ello, antes de despedir a su incondicional, la alcaldesa lo designa responsable de un área desde la que va a diseñar la proyección de Adela Román hacia la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2021.
A la par con en el reacomodo de sus amigos, desde el lunes pasado, una delegación de funcionarios municipales de las Secretarías de Finanzas y Planeación, se trasladaron a Ciudad de México en donde se han dedicado a tocar puertas para tratar de defender lo indefendible e intentar desatorar los presupuestos asignados por Hacienda al ayuntamiento de Acapulco, ante el desperdicio presupuestal en que incurrió este gobierno durante el año recién concluido.
El desorden de la Tesorería municipal alcanza niveles tan incontrolables que la titular de esa dependencia prefirió renunciar. Particularmente cuando las instancias federales exigen la aparición de una flotilla de automóviles del año adquiridos con recursos municipales, cuyo destino y utilidad nadie puede comprobar.
Los focos rojos en el tablero de la presidente municipal la llevaron a contratar ya a un equipo de contadores y fiscalistas externos, que le ayuden a limpiar los estragos de la opacidad financiera; se trata de un grupo de ex funcionarios del ayuntamiento que conocen los andamios hacendarios y se especializan en procesos de reingeniería.
Entre las primeras conclusiones, el grupo de expertos define que más que un problema derivado de incapacidades financieras y burocráticas, la crisis administrativa del ayuntamiento de Acapulco se deriva de que los controles políticos del gobierno municipal permanecen atrapados en una red de intereses de la familia Román-Godoy-Ocampo, lo que conduce el rediseño de planes presupuestales a un nuevo fracaso.
En el fondo, la crisis radica en la falta de voluntad para reajustar integralmente el rumbo total de la administración municipal, no nada más la parte financiera, pero Adela Román no ha sabido potenciar la percepción social de que Acapulco se mantiene en serios problemas por la corrupción, a pesar de su discurso contra el ex alcalde Evodio Velázquez, y abandonó el tema de la transparencia y la disciplina fiscal, en espera de que el gobierno de López Obrador le resolviera todo por simple petición.
Al final de cuentas, si se puede localizar una ruta de reencauzamiento financiero, pero cualquier modelo se complica ante la permanencia de los afectos familiares por encima del beneficio colectivo.