Legalizar amapola para terminar con la inseguridad aseguran comisarios de la Sierra guerrerense

Por: Rosario García Orozco
Reportera
Chilpancingo, Gro., 11 de septiembre de 2017. (Síntesis de Guerrero).- Si no se legaliza la siembra de la amapola, los problemas de inseguridad van a continuar en todo el estado, aseguraron comisarios de comunidades de la sierra Guerrerense.

Los representantes de las comunidades serranas decidieron conformar grupos de policías ciudadanos en 21 comunidades de dos municipios, para reforzar acciones de seguridad para los habitantes de esas localidades.

Arturo López Torres, ex comisario de la localidad de Filo de Caballos, explicó en conferencia de prensa en la comunidad de Campo de Aviación, que los grupos de policías ciudadanos existían desde hace 50 años, pero que poco a poco fueron siendo desplazados por los policías rurales.

Aseguró que los grupos de policías ciudadanos se enmarcan dentro del Bando de Policía y Buen Gobierno y se conforma por unos 5 habitantes de la comunidad y dependerá de cada ayuntamiento el tipo de armas que les permitan portar; y de momento solo se incorporarán localidades serranas de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo.

Los comisarios coincidieron en que los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que tantas vidas ha cobrado en la sierra Guerrerense se debe a que no se ha legalizado la siembra de enervantes.

“Si no hay legalización, por los siglos de los siglos va a seguir este problema” insistieron, al referirse a la alta incidencia delictiva y las muertes violentas que se registran en este estado, que es el número uno en la producción de amapola.

Sostienen que en países donde se ha legalizado la siembra de enervantes los índices delictivos han bajado, a diferencia de los países donde las autoridades no han aceptado la legalización.

En ocasiones el mandatario estatal, Héctor Astudillo ha hecho declaraciones en torno a que es necesario legalizar la siembra de la amapola para usos medicinales, pero la discusión, análisis y aprobación compete a los legisladores federales.

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