Bajo Fuego: La pudrición

   José Antonio Rivera Rosales

 

   A querer o no, el Gobierno del Estado se encamina a un callejón sin salida en el caso del choque violento que causó la muerte de al menos 28 internos en el penal de Las Cruces.

Pese a la cerrada postura adoptada por el gobierno estatal sobre la matanza de internos, en corredores policiales prospera la versión de que efectivamente un grupo armado detonó el choque violento, tal como se reseñó aquí en la entrega anterior.

Según la versión, para el efecto los intrusos habrían contado con la complicidad de custodios y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, lo que terminará implicando en el ilícito a muchos más servidores públicos de los que hasta ahora están bajo investigación, procedimiento que podría alcanzar inclusive al general Pedro Almazán Cervantes.

El caso es que el lamentable incidente, que una vez más puso al puerto de Acapulco en los titulares del mundo entero, se enfila hacia un pozo profundo que amenaza con arrastrar consigo el gobierno de Héctor Astudillo, tal como aconteció con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que propició la caída de Ángel Aguirre Rivero.

En corredores clandestinos circula cada vez con mayor fuerza la especie de que un grupo de hombres armados ingresaron en el penal a las 03:45 de la madrugada de ese fatídico jueves 6,  lo que propició el enfrentamiento con un numeroso grupo de internos que, armados con objetos punzocortantes, ya los esperaban.

Si esto es así, estamos ante la comisión de un concierto de delitos que deberán ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de que la inmensa mayoría de los involucrados son reos del orden federal.

Aunque el gobierno aplicó un férreo control de información para minimizar los daños, especialmente en el ámbito mediático -que finalmente se tradujo en un burdo intento de censura que generó el efecto contrario, en particular entre las agencias internacionales de noticias-, los hechos que se han ido conociendo implicarían a un número importante de servidores públicos coludidos con el crimen organizado. Todos ellos, de la SSP de Guerrero.

El episodio es particularmente grave a partir de que dos instancias de importancia clave en la agenda pública de México -la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH)- intervinieron oficialmente para conocer lo que realmente aconteció en el penal de Las Cruces. Así las cosas, es cuestión de tiempo para que haga lo propio la PGR.

 

Si atendemos la pertinencia de la especie, que circula profusamente tanto en círculos policiales como en corredores clandestinos, es de suyo gravísimo porque se traduciría en un quiebre de la presente administración estatal, con todas las implicaciones institucionales, políticas y legales que ello supondría.

En particular, porque estamos a días de que arranque el calendario político-electoral que permitirá en 2018 la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión,  alcaldías y congresos locales. Nada más.

¿Qué nadie le ha explicado al gobernador la trascendencia de esta matanza criminal que con facilidad podría vincularse con el calendario político? ¿O ésa es la idea, trastocar gravemente la legalidad en este sufrido estado de Guerrero?

Una cosa es clara: sólo mentes perversas vinculadas con el crimen  organizado podrían urdir tamaña monstruosidad.

Con todo, esta es una oportunidad para sanear, de una vez por todas, el sistema carcelario que está pletórico de canalladas que se generan en la propia administración penitenciaria. Por ejemplo, el trato, hacinamiento y alimentos que se les proporcionan a los reos, sean del orden común o federal, que según informes es francamente inhumano.

La investigación pudiera partir de las revelaciones en video del policía estatal Jesús Martínez Ramírez, quien da a conocer una serie de vinculaciones de mandos de la SSP con uno de los grupos de la delincuencia organizada. El uniformado apareció asesinado el 30 de junio en el área de Tierras Prietas, en Chilpancingo.

Lo relevante del caso es que el policía ultimado revela nexos de oficiales de la SSP con bandas delincuenciales que operan en la región centro del estado. Para una investigación federal, este sería un primer indicio que permitiría vislumbrar hasta dónde llega la infiltración del estado por parte de los grupos criminales.

En el mismo sentido, en el caso de la matanza de reos la especie apunta a que algunos custodios participaron directamente en la masacre mientras mandos de la SSP hicieron mutis, en tanto al interior del penal se desataba el infierno. ¿Acaso el general Almazán Cervantes ignoraba que esto se generó entre sus filas? En todo caso, si lo ignoraba o no, es el primer responsable del siniestro.

En la línea de mando son responsables Miguel Alonso Orihuela Hernández, subsecretario del Sistema Penitenciario; Enrique Hernández Covarrubias, encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial; Alejandra Bautista Reyes, directora de Seguridad y Custodia Penitenciaria; Miguel Ángel Gómez Garduño, director general del Cereso de Acapulco, así como todos los custodios responsables tanto de la puerta de acceso como de la aduana interna.

Si bien la CNDH ya atrajo la investigación, es de esperar que la PGR lleve a cabo su propia indagación para determinar quiénes de los funcionarios del general Almazán están coludidos con el crimen.

Tras ello, las instancias de procuración de justicia deberán llevar a los responsables ante los tribunales. A menos que quieran mantener ese juego criminal de simulación y engaño.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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