Localizan casas de seguridad de El Pez y El Tequilero en Tierra Caliente

 

Como parte de los trabajos de investigación dentro del “Operativo Relámpago” en la Tierra Caliente del estado, el Ejército mexicano localizó 5 casas de seguridad en Coyuca de Catalán utilizadas por Jhony Hurtado Olascoaga alias “El Pez”, líder de La Familia Michoacana.
Asimismo, efectivos militares localizaron 8 cuevas en el cerro de La Ventana de la sierra de San Miguel Totolapan usadas como escondites por Raybell Jacobo de Almonte alias “El Tequilero”.

 Autoridades de Guerrero tienen identificado a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el líder del “grupúsculo” criminal que lleva su apodo, Los Tequileros, un criminal que tiene al menos 15 órdenes de aprehensión en su contra por delitos como extorsión, secuestro y homicidio, reveló Xavier Olea Peláez, fiscal general de Guerrero.

Entre los crímenes que se le atribuyen están los de la exregidora panista de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes; el regidor Roberto García García, también en ese municipio y del dirigente del PRI, Carlos Salanueva de la Cruz.

Su sello es la amenaza. El propio presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, está amenazado por El Tequilero, como se puede observar en un video subido a las redes en el que presuntamente el alcalde es obligado a expresar su apoyo a esta banda criminal.

Se le atribuye también la responsabilidad en el homicidio de José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla en Arcelia, y de Joaquín Real Toledo, director de la secundaria técnica de Santana del Águila, en Ajuchitlán, de donde fue sacado por la fuerza el 11 de enero pasado.
A estos crímenes se suman el secuestro de decenas de personas que luego fueron liberadas en los límites de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan, presuntamente tras el pago de un rescate.El fiscal Olea detalló, en entrevista con El Financiero, que esta organización está integrada por 30 personas, aproximadamente, quienes en algún tiempo fueron sicarios de La Familia Michoacana y ahora buscan su independencia.

De acuerdo con Olea, los hechos buscan marcar un territorio e infundir temor para que se sometan al grupo, surgido a finales de 2014.

El Tequilero disputa zona a su antiguo jefe de El Pez o El Pescado (Johnny Hurtado Olascoaga), y decir ‘Aquí mando yo’”, dijo el fiscal.

Reconoció que en Guerrero operan unos 50 grupos, escisión de La Familia, los Beltrán Leyva o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Reportes federales indican que estos grupos tienen presencia en al menos 60 de los 81 municipios del estado, es decir en casi el 80 por ciento de Guerrero, una de las principal entidades productoras de amapola y mariguana en el país.

El fiscal señaló, sin embargo, que la mayoría estos grupos son pequeñas organizaciones integradas por entre 15 y 60 personas, y trabajan más como bandas delictivas que como cárteles de la droga.

En los homicidios que le atribuyen, El Tequilero aplica lo que hizo como sicario de La Familia: dejar mensajes junto a las víctimas en los que advierte de que lo mismo le pasará a quien apoye a sus contrarios, entre ellos El Pez.

–¿Quién es El Tequilero?
–Es un hombre de unos 40 años, sumamente violento. Él era subordinado de un sujeto que le apodan El Pez en La Familia pero tienen diferencias. Ahora, El Tequilero busca su independencia y disputa las plazas que están en el triángulo de San Miguel Totolapan, Arcelia y Ciudad Altamirano a El Pez.

– ¿Cuál es su negocio?
– Ellos (El Pez y El Tequilero), controlaban la producción de mariguana y opio. Ese negocio lo sigue controlando El Pez, mientras que El Tequilero se dedica al secuestro y la extorsión.

– ¿Tienen identificada la estructura del cártel de El Tequilero?
– Para empezar no es un cártel, es un grupúsculo, hasta hace unos días de unas 40 personas.

– Si lo tienen tan identificado, ¿por qué no lo detienen?
– Estamos en camino de ello, es una persona que se sabe mover.

EL PEZ

Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, es una leyenda en la Tierra Caliente. Y lo es porque parece tener más de una vida. Es por él, dicen, los calentanos, que La Familia Michoacana se resiste al avance de los Caballeros Templarios en el Estado de México y Guerrero, la organización donde ahora trabaja “La Tuta”, Servando Gómez, antiguo fundador de los primeros y creador de los segundos.

Michoacán, Guerrero y el Estado de México en Tierra Caliente son una entidad propia. Incluso un movimiento social y político ha promovido por años la separación de aquella región, abandonada en los hechos por las autoridades de los tres estados y que en realidad forman un cinturón de miseria, municipios expulsores de migrantes desde hace décadas a pesar de la riqueza natural que comparten. El abandono ha creado sus monstruos, siempre con ayuda de los gobiernos. La tierra, fértil pero inútil y lo intrincado de la Sierra de Nanchititla conformaron la fuerza que al menos en los últimos tres sexenios se exacerbaría. El narco supo encontrar en ese entorno siempreverde y violento por naturaleza propia el escondite perfecto. Alejado, casi escondido, ese Triángulo de la Brecha protegió más que bien a los de La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Marranos, Los Pelones, Guerreros Unidos y las avanzadas templarias.

Hurtado Olascoaga, “El Mojarro” o “El Señor Pez”, como la revista Esquire lo identifica, es el más buscado en la entidad y la Procuraduría estatal ofrece por él medio millón de pesos. Olascoaga también está relacionado con los recientes secuestros en Valle de Bravo y que generaron la movilización de la Gendarmería Nacional.

La carrera de Hurtado no es reciente y sólo confirma el dominio que el narcotráfico tiene sobre aquella zona y su relación con el “estado de guerra” michoacano. No es casualidad, por ejemplo, que un mexiquense, el ex procurador de la PGJEM, Alfredo Castillo, sea actualmente el Comisionado para la Paz y que “La Tuta” no ha ya sido capturado. No es posible entender el fenómeno del narco si se atienden por separado a Michoacán, a Guerrero o al Estado de México.

El área de influencia de “El Mojarro” está delimitada por las autoridades, que lo ubican “en Amatepec y Tlatlaya, así como en Arcelia, San Miguel Totoloapan, Acapetlahuaian, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, en Guerrero”. La PGJEM ofrece una descripción física: mide 1.84 metros, es delgado, de ojos cafés y cejas semipobladas, nariz ancha y boca prominente, de cara redonda y padece dermatitis. Tiene abiertas 10 carpetas de investigación en su contra y es precisamente en Arcelia donde mantiene su estancia. Y de Arcelia es, al menos, una de las víctimas muertas por el ejército, Érika Gómez González, estudiante de secundaria de 15 años de edad y a la que de manera oficial se le identifica como narcotraficante. Ella, según su madre y testigo presencial de aquellos hechos, fue fusilada.

Arcelia y Tlatlaya son fronteras de Guerrero y el Estado de México, respectivamente.

“El Mojarro” tiene un hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, también buscado por la policía y con una recompensa similar. Johnny Hurtado llegó al poder en La Familia luego de que fuera apresado “El Pony”, Leobigildo Arellano Pérez o José María Chávez Magaña, detenido en Pénjamo, Guanajuato, a principios de julio del 2014. “El Mojarro” fue su sustituto natural.

Buscado por militares y marinos desde el año pasado, la prioridad contra Hurtado cambió cuando su grupo asesinó a un teniente de corbeta en Liberaltepec, Apaxtla de Castrejón, a mediados de abril del 2014. Esos días, Arcelia fue sitiado por los militares, quienes no pudieron atraparlo a pesar de saber que allí se encontraba su objetivo. Instalaron retenes y hasta revisaban las redes sociales de quienes pasaban por allí. Pero nunca lo encontraron.

Según una versión del teniente de Infantería, Omar Lugo León, acusado junto a otros cinco soldados de filtrar información a La Familia sobre el movimiento de los militares, Hurtado se había encargado de comprar, a cambio de un pago de 140 mil pesos, toda una red de soplones dentro del Batallón 102, a partir de mayo del 2010, y que alcanzaba media centena de personas. Según el teniente Lugo, conoció a Hurtado en Amatepec, durante un encuentro de futbol. Allí le propuso el plan anterior, pero no era la primera vez que el narcotraficante se encontraba cerca de los militares.

En marzo del 2013 el sur mexiquense recogía la noticia de que “El Mojarro” había sido capturado, en el municipio de Temascaltepec, durante una batalla campal que confirma que las masacres en la región no son hechos aislados. Esa vez, el encuentro entre las tropas militares y los sicarios de La Familia arrojarían al menos 10 muertos y un soldado herido, según versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que admitía el hecho pero nada más. Porque la versión de testigos apunta que aquella balacera se originó debido a la captura de Hurtado, concretamente en el poblado de San Pedro Tenayac. Su grupo intentó rescatarlo sin éxito.

Desde el 2010, autoridades y pobladores entendieron que sin “La Tuta”, “La Familia” se debilitaría, lo cual ocurrió progresivamente cuando los Templarios entraron en escena. El relevo sería operado desde Michoacán y costaría. No se podría hacer sin el apoyo de autoridades y aun de militares y marinos. En Tenayac, Hurtado habría pactado su liberación y posterior acercamiento con algunos militares. Menos de un mes después, “El Mojarro” reaparecía paseando en Luvianos y Arcelia.

La reciente matanza en Tlatlaya involucra al Batallón 102 del Ejército mexicano, de la 22 Zona Militar en el Estado de México. Este mismo batallón, con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, fue relacionado con el asesinato de cuatro funcionarios de Arcelia, en diciembre del 2013. Entre ellos se encontraba el director de Tránsito municipal, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona” y quien sería suegro de Johnny Hurtado. “El Mojarro asumió el control de la estructura de La Familia en la zona norte del estado y a través de su brazo ejecutor identificado como “La Beba”, intensificaron la guerra que mantienen con sicarios al servicio de Guerreros Unidos, grupo afincado en la ciudad de Iguala. En los últimos días, los enfrentamientos entre sicarios de La Familia y Guerreros Unidos se han registrado en la parte serrana de los municipios de Teloloapan y Apaxtla, donde los secuestros y la ola de desplazados aumentan dramáticamente”, apunta el semanario Proceso en una nota de Ezequiel Flores.

El teniente de corbeta ultimado se llamaba Arturo Uriel Acosta Martínez, y en el enfrentamiento que le costó la vida encabezaba un pelotón de marinos que había irrumpido en el poblado de Liberaltepec, donde se producen enervantes bajo el control de La Familia. El convoy, del 22 Batallón de Infantería de Marina, se encontró con un comando uniformado como militares y que les hizo frente en la iglesia del lugar. Allí se desató una refriega, a las seis de la tarde, donde murieron el teniente y dos sicarios. Se detuvo a José Barrera Martínez, de 28 años; Luis Alberto Quiñones, de 24; Guadalupe Soto Ortiz, de 22; Palmira Rentería Carranza, de 20 y una adolescente de 15, todos originarios de Arcelia, además de armas de alto poder. El hecho ocurrió a finales de abril del 2014

En diciembre del 2013 “El Mojarro” y su grupo se hacían presentes a través de pancartas, dejadas sobre el cuerpo de dos hombres descuartizados en Teloloapan, Guerrero. El mensaje estaba dirigido a los secretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México. “Secretario de la defensa y marina ahí les dejo su cena de navidad para que vean quien es la verga de Guerrero, mientras me divierto viendo sus pendejos elementos que me mandan en sus operativos. A mí me la pelan y les doy 24 horas para que se retiren si no los voy a empezar a matar en emboscadas pinches corporaciones de mierda, con su padre nunca van a poder. Atte. El pez y el M16. Viva la FM”.

En un país donde el 90 por ciento de los delitos permanecen impunes, según datos del INEGI, los mensajes en las mantas forman parte del paisaje cotidiano que genera el narcotráfico. Las muertes en Tlatlaya y Arcelia también. Los enfrentamientos no son públicos y apenas algunos se han conocido. Tlatlaya, según una versión del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, presentó otra masacre, el 18 de agosto del 2008, donde apunta la muerte de “por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más (que) resultaron heridas”. El ejército limpió la escena recogiendo cadáveres y casquillos.

“Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría”, escribía Granados en el diario Reforma.

 

Otras matanzas

 

Caja de Agua es apenas un paraje, unas cuantas casas que ni siquiera alcanzan a formar una ranchería. Los vecinos que allí viven, a pocos kilómetros de Luvianos, la cabecera municipal, saben que tarde o temprano sus llanos serán usados como arena de combate entre los grupos narcotraficantes, entre los que se incluyen fuerzas de seguridad públicas y militares.

Los enfrentamientos han sido varios pero al menos dos de ellos han sobrepasado los cincuenta muertos cada uno. Las cifras, calculadas por los habitantes desde el terror, no cuadran con las oficiales, cuando las hay. En algunas de esas batallas los participantes son policías que toman partido por alguno de los bandos.

La región de Tierra Caliente abarca 23 municipios de Guerreo, Michoacán y el Estado de México. Para el narcotráfico, funciona como un solo territorio, sin fronteras políticas o geográficas. Se trata de un solo cuerpo articulado para defender y operar el trasiego y producción de drogas al resto del país, con sus propias leyes y autoridades al margen del gobierno oficial, al que controlan abiertamente al menos desde hace tres sexenios.

El 1 del julio del 2009, Pelones y Familia chocaban en aquella comunidad, paso obligado de la droga hacia Guerrero y Michoacán. Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, motos y hasta 25 armas largas decomisó la antigua policía mexiquense, ASE, que intervino en plena balacera. Una versión señala 12 narcos muertos y dos policías heridos en una reyerta que busca ejecutar al líder criminal Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de Agua, una emboscada arrojaba dos personas ejecutadas y la movilización de 80 policías de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre quienes peleaban la región pero tampoco en esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. Sin embargo, el ataque involucraba granadas de fragmentación. Era cuestión de tiempo para que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de ese mismo año pero en el centro de Luvianos, aparecía muerto junto con otra persona, con 49 impactos de bala en su cuerpo. El crimen era emblemático pero ejemplar, porque los cuerpos fueron colocados con premeditación frente a una tienda de materiales de construcción, propiedad de la familia González Peña, que un año antes había visto cómo Ranferi González Peña era asesinado en su propia casa y un hijo de éste secuestrado para no volver a saberse de él. La Familia Michoacana limpiaba el territorio pero también vengaba a sus caídos y si algunos líderes habían muerto, pronto se apoderarían de toda la región. Buscaban al verdadero jefe, Albert González, conocido como El Tigre, comandante en jefe de los Zetas en Luvianos. Ranferi, Jaramillo y El Tigre tenían un historial delictivo que los ligaba con actividades ilegales que el gobierno mexiquense conocía. El escritor Francisco Cruz, coautor del libro Negocios de Familia para editorial Planeta, ubica a estos González en su investigación: “…La imagen de Esquivel se fue difuminando hasta desaparecer, y el asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio sobre la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y controlado por el imperio de El Chapo Guzmán— y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia, una de las dos organizaciones que controlan el crimen organizado en el Estado de México. El homicidio fue perpetrado con al menos una decena de descargas de armas de fuego de alto poder, los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de las Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la de Seguridad Estatal (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Y cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron, levantaron el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. Luego enfilaron por una de las calles en dirección a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia Ranferi recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la 16 de septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas sobre la cabecera municipal y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de los Ranferi y asesinaron al maestro, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad. En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo, pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, El Coronel, presunto lugarteniente de una célula de Los Zetas en la zona— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México”.

Tigre o Coronel, también cayó, aunque en manos de la policía federal y dos años después, el 25 de junio del 2011. Su nombre completo era Albert González Peña o Franco Bueno Peña y para ese año se encargaba de la plaza de Veracruz para los Zetas. Pocos se dieron cuenta de que era el mismo que había operado en tierras mexiquenses. Pero ya no importaba. Poco a poco la historia y su entramado dejaron paso a otras, más sangrientas y no menos importantes.

 

¿Guerrilla?

 

Para el periodista Francisco Cruz Jiménez, autor del libro Tierra Narca, donde revela las componendas entre el narcotráfico y las autoridades mexiquenses, la reciente matanza de Tlatlaya puede deberse a otro factor, histórico pero también coyuntural, y que tiene relación con la posible llegada de empresas petroleras, luego de aprobada la reforma energética.

Para Cruz, hay elementos suficientes para inferir que los 22 muertos pueden pertenecer a un grupo guerrillero asentado precisamente en Tlatlaya. El periodista fue el primero en afirmar públicamente que el supuesto enfrentamiento de finales de julio del 2014 era algo más que eso, y que se podría tratar de una ejecución. El tiempo, casi de inmediato, ha terminado por darle la razón y proporciona el nombre del grupo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, que irrumpieron públicamente el 2 de diciembre del 2013 para exigir la liberación de líderes de la CRAC El grupo armado exigen la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, “Néstora Salgado García, Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la casa de justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco y 12 Policías Comunitarios”, publicaba el diario Milenio.

La Coordinadora Regional era finalmente el equivalente de los grupos de autodefensa michoacanos, creados e impulsados por José Manuel míreles, actualmente preso por órdenes del gobierno federal. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias acusaron al gobierno de Peña Nieto de reprimir a organizaciones sociales. “El retorno a las armas es imprescindible, si hoy están calladas, que se oiga en los pueblos y en las ciudades, las costas y los valles, por los caminos del sur, por los caminos del mundo”, decían en su primer comunicado.

El especialista en guerrilla en México, Jorge Lofredo, escribe sobre las FAR que “no es ocioso destacar que en la línea de desarrollo en su escrito FAR-LP suscribe lo que ha sido denunciado reiteradamente, y que de ninguna manera es exclusivo en organizaciones clandestinas, tampoco revolucionarias y menos aún radicales: la situación de los damnificados por Manuel, la situación de las autodefensas, los asesinatos de dirigentes sociales, y todos los etcéteras imaginables. En este caso puntual, FAR-LP está hablando de lo que los guerrerenses hablan. Aún así, cuando un grupo novel habla es altamente probable que omita temas o situaciones puntuales que algunas lecturas políticas perspicaces hayan notado como falencia o espacio de desarrollo para otras hipótesis inentedibles fuera del contexto de la gravedad social guerrerense. No obstante, si se trata de un grupo en desarrollo, tendrá la posibilidad de especificar cualquier cuestión en futuros escritos.

“Ahora bien, es posible enfrentarse a una situación donde una organización que se reclama revolucionaria no sea tal. Y ello es posible porque bien podría ser un membrete implantado por sectores para-institucionales o institucionales con el objetivo de marcar bases guerrilleras reales con objetivos y estrategias contrainsurgentes o para generar algún clima previo que sirva para legitimar alguna necesidad represiva. Tanto o más grave aún será si se trata de una sigla implantada por sectores que no necesariamente están vinculados a sectores institucionales con el objetivo inmediato de legitimarse —como bien podría ser el narco y que ya existen registros previos de situaciones semejantes— para desviar el eje de una situación a otra.

“Sin embargo, continuando con los argumentos expuestos, es posible arribar a una tercera situación hipotética: no es posible descontextualizar la aparición de FAR-LP de otros grupos que irrumpieron y desaparecieron en un mismo acto, esto es, los grupos efímeros. Víctimas de la represión o porque ya cumplieron su objetivo, éstos aparecen y desaparecen en una misma acción, por lo que hace imposible argumentar acerca de ellos sobre sus verdaderas intenciones. Lo cierto es que desde antes de antes de 1996, y más allá de las fronteras estatales, pueden rastrearse estas formas de y con disímil actividad. Pero, por otro lado, no es posible obviar que en los últimos meses estas irrupciones coinciden con fechas de alta conflictividad social y política (uno de diciembre, 2 de octubre, etcétera). En este caso particular confluye el aniversario de la asunción del presidente de México y, al día siguiente, el aniversario por el asesinato del maestro, luchador social y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. Lucio, sobra argumentar al respecto, es la referencia fundamental y fundacional de la lucha magisterial, política, social y armada en Guerrero y en México hasta la fecha”.

Estas FAR también fijaron su postura respecto de petroleras extranjeras que se instalaran en México gracias a la reforma energética lograda por Peña Nieto. Éstas, las empresas, serían consideradas un objetivo militar. “La reforma energética no es otra cosa que el gran negocio de Peña Nieto y Salinas de Gortari, nuevos Santa Anna de los tiempos actuales para entregar los recursos energéticos al capital extranjero, desde ahora les decimos a las empresas que pretendan instalarse en nuestro país serán consideradas objetivos militares”, apuntaban las Fuerzas en su primer comunicado.

Una combinación explosiva es la que sugiere Cruz para la Tierra Caliente, que incluye pobreza, petróleo, narcotráfico, masacres sistemáticas y la indiferencia absoluta de las autoridades correspondientes.

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