Bajo Fuego: Asediados

 

 

   José Antonio Rivera Rosales

 

   Con un despliegue espectacular, el pasado 11 de abril la Policía Federal instrumentó un operativo extraño: a las 06:30 horas de ese día tres poderosos helicópteros UH-60 Black Hawk cercaron una pequeña comunidad donde aterrorizaron a sus habitantes.

Con un centenar de hombres encapuchados y armados, el operativo irrumpió esa mañana para aprehender a una supuesta célula delictiva, pero sólo encontró algunos jóvenes que desarrollaban labores del campo a quienes posteriormente presentó como delincuentes peligrosos.

En la mayor parte de los casos, los policías irrumpieron a la fuerza en las humildes casas de donde extrajeron violentamente a algunas personas que aún dormían. En el transcurso de la operación, aprovecharon para derrumbar puertas, golpear a hombres y mujeres por igual, catear habitaciones y, de paso, robar el poco dinero existente.

Otra columna del operativo, según la información disponible, aprovechó para hacer lo propio en otras dos comunidades de donde también se trajeron algunos detenidos, aunque la mayor furia la descargaron contra los habitantes de El Tule, pequeña comunidad de la parte media de la Sierra Madre del Sur, situada en la jurisdicción del municipio de Tecpan de Galeana, el área geográfica donde se ubica el llamado Filo Mayor.

El operativo generó pánico en las comunidades de El Tule -pueblo que fue totalmente abandonado por sus habitantes horas después de la irrupción policiaca-, El Limón del Pochote, Santa Lucía, El Guayabo, Bajos de Balsamar, entre otros.

Horas después en la ciudad de México el comisionado de la PF, Manelich Castilla, anunciaba la aprehensión de Rubén Granados Vargas, conocido como El Nene, uno de los supuestos “objetivos prioritarios” de la estrategia anticrimen instrumentada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Con toda la seriedad que el caso amerita, Castilla dijo que Granados Vargas fue encontrado en una brecha de la sierra durante un recorrido de rutina de la corporación, en compañía de un grupo de hombres y en posesión de armas y droga. La versión oficial leída por el comisionado aseguraba que los hombres habían intentado huir, pero fueron sometidos por los federales sin disparar un solo tiro.

Como es natural, al cabo de unas cuantas horas los abogados de la defensa desmontaron la fenomenal mentira que el comisionado presentó como versión oficial de un exitoso operativo policiaco, lo que permitió recuperar su libertad a 5 de los 9 detenidos el 11 de abril, entre ellos a Granados Vargas.

Rubén Granados es un caso muy particular: detenido en abril de 2009 por diferentes imputaciones legales, fue liberado hace dos años completamente absuelto de todos los cargos, luego de una batalla legal que duró cinco años.

Ya en libertad Granados Vargas se convirtió al cristianismo bautista, lo que lo llevó a retirarse de las actividades ilícitas, un hecho público y notorio en su pueblo natal El Tule, así como en las comunidades vecinas, donde ayudó a constituir un fuerte núcleo de comunidades de la sierra que practican el bautismo como una forma de combatir la violencia.

Por eso resulta completamente extraño que la CNS y la PF lo hayan definido como un “objetivo prioritario” de la estrategia anticrimen y, más aún, que hayan orquestado un frenético operativo para capturarlo con ayuda inclusive de helicópteros Halcón Negro, lo que implicó un despliegue aparatoso de hombres y armas.

En cambio, lo que resulta más creíble es lo que relataron algunos lugareños a los reporteros que conocieron el caso: que de uno de los helicópteros Halcón Negro descendió un sujeto de nombre Víctor Rodríguez, conocido delincuente de la región, quien a primera vista parecía ser el guía del operativo.

Pareciera entonces que el alto mando de la Policía Federal buscaba en realidad “limpiar” un territorio de posibles obstáculos para entregarlo a un determinado grupo delincuencial, dado que esa zona es, precisamente, la mayor productora de amapola y marihuana en toda la Sierra Madre del Sur. ¿Es eso lo que pretendía el operativo de los federales?

En el extremo sur de la misma cordillera, en la llamada región de La Montaña, comunidades completas -especialmente mujeres y niños- han salido a defender los plantíos de amapola cultivados por los pueblos indios, que se debaten entre la migración y el hambre.

En la zona limítrofe entre Guerrero y Oaxaca algunas comunidades como Santa Cruz Yukukaní, Coicoyán de las Flores, Juquila Yukukaní, entre otras de esa región, han salido a enfrentar a los soldados cuando el personal militar pretende destruir manualmente los sembradíos. Un caso en particular cobró notoriedad a fines de marzo cuando los habitantes Tu´un’savi (mixtecos) retuvieron contra su voluntad al alcalde de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio, para garantizar el pago de sus parcelas de amapola destruidas por personal militar.

El tema viene a mención porque da la casualidad de que ambas regiones -el Filo Mayor en Costa Grande y El Nudo Mixteco, en La Montaña- son las zonas con las mejores condiciones para la producción de amapola a todo lo largo de la Sierra Madre del Sur, área donde paradójicamente más de cien mil habitantes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, agobiados por el hambre y por el frío.

En ambas regiones se ubican las un mil 277 comunidades de la Sierra Madre que, de acuerdo con un registro satelital, son las que se dedican a la siembra y cultivo de enervantes. Es, pues, la extrema necesidad la que condiciona esta actividad para la cual el gobierno no ofrece ayuda de otra naturaleza, más que la política del garrote.

En cambio, como ya se anotó, se observa muy sospechosa la conducta de algunas entidades oficiales que, más que combatir el crimen, parecen interesadas en despejar el camino a grupos delincuenciales de nuevo cuño que, a todo lo largo de la esas zonas abruptas, han generado violencia y muerte entre las comunidades.

Aquí se impone una pregunta obligada: ¿a qué juega el gobierno federal?

About the author

Artículos relacionados

JOIN THE DISCUSSION