De Frente. Los motivos del gobernador Héctor Astudillo Flores

 

 

 

Por: Miguel Ángel Mata Mata

 

El fin de semana pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció un agresivo plan de austeridad para hacer frente a las nuevas condiciones económicas del país. Su estrategia, bien recibida por empresarios y amplios sectores de la sociedad, le ha sumado puntos, aunque el origen de la propuesta poco ha sido difundido y tiene que ver con dos cosas:

  • La corrupción en las últimas administraciones del gobierno de Guerrero y
  • El riesgo de que se caigan las remeses que envían cientos de miles de guerrerenses, que viven en Estados Unidos.

Astudillo reducirá, según se desprende de su discurso, en casi un treinta por ciento el gasto corriente de su gobierno, mediante la aplicación de un plan de veinte puntos que obligará al burocrático aparato del Poder Ejecutivo a amarrarse el cinturón.

¿Y los otros poderes? ¿Y los ayuntamientos? ¿Y los partidos políticos? ¿Cuándo reducirán en un treinta por ciento el costo de sus privilegios? Hasta ahora nada han dicho. Parecen sentados en una zona de confort que les convierte en ciudadanos de excepción privilegiados en un estado mayormente pobre cada día.

 

LOS MOTIVOS DEL GOBERNADOR

HÉCTOR ASTUDILLO FLORES

En su discurso el gobernador reveló algunas de las causas por las cuáles se ha tomado tan difícil decisión. “Recibimos una administración con un enorme gasto operativo, razón por la cual las participaciones y los ingresos propios han reducido el margen de maniobra que tiene el Poder Ejecutivo”, dijo.

“El enorme desequilibrio estructural de las finanzas públicas heredado, por alrededor de 23 mil millones de pesos, incide reiteradamente en la merma de las participaciones estatales, y con ello de manera inevitable se dispone de menores recursos líquidos a lo largo del ejercicio fiscal”, sostuvo.

“El año pasado, en el 2016, el Sistema de Administración Tributaria, conocido como el SAT, fincó un crédito fiscal por el orden de 4 mil millones de pesos, por el no pago de impuestos federales en administraciones pasadas y obligadamente se tiene que cubrir a lo largo del presente ejercicio. El SAT no perdona ni exime de deudas, es decir, tendremos más mermas a los recursos en las finanzas estatales”, informó.

“Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones a ejercicios anteriores, por un monto aproximado a los 7 mil millones de pesos, que en su momento también se habrán de traducir en presiones de pago hacia el propio titular del Ejecutivo del estado”, agregó.

“Esa es la razón, por ejemplo, de que no podamos suspender el pago a la tenencia vehicular, porque este pago es el más importante de los ingresos propios del gobierno del estado. Por ellos se recibe de la Federación, de los 300 millones más de pesos que ingresan por concepto de Tenencia Vehicular, alrededor de 600 millones de pesos más de participaciones federales”, dijo.

“Hay que recordar, vale la pena subrayar, señoras y señores, que en la medida de que un estado o un municipio recauda, la Federación otorgar mayores participaciones federales”, reiteró.

Y un último punto que es causa de la austeridad, esbozado por el gobernador: “uno de cada cuatro guerrerenses se encuentra en Estados Unidos”. Obvio es entender que en la misma proporción esos migrantes envían remeses para sus familias en nuestra entidad. La amenaza del nuevo presidente de Estados Unidos tendría efectos directos e inmediatos en una gran cantidad de guerrerenses.

 

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¿Y LOS OTROS PODERES?

Los otros poderes, Legislativo y Judicial, no han dicho cosa alguna. Al menos no lo han llevado a medios. Los ayuntamientos hacen cálculos electorales y, como en un boletín oficial lo ha dicho el de Acapulco, “nos uniremos a las familias provocando fuentes de empleo y vendiendo productos baratos” (sic).

Habrá que informarle a de Acapulco que los alcaldes no fomentan fuentes de empleo ni venden productos baratos. Esa parte no aparece entre las atribuciones que tienen de administrar honesta, eficiente y sin corrupción el erario municipal.

Por lo contrario, habría que recordarle que en plena etapa de crisis él ha ordenado la destrucción de calles nuevas en el primer cuadro de la ciudad para colocar adoquín.  El contrato de esta ofensa a la sociedad se lo dio a la empresa propiedad de su amigo Rafael Trani, sin licitación de por medio.

O que el mismo alcalde se dio el gusto de enviar a sus regidores amigos a un paseo por Madrid, España, en donde, por cierto, el municipio se vio obligado a pagar la atención médica de uno de ellos, quien sobrevivió a un ataque cardiaco.

 

COMPROMISOS PARA LA ESTABILIDAD

Y EL DESARROLLO DE GUERRERO

 

El compromiso de austeridad presentado por el gobernador contempla, entre otras cosas:

  1. Disminuir en un 30% el salario y la compensación del Gobernador del Estado; el 20% a los mandos superiores, y el 10% a los mandos medios del gobierno estatal central y paraestatal.
  2. Reducir los escoltas y choferes de los mandos superiores y cancelar éstos a mandos medios.
  3. Aplicar horario corrido para todo el personal, incluyendo mandos medios y superiores, así como congelar plazas vacantes.
  4. Poner en marcha el Programa de Retiro Voluntario.
  5. Vender los activos innecesarios, garantizando la transparencia del proceso mediante comités ciudadanos de vigilancia. Se someterá a la consideración del Congreso del Estado el listado de bienes que incluirán instalaciones, terrenos y vehículos.
  6. Cancelar el arrendamiento de aviones y helicópteros, aun cuando los de carácter oficial se encuentren en mantenimiento.
  7. Eliminar el pago de servicios de telefonía celular, gastos de representación y alimentación.
  8. Disminuir el gasto de gasolina en 30% y racionalizar los viáticos de los servidores públicos.
  9. Crear el Programa de Consolidación de Compras.
  10. Privilegiar el uso de medios electrónicos y/o magnéticos.
  11. Cancelar adquisiciones de vehículos nuevos, con excepción de las áreas de seguridad pública, protección civil y servicios médicos.
  12. Reducir el presupuesto de comunicación social en 30%.

 

La propuesta ha recibido el apoyo de Alejandro Martínez Sidney, líder de comerciantes en Acapulco, así como del representante de los tortilleros y de líderes de agrupaciones de transportistas, quienes se han comprometido a no aumentar precios ni tarifas, derivado de los estímulos fiscales que recibirán por parte del gobierno estatal.

Falta una postura pública de los presidentes municipales quienes, en su gran mayoría, hacen cálculos para reelegirse en el 2018 y son muchos los sectores que dudan que pongan en marcha programas similares en sus respectivos ayuntamientos. La mayoría de ellos son auténticos simuladores

 

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